Las víctimas en Oaxaca tienen menos derechos que los criminales. Viridiana Monserrat García Robles fue asesinada el 19 de octubre de 2012 por Édgar Fabián Martínez Carmona, su ex pareja sentimental, el padre de su hija, quien lleva seis años sin sentencia, con privilegios en prisión, con más derechos que la familia de la víctima, que ha conocido paso a paso la ineptitud, lentitud y burocratismo del Poder Judicial, así como la falta de apoyos de un Estado que no cuenta con las mínimas condiciones para atender a las mujeres violentadas y que deja en total abandono a los pequeños que quedan en la orfandad
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
El expediente 104/2016, otra carta de impunidad eternizada en Oaxaca. Viridiana Monserrat García Robles fue asesinada el 19 de octubre de 2012 por su pareja sentimental, el padre de su hija, Édgar Fabián Martínez Carmona, que gracias a los huecos del sistema legal que da más garantías a los criminales que a las víctimas, a la alta burocracia del Poder Judicial de Oaxaca y a la falta de apoyos de las autoridades estatales mantiene aún, seis años después del crimen, el carácter de presunto.
“Han sido seis años de agonía”, dice Ana María Robles, madre de Viridiana, quien ha sufrido el viacrucis institucional para exigir una justicia que no llega.
Una escena de horror
Viridiana trabajaba en la vicefiscalía para adolescentes. Édgar vivía “de las migajas que le daban sus padres”. Él era un nini, ella una joven abogada. Vivían juntos hasta que nació su hija, cuando empezaron las responsabilidades empezaron los problemas. Se separaron y empezó el acoso. Llamadas incesantes, celos, persecución, escenas en el trabajo de Monserrat. En dos ocasiones un guardia de la fiscalía tuvo que sacar al hombre por la fuerza de la oficina para detener un escándalo.
La madre de Monserrat mantenía una relación estrecha con Édgar, a quien defendía en un caso de agresión. A él y a su padre los golpearon durante una fiesta en el Club de Leones, por lo que iniciaron una denuncia que ella llevaba como abogada.
“El día de los hechos me marca a las nueve de la mañana, me pregunta ‘suegra, cómo está’, me dijo que quería platicar conmigo porque lo estaba buscando el abogado de ‘los gemelos’, quienes lo agredieron a él y a su padre, le dije ‘diles que me busquen a mí para llegar a un acuerdo’. Seguí arreglándome y cuando bajé escuché a mi hija que seguía discutiendo con Édgar, le dije, ya déjalo, apaga el teléfono”, cuenta Ana María.
Tras pedirle a Monserrat que colgara, que se encerrara en su casa, salió para acudir a una reunión de trabajo. Para Monserrat era un día de asueto por el Día del Empleado. Édgar insistía en que llevaran a la niña a vacunar al Seguro Social. Monserrat estaba molesta porque un día antes Édgar llamó a su madre para hacer una ‘broma’. Le dijo que lo iban a asaltar, que estaba cerca de su casa, que lo dejara entrar. Nunca apareció.
“Salí, me abrazó. Édgar continuaba marcando, me hizo como unas diez llamadas, que dónde estaba, que cómo iba, ahora veo que me estaba vigilando, estaba midiendo los tiempos, también le marcó a mi hija menor para preguntarle dónde estaba, ella le dijo que en la oficina, luego le marcó a mi otra hija, la que trabaja en los penales, la más susceptible de llagar a mi casa era yo porque no tenía un horario específico.
“Él seguía marcando, me decía que le había marcado a Monserrat, que no le contestaba, era obvio que no le contestaba porque ya la había matado”.
Las pruebas y el viacrucis
“No sé cómo llegué a casa. Llegué a mi casa y me encontré con una escena de horror, porque la mató de 47 puñaladas y le cortó la garganta. Mi hija le pidió perdón, le dijo que la dejara vivir por la niña, pero él no tuvo clemencia. Desde ahí han sido seis años de tocar puertas, de largas diligencias, de prevalecer las garantías de él, porque tenemos leyes garantistas, pero para las víctimas no hay”, denuncia Ana María.
Las pruebas son contundentes. En la escena del crimen se encontraron huellas dactilares, sangre de Édgar e incluso hubo vecinos que lo vieron salir de la casa, caminando en los alrededores.
“Después de cometer el hecho se lava, se asea donde estaban las mamilas de la niña, mi hija lo ve salir el día de los hechos. Él hasta ahora no ha desvirtuado uno solo de los señalamientos, él se dice víctima, se dice inocente. Son seis años de litigio, sus abogados llevan una defensa pasiva, se han dedicado a desahogar las pruebas, a no asistir a las diligencias, si de por sí es deficiente el servicio en los juzgados si no llegas a la diligencia se pospone otro mes, si el secretario está de vacaciones se pospone otro mes”, señala Ana María.
Además, discriminación y ofensas. Además de la dilación en la impartición de justicia, falta de sensibilidad, la poca noción de conocimiento de género por parte de las autoridades, las madres víctimas de feminicidios, denuncia Ana María, sufren acoso y ofensas, “cuando llegamos a los juzgados nos ven como ‘ahí vienen estas’, otra vez, las guerristas, las molonas, las lloronas”.
Además, la burocracia. El expediente de este caso de 2012 a 2016 se llevó en el juzgado séptimo de lo penal, que desapreció al entrar en vigencia el nuevo sistema de justicia. Los expedientes fueron divididos entre los juzgados quinto y segundo penal. El proceso de reconocimiento de los nuevos casos llevó más de un año.
Vacíos institucionales
El asesinato de Monserrat ha revelado además de la lentitud del sistema de justicia, la falta de respaldo institucional hacia víctimas de feminicidio, principalmente para las niñas y niños que quedan en la orfandad.
“En Oaxaca no hay una ley que proteja a los niños que quedan en la orfandad, a mí se me quedó una niña de un año con una enfermedad degenerativa, con acidosis tubular han sido seis años de especialistas, de cirugías, de caminar y caminar, sí soy abogada, soy jubilada del Gobierno del Estado, todo lo que tenía lo he invertido en ella, es una niña grande sana, sigo con el juicio, la ley dice que no podemos vulnerar los derechos de ellos, ¿pero y los de los niños?”
La ley, continúa, “tiene un vacío brutal porque nunca se consideró a los niños en el tema de feminicidio, son niños que no pidieron que les mataran a sus mamás. El estado no ha volteado a verlos, a ninguno, en Oaxaca a ninguno, esa ha sido una de nuestras exigencias como grupo, tanto así que en la primera sesión ordinaria que se tuvo con motivo del comité para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer se presentó un escrito al señor gobernador donde se pedía que se atendiera a los niños, que se copiara el modelo que tiene Guadalajara, que ya atienden a los niños en orfandad”.
Estos vacíos fueron expuestos ante el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, con quien Ana María y el grupo de madres víctimas de feminicidio se encontró en la primera audiencia pública de este sexenio, en la que el jefe del Ejecutivo ordenó a la entonces secretaria de la Mujer, Miriam Liborio, que atendiera al grupo de madres.
Otro de los vacíos en el estado para atender a las mujeres víctimas de violencia, es la falta de un refugio. “El estado adolece de eso, es un motivo que llevó a la declaratoria de alerta de género, no se tiene ni la perspectiva de género ni la sensibilidad para atender estos temas, no tenemos un refugio para mujeres.
“El único que tenemos está en un pleito legal. El CEJUM tiene un refugio de 72 horas y cuando una mujer sale con motivo de violencia de su hogar no va estar nada más tres días refugiada, cuando el varón la anda buscando no va a descansar hasta matarla, qué es lo que se requiere, un refugio donde pueda estar tres cuatro meses en lo que regresa a su vida cotidiana, en lo que se puede llevar a cabo el proceso penal o se puede emitir una medida cautelar”.
Édgar rehízo su vida
En este caso hubo “una pizca” de justicia debido a que Ana María trabajó 30 años en la Fiscalía de Justicia. Gracias a la intervención de Héctor Joaquín Carrillo, se ejecutó una orden de aprehensión contra Édgar, que se encontraba prófugo.
“Al angelito su mamá lo tuvo escondido, su mamá lo paseaba, lo tuvieron escondido con los tíos y cuando a él lo detienen ella lo acababa de llevar a Baja California con un familiar, lo detectamos en el aeropuerto, ella lo lleva un miércoles, lo detienen un viernes 27 de septiembre de 2013”. Sin el vínculo entre la Fiscalía y Ana María, quizá seguiría libre.
“Para poder aprender a feminicidas se necesita de recurso económico, dinero, porque hay que hacer traslados, por el tipo de investigación que se requiere y la Fiscalía muchas veces no lo tienen”, asegura.
En prisión, en Santa María Ixcotel, Édgar rehízo su vida. Le permiten ser excarcelado para recibir atención médica, cuenta con los mejores aparatos para hacer ejercicio, tiene celular… y encontró una pareja, una trabajadora de servicio social con quien procreó dos hijas.
“Hasta hace tres meses el juez autorizó que lo excarcelen. Cada diligencia se vuelve una agonía, él está bien bañadito, bien rasuradito, cambiadito y ahora como siempre practicó el gimnasio, más robusto que antes, está en una zona privilegiada en el penal, tiene gimnasio, lo excarcelan para que reciba atención médica, ellos nunca voltearon a ver a mi niña.
“Ella ha recibido atención del nefrólogo, dermatólogo, terapeuta, alergólogo, otorrino, alergólogo, ortopedista, y al señor cuando le duele el estómago o le duele la garganta inmediatamente lo trasladan a la clínica, ¿dónde quedan los derechos de la niña? No queremos dinero, cuando vamos a tocar pues no vamos con el afán de que nos den dinero para mantenerlos, pero el Estado tiene obligación, así como tiene un recurso para mantener a presos debe tener una partida presupuestal para este tipo de delitos, no lo digo yo, lo dice Inmujeres, lo dice la ONU”.
Ante estas preguntas, estas demandas, ni en el Poder Judicial ni en el Legislativo o el Ejecutivo hay respuestas. El viacrucis se recorre en la mayor parte en solitario.
“Él ya rehízo su vida. A la niña qué le digo ahora, qué le explicó cuando hace tantas preguntas, han sido seis años de agonía, hay que hacer algo para que otras madres no sufran esto”.
Propuesta de AMLO, benéfica
El pasado 6 de octubre Ana María Robles estuvo presente en el Foro Escucha Oaxaca por la Pacificación, que dirigió Loretta Ortiz, coordinadora de las consultas y futura directora de la Unidad de Seguridad Humana de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que entre las propuestas para lograr la paz se encuentra la federalización del delito del feminicidio.
“Aplaudo la propuesta, ojalá y sean atraídos todos los casos de feminicidio, porque a nivel federal las víctimas sí se les apoya con los mejores abogados y los mejores peritos, aquí estamos en pañales, aquí apenas se está capacitando a los peritos en el protocolo de Estambul”.
En Oaxaca, el caso de su hija será juzgado por Armando Lustre, “él llevó algunos asuntos de feminicidio, como el de Leslie Willson, donde hubo unos autos de libertad, eso nos preocupa mucho pero espero que considere que los elementos que presenté son suficientes para dictar una sentencia condenatoria”.
