A menos de 50 días de que tome posesión como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha cimbrado a los medios de comunicación con su propuesta de disminuir el 50% del gasto en publicidad oficial, que ha generado desde el despido de un centenar de trabajadores hasta la remoción de analistas críticos como José Woldenberg de las páginas de Reforma y de Carlos Marín de Milenio; la cuarta transformación del país abre la incógnita sobre si se abrirá una nueva etapa de autoritarismo sobre la prensa
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Críticas y pánico marcan la relación de Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación en su transición hacia la presidencia de la República. Por una parte, la insistencia del presidente electo de descalificar a sectores de la prensa con los que está en desacuerdo ha causado exhortos a que logre una postura congruente con su responsabilidad como próximo jefe del Ejecutivo y por otro, la austeridad republicana dirigida hacia los medios generó sismos de diversas magnitudes, desde los que implican despidos de un centenar de trabajadores hasta la reubicación de columnistas y la adopción de la periodista Carmen Aristegui, por quien el tabasqueño abogó para que regresara a un noticiario radiofónico para así lograr la “libertad completa y el derecho a disentir”.
Para el caricaturista Rafael Barajas, “El Fisgón”, el regreso de Aristegui a la radio en un noticiario de la cadena Radio Centro es una consecuencia directa del 1 de julio, de la elección en la que la ola López Obrador arrasó en las urnas. Si éste es benéfico, el tsunami trajo otros cambios, como la destitución de Carlos Marín como director de Milenio y la cancelación de las columnas en Reforma de Lorenzo Meyer y de José Woldenberg, este último colaborador del diario por 15 años. Estas decisiones, editoriales o financieras, no parecían tener vinculación directa con la toma de poder de López Obrador, hasta que se combinaron con un yerro declarativo.
El 18 de septiembre pasado, López Obrador reclamó las publicaciones que generó su declaración de que México se encuentra en bancarrota. En el aeropuerto de Guadalajara acusó que “la prensa ‘fifí’ saca de contexto las cosas” e hizo una petición a los periodistas: “quiero que sean autocríticos y que acepten que algunos medios de información se dedicaron durante estos 30 años a aplaudir y a callar y a obedecer, a quemarle incienso al régimen de un partido o de otro y ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis en México, que usé la palabra ‘bancarrota’ se me lanzan”. El calificativo y el reclamo, señalan especialistas en medios, periodistas y académicos, dejaron ver de nuevo una faceta autoritaria del político tabasqueño.
El episodio de la “prensa fifí”, señala Enrique Mandujano, coordinador académico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, es parte de “una larga trayectoria de confrontarse con medios que se han mostrado críticos”.
“Lo que ha mostrado a lo largo de su historia es que si no estás con él estás contra él”, asevera. Sobre el altercado agrega, “no creo que se haya sobredimensionado, es un término que es negativo, que es como una censura, tal vez como líder opositor o partidista no hay problema, pero al ser ya un jefe de Estado debe mostrar inclusión, porque él gobierna para quienes votaron por él, para quienes no votaron por él y para quienes no votaron y estos dos últimos grupos son mayoría».
Con este punto de vista concuerda el periodista Raúl Trejo Delarbre, articulista de La Crónica, autor de libros como Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y elecciones y Poderes salvajes. Mediocracia sin contrapesos. «Su conducta refractaria, tengo que decirlo con mucha elegancia, cuando no se dedican a transmitir lo que él dice o sus puntos de vista, creo que es explicable, todo personaje público quisiera encontrar más asentimientos que reconvenciones en los medios, pero como se trata de un personaje público destacadisimo y como ya está ejerciendo responsabilidades públicas creo que es preocupante la intolerancia del licenciado López Obrador hacia los medios de comunicación cuando no le son incondicionales».
Pánico
Cada año de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto superó entre 35% y 133% el gasto que legisladores aprobaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para publicidad oficial, erogando aproximadamente 55 mil millones de pesos en seis años. De esos recursos, en promedio 47% se destinó únicamente a 10 empresas. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió esta situación como anticonstitucional y ordenó crear una legislación que estableciera criterios racionales para la distribución del presupuesto destinado a medios de comunicación, el partido del presidente, el Revolucionario Institucional, respondió con la que fue calificada como “Ley Chayote”, que de acuerdo con la organización Artículo 19 y el centro de análisis Fundar “viola la libertad de expresión, de prensa y de información”.
La contrapropuesta de López Obrador ante el dispendio fue incluir la reducción del 50% en los recursos destinados a medios de comunicación entre los 50 puntos con los que respalda su proyecto de austeridad republicana.
El anuncio cimbró a diversos medios de comunicación. “La primera reacción ha sido de pánico y más que analizar cómo poder trabajar ante un recorte en el pago de publicidad, fue de apretarse el cinturón y siempre que se rompe el hilo se rompe por la parte más débil, siempre son los trabajadores, ya hay medios que han corrido a la mitad de su redacción. En Milenio hubo una serie de despidos, se habla de alrededor de 150 personas de Grupo Multimedios”, asegura Enrique Mandujano, maestro en periodismo político por la Escuela Carlos Septién García.
Entre esos cambios se fueron los ya mencionados José Woldenberg y Lorenzo Meyer, de Reforma y se anunció el regreso de Carmen Aristegui a la radio. Lo que los dueños de estos medios demuestran, subraya el entrevistado, “es que son empresarios y el empresario hace negocios con quien se pueda, más allá de la ideología. Los dueños de los medios estarían dispuestos a sacrificar o a hacer ajustes con la idea de mantener un nivel, un estatus de negocios, un nivel de ingresos y si para ello hay que sacrificar colaboradores, hay que cambiar la línea editorial, pues se hará”.
Hacen falta medidas más drásticas
Para Trejo Delarbre, docente titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, ante este anuncio el compromiso del próximo presidente de México debe ser mayor, incluyendo objetivos como evitar la simulación, establecer criterios racionales claros para el otorgamiento de publicidad oficial e incluso su cancelación absoluta.
“La publicidad oficial debiera ser cancelada absolutamente, no 50% como propone el presidente electo, sino al 0%, en vez de ello debiera haber un fondo que no equivaliera a más de la quinta parte de lo que es actualmente este gasto para apoyar, con reglas claras, nunca por más de dos años ni por más de 50% de sus finanzas, publicaciones de interés público, pueden ser publicaciones culturales o periódicos de calidad o de grupos específicos, étnicos, por ejemplo”.
Asimismo, respecto a la propuesta presidencial asegura que será determinante establecer reglas claras que eviten que los grandes corporativos de medios de comunicación mantengan la mayor cantidad de los recursos del Estado destinados a propaganda.
“Falta ver con qué reglas va a funcionar, si se va a mantener la misma proporción que hasta ahora, que casi 50% está destinado a 12, ahora 13 empresas, entre ellas grandes televisoras, pues entonces no hay cambio alguno, van a recibir menos dinero pero mucho más los grandes consorcios que el resto de los medios de comunicación. Una disminución del gasto al 50% no está mal, pero no es todavía lo que hace falta”, señala.
-Cancelar la publicidad e incluso disminuirla al 50% podría generar graves consecuencias para los medios de comunicación –se le plantea.
-Consecuencias tiene que haberlas, durante décadas la sociedad mexicana ha estado financiando sobre todo publicaciones impresas, que no interesan a la sociedad, que no circulan, que tienen tirajes brevísimos y es tiempo de acabar con esta simulación y me hago cargo de que esto implicaría la desaparición de muchos periódicos y revistas.
Creo que esto es una medida que ya tiene que asumir la sociedad mexicana y que tiene que enfrentar cualquiera que sea el gobierno, me temo sin embargo que el gobierno no va a querer enemistarse a ese grado con los medios de comunicación y que va a hacer de la publicidad, igual que los gobiernos priistas, igual que los gobiernos panistas, el gobierno de López Obrador va a hacer de la publicidad un instrumento de control y de presión política.
Colofón: breve y significativa aclaración
Ricardo Reyes, coordinador del proyecto de Derecho a la Información, de Artículo 19, hace una aclaración pertinente sobre el proyecto lopezobradorista de disminuir la cantidad de dinero que se destina al pago de publicidad oficial. El recorte se plantea sobre los recursos establecidos por el Poder Legislativo, no sobre la erogación final que hizo Enrique Peña Nieto. En 2016, por ejemplo, el Ejecutivo federal gastó en promocionar acciones de gobierno 10 mil 698 millones de pesos, pese a que solo tenía autorizados 4 mil 580 millones; el rebase presupuestal fue de 133.5%. Para 2017, diputados disminuyeron el dinero etiquetado para comunicación social a 3 mil 564 millones de pesos, pero el presidente nuevamente movió su disponibilidad hasta romper su récord y gastar 10 mil 725 millones de pesos.
“Seguramente va a haber mucha resistencia de los medios de comunicación a que se baje tan drásticamente el presupuesto, pero creo que es necesario, y hay que hacer una precisión, probablemente en este sexenio se van a gastar 60 mil millones de pesos en publicidad, pero la propuesta de Andrés Manuel es que el 50% menos va sobre el presupuesto aprobado, no el ejercido, es decir no van a ser 5 mil millones, sino alrededor de mil 800 millones de pesos, el tema aquí es que aún hay que ver cómo sale la nueva ley”.
