El pasado 10 de mayo el marino raso Bruno Avendaño Martínez desapareció en Santo Domingo Tehuantepec, creando desde entonces un caso en el que se exhibe la indefensión en que viven las familias de las víctimas ante una Fiscalía con agentes ineficaces, inoperantes, que cometen fallas capaces de obstaculizar y nulificar investigaciones; las irregularidades han sido denunciadas ante cónsules, embajadas y funcionarios del gobierno estadounidense, preocupados por la situación de violencia en el estado de Oaxaca
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
La ineficacia de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno del Estado para investigar casos de desaparición forzada ha sido exhibida a nivel mundial, causando preocupación en el gobierno de Estados Unidos y en el de diversos países europeos, entre ellos los de España y Suiza, frente a cuyos cónsules y embajadores ha sido denunciada la desaparición del marino con grado de cabo Bruno Avendaño Martínez, ocurrida el pasado 10 de mayo en Santo Domingo Tehuantepec.
Ante la falta de respuesta de las autoridades locales Lukas Avendaño, antropólogo e intérprete internacional de danza, ha elevado la denuncia por la desaparición de su hermano al nivel internacional y al menos dos representantes del gobierno mexicano han enviado cartas diplomáticas a la Fiscalía estatal para solicitar que actúe con apego al Estado de Derecho.
“No es un asunto de activismo, es un asunto de hacer valer mis derechos y hacer valer el derecho a la vida, el derecho de Bruno a la existencia”, explica Lukas en entrevista para Real Politik.
A pesar de que en el estado tanto la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y el Comité de Familiares de Desaparecidos contabilizan 581 casos de desaparición de personas, las dos principales instancias de gobierno encargadas de atender este tema –la Fiscalía Estatal y la Secretaría General de Gobierno- siguen otorgando respuestas lamentables como la falta de presupuesto, de agentes para realizar búsquedas e incluso incapacidad para obtener evidencias que pudieran ayudar a esclarecer los casos.
De acuerdo con estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde 2007 se ha registrado en el país la desaparición del fuero federal de mil 161 personas que hasta el pasado 30 de abril permanecían sin ser localizadas.
Asimismo, del fuero común se contabilizan 35 mil 927 personas desaparecidas y no localizadas, por cuyos casos se iniciaron averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas entre 2007 y el 30 de abril del 2018.
Del fuero federal, Oaxaca es la sexta entidad en la que mayor cantidad de casos se han registrado. La lista la encabezan Guerrero, con 325; Veracruz, 207; Tamaulipas, 141; Michoacán, 54; Ciudad de México, 53; y Oaxaca, con 36, el 3% del total registrados en el país, mil 170.
Del fuero común, de acuerdo con el RNPED, en Oaxaca se han registrado 191 desapariciones, ocupando el lugar número 22 entre las entidades con más registros. La lista la encabeza Tamaulipas, con 5 mil 990 casos; 3 mil 890, Estado de México; 3 mil 362, Jalisco; y 2 mil 985 en Nuevo León. De acuerdo con el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), a pesar del número de denuncias por desaparición, en 10 años sólo se han dictado nueve sentencias condenatorias. El delito tiene una tasa de impunidad de más del 99%.
Segego, sin presupuesto
Pese a las demandas ciudadanas para que los estados realicen esfuerzos concretos y coordinados para atender las denuncias de desaparición de personas, en Oaxaca los pasos en este tema han sido nulos. El pasado 17 de abril venció el plazo que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas dio a las entidades para crear las comisiones Locales de Búsqueda, no obstante, como lo expuso el Congreso de la Unión, Oaxaca se encuentra entre los 24 estados omisos.
De acuerdo con el artículo 58 de la ley, estas comisiones deben contar como mínimo con un grupo especializado de búsqueda, encargado de solicitar a la Fiscalía Especializada que realice actos de investigación específicos sobre la probable comisión de un delito que puedan llevar a la búsqueda, localización o identificación de una persona. Las comisiones también deben contar con áreas de análisis de contexto, de gestión y procesamiento de información.
En Oaxaca, la justificación para la ausencia de la comisión local de búsqueda de personas desaparecidas fue: “no hay presupuesto”.
“No es posible que una instancia gubernamental dé por respuesta ‘no tengo presupuesto’ ‘no tengo infraestructura’, que es lo que nos dijo el secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud”, se queja Lukas.
“Se supone que la Fiscalía tiene la unidad especializada, pero ésta debe tener una parte que es la unidad de búsqueda. La ley dice que cuando el estado no tenga una unidad de búsqueda quien debe asumir la responsabilidad es la Secretaría General de Gobierno, que recae en Mafud Mafud.
“A él le llevamos un documento solicitando una búsqueda pronta, urgente, para la localización con vida de Bruno, eso a fines de julio. El 16 de julio no había respondido y mi hermana entregó otra vez un documento. Para el 6 de agosto no había respondido y hasta el 8 de agosto tuvimos una reunión con Emanuel Cabrera, responsable de la unidad especializada de la Fiscalía. Él nos mostró un documento que firmado por el departamento jurídico de la Segego, con fecha 7 de agosto, en síntesis decía que la Fiscalía se hiciera cargo de la petición por no contar con el techo presupuestal”.
La desaparición de Bruno
Bruno Alberto Avendaño Martínez desapareció el 10 de mayo de 2018 en Santo Domingo Tehuantepec, a donde llegó el 4 de mayo.
Los tres días previos a su desaparición, el 7, 8 y 9 de mayo se dedicó a limpiar por la mañana los terrenos de cultivo de su madre y después, a las 12 del día, a acompañar a un operador de volteo llamado Gregorio Chiñas. Después de ese trabajo volvía a casa, hasta el 10 de mayo cuando cambió su rutina. Ese día por la tarde se vería con su novia en la tienda Coppel.
“Mi madre en la tarde, cuando él no llegaba no se preocupó, pero a las 9 de la noche recibió una llamada de su novia, como había mucho ruido por los festejos del Día de la Madre, ella solo le dijo que se vinieran a la casa”, cuenta Lukas. Bruno no apareció.
El 11 de mayo al acudir a interponer una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Santo Domingo Tehuantepec, Jorge Reyes, se le negó este derecho.
“No toma la denuncia porque me dice que debo presentar mi acta de nacimiento, mi credencial de elector, acta de nacimiento de Bruno para cotejar el parentesco de quién estaba haciendo la denuncia, me citó a las 6 de la tarde, hasta las 8:30 me toman la declaración”, relata.
De acuerdo con el artículo 80 de la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas cualquier persona puede solicitar la búsqueda de una persona desaparecida o no localizada mediante denuncia, noticia o reporte. Tratándose de una denuncia, no se requiere su ratificación.
La Fiscalía estatal mostró la debilidad del Estado ante corporativos de la iniciativa privada. Al solicitar la videograbación del día en que desapareció Bruno, la empresa solo se negó a entregar la información. “De ahí se empiezan a generar una y otra vez los vacíos en la investigación”, apunta.
Búsqueda comunitaria
La búsqueda de Bruno se ha vuelto una labor comunitaria encabezada por su hermano Lukas, un antropólogo muxe con proyección internacional en las artes de la danza y el performance. Su trabajo lo ha llevado a presentarse en decenas de ciudades de Estados Unidos y Europa. Recientemente concluyó una estancia en la Universidad de California, EU, donde impartió un taller de danza. A partir de la exigencia de que su hermano aparezca con vida ha sufrido cada una de las fallas e irresponsabilidades del sistema de investigación de crímenes en Oaxaca, desde la intimidación de agentes de la Fiscalía hasta dependencias que carecen de recursos para imprimir una orden de búsqueda de una persona desaparecida y la desatención al protocolo homologado a nivel nacional en estos casos.
El 11 de mayo pasado, alrededor de las 7 de la mañana, organizó la primera búsqueda en el punto donde se quedó Bruno tras su jornal como cargador de un volteo, el paraje Los Manguitos, sobre la carretera Transístmica. Se buscó también en las cárceles municipales de San Blas Atempa y Tehuantepec. La búsqueda continuó hasta el 12 de mayo. Ese día, hasta las 17 horas la Fiscalía estatal no había desplegado ninguna brigada, por lo que la comunidad decidió bloquear el acceso principal a Tehuantepec, con la consigna de que se reúnan los diferentes niveles de autoridades para apoyar. El apoyo duró dos semanas, después, la Fiscalía regional argumentó que faltaban agentes para participar en la búsqueda.
Desde el 14 de mayo, de acuerdo con el relato de Lukas, comenzaron los “errores de dedo” de la Fiscalía Regional. El Ministerio Público giró un documento a los diferentes negocios que tienen cámaras de video cercanas al lugar donde presuntamente Bruno desapareció, “pero había un párrafo que decía ‘apercibiéndole´ que en caso de entregar las videograbaciones, será sancionado con 100 días de salario mínimo, es decir, la redacción está mal, en vez de que les digan que de no cumplir los multarán les dicen que ‘de cumplir’ los multarán”.
En una investigación de desaparición, un “error de dedo” puede cancelar la validez de todo un procedimiento, causando que éste deba reponerse, perdiendo tiempo valioso.
“Cuando le hago ver eso al licenciado Jorge Martínez Reyes me dice que es un error de dedo. Posteriormente veo un documento que gira a Oaxaca, donde cambia el nombre de Bruno, decía Bruno Alfonso Avendaño Ramírez, cuando mi hermano es Bruno Alberto Avendaño Martínez, cuando le hice esa observación me respondió otra vez que era un error de dedo”, señala Lukas.
Además, la ineptitud. El 14 de mayo Lukas y su familia se reunieron con el agente investigador René Avilés Hernández, quien al mostrar la sábana de llamadas realizadas al número de Bruno, aseguró que sus familiares habían tenido comunicación con él posterior a la denuncia de desaparición.
“Lo dice en presencia de mi hermana, de mi madre, nos dice que Bruno el 10 de mayo había tenido contacto telefónico con mi madre, lo desmentimos. Dijeron que el 11 de mayo había tenido contacto telefónico con mi hermano Juan, con mi tía Juana, también lo desmentimos, no fue sino hasta la primera semana de agosto que tuvimos una reunión con la Fiscalía General, con los agentes investigadores de la Unidad Especializada de Desaparición Forzada, cuando se nos dijo que (Avilés) no estaba capacitado para leer la sábana de llamadas y en realidad esas llamadas que supuestamente hizo Bruno a mi madre son las llamadas que mi madre le hizo a él.
“Mi hermana y mi madre salieron muy desmoralizadas porque incluso el agente nos decía ‘ustedes tienen que decirnos todo, no deben ocultarnos nada, ustedes también van a ser objeto de investigación, sus teléfonos van a estar intervenidos, nos pusimos en situación de criminalización, incluso ese día, me dijo ‘ha habido casos en los que la propia familia simula un secuestro para dañar la imagen de algún candidato’, venían las elecciones del 1 de julio, me hace sentir que realmente la desaparición de Bruno tenía tintes políticos.
“El 18 de mayo nos volvimos a reunir en la Fiscalía y nos dice que hay evidencias de que Bruno había sido visto en una toreada en Santa Rosa de Lima y que tenía fotos. Cuando nos empiezan a mostrar fotos mi hermana lo desmiente y le dice que esas fotos son anteriores a su desaparición y que se encuentran en las redes sociales de la familia”.
Vasconcelos, presionado internacionalmente
Al observar la incapacidad de la Fiscalía regional, la familia de Bruno solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca que atrajera el caso por medio de la Unidad Especializada en Delitos de Desaparición Forzada. La solicitud se hizo el 22 de mayo, pero fue atendida hasta un mes después, dada la presión del cónsul de México en Barcelona.
“Es la primera vez que entregó la queja a una instancia diplomática, fue el 21 de junio, señaló las inconsistencias, las omisiones, la no aplicación del protocolo homologado, la no aplicación de la ley para el caso de personas desaparecidas por particulares o desaparición forzada. Después, cuando regreso y revisó el expediente de Bruno, en la primera semana de julio, veo que la Fiscalía estatal en representación de Rubén Vasconcelos Méndez había recibido un documento el 22 de junio, vía el consulado de México en Barcelona, hasta entonces atrajo el caso”.
Después de eso, Lukas ha visitado diversas embajadas y consulados. El 25 de agosto fue a la embajada de Guatemala, después al consulado honorario de Berna, Suiza; a Buenos Aires, Argentina. Otros de sus familiares llevaron la queja a Berlín, Alemania, el 4 de octubre; el 5 de octubre, a Tokio, Japón; a Tucson, Arizona, el 2 de noviembre; y el 15 de noviembre estaba programada una visita al consulado de Los Ángeles, EU.
“En Guatemala se negaron a recibirme. En Japón también se negaron a recibirnos, también en Berlín, en Buenos Aires también se negaron a recibirnos pero una vez que nos apostamos en la puerta y obstruimos el paso a toda la gente que iba por un trámite, por pasaporte, por visa, nos recibieron.
“En Berna, Suiza, se negaron a recibirnos argumentando que es un consulado honorario, no era pagado por el gobierno mexicano. Por ello, nos enviaron a Zurich donde estuvieron en la mejor disposición de recibirnos, el embajador recibió el documento. Lo firmó, dijo que iba a enviar una carta diplomática a la FGEO pidiendo que el caso se esclareció”.
Solicitud de audiencia, sin respuesta
El 30 de agosto, el día que la ONU declara como Día Mundial de la Desaparición Forzada, Lukas y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Oaxaca entregaron una solicitud de audiencia dirigida al gobernador del estado, Alejandro Murat, en la que Héctor Anuar Mafud, el fiscal general Rubén Vasconcelos, Emanuel Cabrera, “estuvieran presentes todos con el fin de dejar de botarse la responsabilidad unos a otros. Hasta el día de hoy no han respondido esa petición de audiencia”.
“Me parece que estamos en un estado de indefensión la ciudadanía común para esclarecer un delito como una desaparición, por un lado, por otro el que desaparezcan elementos de la Marina también pone en indefensión la soberanía nacional, porque yo creo que la desaparición de uno de sus integrantes tendría que ser visto como un problema de seguridad nacional y no se está viendo así.
“Nosotros queremos la localización de Bruno y dos, que el Estado mexicano y las autoridades se pongan a la altura de las circunstancias, si no, yo no sé si haya posibilidad de que sean sujetos a una investigación, porque a un médico que comete negligencia con un paciente le retiran la cédula profesional, entonces estas personas que tienen que esclarecer un delito por qué no pueden ser sancionadas, quizá esto siente un precedente para que en otras experiencias la gente no se encuentre con esta demora para aplicar el protocolo, con la obstrucción de la justicia”.
