Zósimo CAMACHO
Realmente poco se sabe de los planes de Andrés Manuel López Obrador para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Dichos por aquí, contradichos por allá… Que si se creará o no una guardia civil; que si los cuerpos castrenses se convertirán en “ejércitos de paz”; que si serán reclutados 50 mil jóvenes para engrosar las tropas…
Lo cierto es que faltan piezas del rompecabezas que trae en mente el presidente electo. Tal vez no quiere soltar la bomba sin haber asumido formal y constitucionalmente el poder y sin que le hayan jurado lealtad los mandos superiores y las tropas de las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Es un hecho la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Se trata de una decisión que impacta fuerte en el ámbito castrense. Pero, si nos atenemos a la iniciativa que ya está cocinada y que sólo falta que la firmen y presenten algunos diputados federales del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no será el cambio más drástico que en breve experimenten las Fuerzas Armadas.
Contamos con copia de la primera iniciativa con la que los legisladores morenistas iniciarán la “democratización” de las Fuerzas Armadas. En el borrador del proyecto de reforma se establece que serán afectadas la Constitución y las leyes Orgánica del Poder Judicial de la
Federación; Orgánica de la Procuraduría General de la República; Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; el Código de Justicia; el Código Militar de Procedimientos Penales; la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y la Ley
Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.
Se trata de un decálogo de cambios profundos que, de concretarse, reconfiguraría todo el aparato militar y de defensa y seguridad nacionales (sin que entremos a analizar sus posibilidades de éxito o fracaso). Las reformas se traducirían en 10 cambios radicales en las tres Fuerzas Armadas Permanentes: Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México.
El primero, ya lo dijimos, es la desaparición del Estado Mayor Presidencial “y su sustitución por un cuerpo especial de protección” para el Presidente. El documento justifica tal disposición “para romper esa subordinación material del Ejecutivo a la élite militar, que hasta
la fecha le ha permitido fijar su propio límite en otorgamiento de privilegios por encima de la soberanía nacional”.
Un cambio que más resistencias generará es el segundo: la fusión de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire, en una única Secretaría de la Defensa Nacional. Además, al mando estaría un civil e incorporaría a expertos civiles, “libres de adoctrinamiento militar y por lo tanto sensibles a los problemas sociales y su relación con el tejido social”.
Ligado al anterior, el tercer cambio sería el de la creación del Estado Mayor Conjunto de las tres Fuerzas Armadas Mexicanas (Ejército, Fuerza Aérea y Armada). Se trata de “la decisión de otorgarle prioridad al concepto ‘conjunto’ para todas las políticas, estrategias y líneas de acción en la materia de defensa nacional”.
El cuarto cambio se refiere a la plena rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas “en tiempo y forma a la Auditoria Superior de la Federación”. Y el quinto, también ligado a la transparencia y rendición de cuentas, la “obligación del secretario de la Defensa Nacional de comparecer personalmente ante el Congreso de la Unión cada vez que se le requiera”.
Otro proceso difícil de aceptar por los militares sería el sexto cambio, ligado a la estructura jerárquica castrense. “Bajo el principio de austeridad republicana”, se buscaría limitar el número de altos funcionarios específicamente generales (de división, de brigada y brigadieres) y su equivalencia en las tres Fuerzas Armadas, “a los estrictamente necesarios”.
Para ello se requeriría de un proceso de reingeniería administrativa y operativa al interior de las Fuerzas Armadas, “revisando inclusive los grados jerárquicos estrictamente necesarios de acuerdo con las funciones orgánicas”. Se propone eliminar algunos grados militares como los de sargento segundo, capitán segundo, teniente coronel, general de brigada y general de división (con sus equivalencias en la Fuerza Aérea y la Armada).
Esta nueva forma de organizar a las Fuerzas Armadas eliminaría las actuales regiones y zonas militares. Los cuerpos castrenses operarían en “grandes unidades superiores (el equivalente a una división) al mando de un general (el grado máximo militar propuesto)”.
El proyecto de iniciativa de reforma señala que la actual concepción estratégica militar, organizada en zonas y regiones, “corresponde a la doctrina de la Segunda Guerra Mundial”.
Agrega: “actualmente estas regiones militares son figuras organizativas anticuadas dispuestas sólo para dar cabida a puestos de generales de división”.
También relacionado con las jerarquías y el proceso de escalafón, el séptimo cambio señala: “El otorgamiento de los grados militares más altos, es decir, los grados de coroneles y generales, deben estar contemplados en el sistema de ascensos por promociones”. Con ello se busca eliminar el sistema de ascenso actual por “Acuerdo Presidencial”. Explica que “esta figura ha dejado mucho que desear en cuestión de transparencia y valoración del talento”.
Un octavo cambio tiene que ver con la modernización de los cuerpos castrenses y la desaparición de armas completas, especialmente en el Ejército: “Considerando la evolución que han tenido los ejércitos en todo el mundo, debido al empleo masivo de tecnología, debe revisarse la funcionalidad del armamento y vehículos con que cuentan las Fuerzas Armadas, considerando la necesidad de equiparlas con vehículos y armamento moderno y ligero, ad hoc a los tiempos actuales y a la capacidad económica de la República, analizando si debemos seguir manteniendo aún las armas de Artillería, Blindados y Zapadores por una mera cuestión de tradición, tomando en cuenta el alto costo de mantenimiento y operación de algunos materiales, así como su poca o nula posibilidad de empleo efectivo para una situación bélica en los tiempos actuales”.
Incluso se señala la necesidad de “transformar todas las unidades de las Fuerzas Armadas en Batallones de Fuerzas Especiales y algunas aeromóviles”.
El noveno cambio impacta en la educación militar. De la cual se establecería “abrir todas las escuelas militares que integran la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, para dar oportunidad a la mayor cantidad de ciudadanos que decidan estudiar en estos planteles, sin disminuir los requisitos de ingreso, pero eliminando la obligación actual de que una vez graduado el estudiante permanezca en las Fuerzas Armadas el doble del tiempo de duración de los estudios (como pago por los recursos erogados por la institución militar)”. Agrega que, “dada la coyuntura de inseguridad que amenaza nuestra república, la licenciatura en administración militar que cursan los cadetes del Heroico Colegio Militar para egresar como subtenientes, podría adecuarse a licenciatura en seguridad pública o incluso impartirse ambas licenciaturas”.
Por último, el décimo cambio buscaría definir claramente las competencias que deben cubrir algunos funcionarios: “En una visión de eficiencia republicana, deben cuestionarse los perfiles de los altos funcionarios del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y del Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada (Banjército)”.
Argumenta que “siendo estas dos instituciones de características civiles y no militares”, no existe justificación para que el director del ISSFAM deba ser un general de división o almirante” y de igual manera no se justifica que el director general del Banjército deba ser un general o jefe.
¿Hasta dónde avanzará la “cuarta transformación” en las Fuerzas Armadas? Por verse si los militares se sujetan realmente a los civiles (aunque no les gusten los cambios); o si, con todo
y “los 30 millones de votos”, el nuevo gobierno decide mejor no meterse con los militares y dejarles sus parcelas en paz.
