Con la propuesta de desaparecer las delegaciones que las dependencias federales tienen en todo el país y crear en su lugar coordinaciones estatales, el próximo Presidente de la República pretende centralizar el poder y crear un arma para contrarrestar la influencia de los gobernadores. De esta forma, el político tabasqueño dará vida a una nueva élite política a la que dotará de recursos multimillonarios para establecer una autoridad paralela a la de los mandatarios; ello sin embargo, podría poner en riesgo el correcto funcionamiento del sistema político del país, alertan empresarios y analistas. En Oaxaca, la designada es Nancy Ortiz Cabrera, una ex perredista de bajo perfil y sin capital político, hechura de Armando Contreras y Salomón Jara
David Méndez
Desaparecer las delegaciones federales de gobierno en las 32 entidades del país y crear, en su lugar, 32 coordinaciones estatales es una medida que debilitará los equilibrios y contrapesos entre los gobiernos estatales y municipales con la Federación, pondrá en riesgo el correcto funcionamiento del sistema y dará vida a una nueva élite política, cuyos integrantes se convertirían en los nuevos virreyes y vicegobernadores de México, coincidieron analistas y representantes de la iniciativa privada.
De concretarse el proyecto impulsado por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, los coordinadores, al disponer al 100 por ciento de los recursos de programas y proyectos federales, acumularían el mismo o incluso más poder que un Gobernador, pues además de ejecutar el erario puesto a su disposición, se encargarían de vigilar a los propios mandatarios, advirtieron.
Tal sería su influencia, que en los 28 estados que en 2019 no serán gobernados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los modernos virreyes, durante los próximos seis años, tendrán la posibilidad de tejer las redes de clientelismo y capital político necesario para ascender al poder, alertaron.
En la actualidad, analizaron, ningún delegado federal, a no ser que tenga la anuencia y el apoyo estructural de su partido, puede construir las bases requeridas para posicionar su imagen entre el electorado y catapultarse a un puesto de elección popular, pues se tratan de espacios que en el ámbito político son considerados como “premios de consolación” para militantes afines al gobierno federal.
No obstante, con el panorama planteado por Morena, los coordinadores estatales dispondrían de recursos multimillonarios que, en el caso de Oaxaca, ascenderían a más de 30 mil millones de pesos anuales –según el Presupuesto de Egresos 2018 de la Federación–, con lo que podrían manipular las carteras de Desarrollo Social, Salud, Educación, Agricultura, Caminos y Carreteras, entre otros rubros socialmente prioritarios.
“Cada coordinador estatal serviría de enlace entre el gobernador del estado y el gobierno federal, y de facto se convertiría en la autoridad rectora de la aplicación de recursos e implementación de los programas federales”, señaló, al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Si bien aquel sindicato de empresarios consideró como viable la propuesta de eliminar la figura de delegados, subrayó que la designación de coordinadores estatales no es “la solución pertinente a la problemática de la corrupción y a la aplicación deficiente de los fondos federales” sino que la medida regresaría a México a un régimen centralista.
La organización, que presume de tener una membrecía de 36 mil empresas y ser “responsable” de generar el 30 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, remarcó que los nombramientos supondrían una involución en la solidez del sistema federal.
Virreyes, un peligro
De manera particular, Coparmex manifestó su preocupación por la intención de López Obrador de delegar en los nuevos coordinadores las acciones de seguridad emprendidas por el Gobierno Federal, “lo que pondría en riesgo la cadena de mando en las autoridades militares y la eficacia del mando único del gobernador sobre las fuerzas armadas”.
El organismo, que durante el pasado periodo de campañas fue uno de los más severos críticos del representante de Morena, resaltó que responsabilidades tan disímbolas como impulsar la agricultura o normar las comunicaciones, mejorar la operación aduanera y la calidad de los servicios de salud, o enfrentar los retos de la seguridad pública y promover las actividades culturales, requieren de conocimientos y competencias muy diversas, que no se encuentran en una sola persona.
Para el periodista Javier Pizarro, la Constitución Política de México fija con precisión los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación y los tres órdenes de gobierno, por lo que, a pesar de haber ganado con el 53 por ciento de los sufragios el pasado proceso electoral y de contar con mayoría en el Congreso de la Unión para aprobar cualquier tipo de reformas, López Obrador no debe nombrar de manera unilateral a los personajes que se harán cargo de aquellas coordinaciones, pues, en todos los casos referidos por el tabasqueño, se trata de políticos que compitieron por las gobernaciones de los mismos estados o, bien, de dirigentes estatales, diputados o senadores electos.
“Políticamente, es un grave error, una versión paralela a las que hacían el PRI y el PAN (con los delegados federales). Ciertamente los coordinadores estatales de AMLO no recibirán sueldos iguales a los delegados, pero sí prebendas políticas similares”, sostuvo el comunicador.
El analista, historiador y escritor, Lorenzo Meyer, consideró que la determinación del virtual presidente electo gira más en torno a intereses políticos que económicos.
Consideró que desaparecer las delegaciones tiene una “lógica” de ahorro, pero también de una concentración de poder: “Es un reforzamiento del gobierno federal frente al Gobernador de cada estado”, apuntó.
Ni un peso de la Federación
De acuerdo con el proyecto presentado por el virtual presidente electo, los coordinadores tendrán la misión de supervisar la correcta utilización de todos los recursos que aporte el gobierno federal a cada estado, salvo las Participaciones, que son recursos propios de las administraciones locales.
Es decir, el seguimiento a los recursos de los ramos 33, Aportaciones federales, o 23, Provisiones Salariales, será hecho en tiempo real por los emisarios de López Obrador a afecto, según se establece, de constatar la puesta en marcha de los proyectos para los que fueron aprobados.
Actualmente la revisión del buen uso de los dineros la hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero con un año de retraso.
Además, el erario destinado a todos los programas sociales y proyectos de inversión que hasta hoy controlan las delegaciones federales, pasarán a manos de los “vicegobernadores” –como también los nombró el periodista Salvador García Soto–.
“Cada peso que baje de la Federación a las entidades pasaría a través de los coordinadores estatales de Andrés Manuel. Así dichos coordinadores le rendirán cuentas a la Presidencia de la República, serían un arma para el próximo mandatario para negociar el Presupuesto de Egresos”, señala, a su vez, un artículo divulgado por el diario Vanguardia.
En este momento, existen hasta 20 delegaciones de dependencias federales en cada estado de la república, añade la publicación.
¿Qué son?
De acuerdo con el Artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), cada secretaría y dependencia del Estado puede contar con delegaciones federales para asegurar que los trámites y funciones que les competen puedan ser llevadas a cabo, ya sea por estado o por regiones que abarquen más de una entidad.
Bajo el argumento de disminuir la burocracia, el virtual presidente electo ha propuesto una reforma a la Ley de Administración Pública que elimine a los delegados federales y los sustituya por coordinadores estatales, que serían designados por el ejecutivo y concentrarían las funciones en una persona por entidad.
De esta manera, López Obrador señaló que el Gobierno federal podría ahorrar miles de millones de pesos, pues consideró que los delegados federales «ganan salarios estratosféricos».
Personas de dudosa reputación
El pasado 11 de julio, en conferencia de medios, el fundador de Morena hizo públicos los nombres de los 32 personajes que a partir del primero de diciembre fungirán en tales cargos.
Por Aguascalientes, fue designado Aldo Ruiz Sánchez, ex presidente del Comité Estatal de Morena; por Baja California, a Jaime Bonilla, actual dirigente de aquel instituto político; por Baja California Sur, a Víctor Castro Cosío, ex presidente municipal de La Paz por el Partido del Trabajo y candidato perdedor a la gubernatura de la entidad en 2015.
Por Campeche, aparece Katia Meave, ex delegada del Comité Directivo Estatal de Morena en Yucatán, acusada de manejos irregulares en el otorgamiento de candidaturas; por Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejo, otro líder estatal, quien según la prensa local, se encargó de gestionar los acercamientos entre el partido de López Obrador y militantes del Partido Verde, incluido el gobernador, Manuel Velasco.
A su vez, Juan Carlos Loera, hará lo propio en Chihuahua, donde, como dirigente, fue señalado de imponer como candidato a su tío, Gustavo de la Rosa Hickerson; en la Ciudad de México, la designada fue Cristina Cruz, ex precandidata a la jefatura de gobierno en competencia con Claudia Sheinbaum; Reyes Flores se encargará del estado de Coahuila, donde se desempeñó como abogado de Morena y, actualmente, es senador suplente electo.
Por colima aparecen dos propuestas: Indira Vizcaíno y Alejandro Álvarez Fernández; por Durango, Guillermo Enrique Novelo Solís; por Guanajuato, Mauricio Hernández, y por Guerrero, Amílcar Sandoval.
En Hidalgo, fue nombrado Abraham Mendoza, líder de Morena y quien fue señalado por militantes de su partido de establecer una alianza con Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y líder del llamado “Grupo Universidad”, quien renunció al PRI después de décadas de militancia.
En Jalisco hará lo propio el candidato perdedor a la gubernatura de la entidad, Carlos Lomelí, sobre el que recaen diversas investigaciones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado; en el Estado de México, fue nombrada Delfina Gómez, quien en 2017 perdió las elecciones gubernamentales ante Alfredo del Mazo, primo del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Por Michoacán aparece Roberto Pantoja; por Morelos, Rabindranath Salazar; por Nayarit, Miguel Ángel Navarro; por Nuevo León estará la ex diputada, ex senadora y ex consejera nacional del PAN, Blanca Judith Díaz Delgado; por Puebla, Rodrigo Abdalá, quien fue secretario particular del senador Manuel Bartlett desde 2012 y alcanzó una diputación por la vía proporcional en 2015 por Morena.
En Querétaro desempeñará el cargo Gilberto Herrera Ruiz; en Quintana Roo, Arturo Abreu Marín; en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza; en Sinaloa, Jaime Montes Salas; en Sonora Jorge Taddei, quien se desempeñó como coordinador de campaña al Senado de la República de la periodista Lilly Téllez; por Tabasco, Carlos Merino; por Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, cuñado del actual gobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca.
En Tlaxcala estará la ex priista Lorena Cuéllar; en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara; en Yucatán, el ex panista Joaquín Díaz Mena y en Zacatecas, Verónica Díaz, secretaria particular del actual senador David Monreal, hermano de Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y quien se perfila como coordinador de senadores de Morena en la próxima legislatura.
Las virreina de Oaxaca
Criticada por diversos actores, sobre todo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por su “escaza” experiencia en la función pública y por sus “polémicos” antecedentes políticos, la actual presidenta estatal de Morena y ex perredista, Nancy Ortiz Cabrera, fue designada como coordinadora del gobierno federal en Oaxaca.
Originaria de San Juan Bautista Cuicatlán, dos veces candidata perdedora a puestos de elección popular; primero, como aspirante a la alcaldía de su pueblo como abanderada del PRD y, luego, como representante de Morena a una diputación federal, Ortiz Cabrera es conocida por sus vínculos con el exlíder del Consejo Estatal de aquel instituto político, ex cabecilla de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y ex militante del PRI y PRD, Armando Contreras Castillo, personaje que en 2014 operó la incorporación de la hoy lideresa.
Después de haber perdido en junio de 2015 las elecciones por la diputación federal del distrito dos, con cabecera en Teotitlán, un acuerdo entre su padrino político, Contreras Castillo, y Salomón Jara, actual senador electo, le permitió a Nancy Ortiz, cinco meses después, llegar a la dirigencia estatal de Morena, en sustitución de Luisa Cortés García.
A lo largo de su carretera en Morena, Ortiz ha sostenido múltiples desencuentros con la militancia. De hecho, durante su presentación en 2015 como candidata a la diputación, fue abucheada por ciudadanos de la región de la Cañada, aun con la presencia de Andrés Manuel López Obrador.
Antes, durante su carrera como perredista, Ortiz Cabrera se desempeñó en Oaxaca como secretaria de Equidad y Género y se identificó con la tribu Izquierda Democrática Nacional (IDN), corriente creada por el ex secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, conocido como el Señor de las ligas.
También creó vínculos con el ex líder de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, fundador de Comuna-Oaxaca, organización a la que la virtual coordinadora pertenecía al momento de llegar a Morena.
“Que Nancy Ortiz, presidenta de Morena y próxima virreina de Oaxaca, nos vaya mostrando credenciales que le acrediten capacidad para el manejo de todos los programas federales”, publicó en Twitter el pasado 24 de julio, el muratista Moisés Molina, ex delegado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“La única credencial que requiere @NancyOrtizOax para ostentar su futuro cargo es el dedo de #AMLO, nada más que eso! Es parte de la 4a transformación”, reviró el ex presidente municipal de Santa Cruz Amilpas, Miguel Quintana, uno de los operadores del ex gobernador, UIises Ruiz Ortiz, durante el conflicto político social de 2006.
El único cargo como servidora pública de mediano rango que ha ostentado la dirigente de Morena se remite al periodo 2010-2014, cuando se desempeñó como coordinadora de los Módulos de Desarrollo Sustentable de la región de la Cañada, por órdenes del entonces mandatario Gabino Cué Monteagudo, cercano a Salomón Jara y Flavio Sosa Villavicencio.
Durante su estancia en el cargo, Ortiz fue acusada de desvío de recursos por habitantes de Teotitlán de Flores Magón y Cuicatlán, quienes afirmaron que la funcionaria incumplió en 2013 con la entrega de 2 millones 600 mil pesos para la ejecución de 20 proyectos.
En 2011, fue señalada de ser propietaria de al menos un mototaxi pirata y de patrocinar protestas y tomas del Palacio Municipal de San Juan Bautista Cuicatlán, apoyada por el Movimiento Unificador de Lucha Triqui (Mult).
En la ficha que Morena divulgó sobre los antecedentes de la lideresa no aparece su perfil académico.
Políticamente, dos de sus aliados, Salomón Jara Cruz y Flavio Sosa Villavicencio, son personajes vinculados estrechamente con el ex gobernador José Murat, quien, durante su mandato (1998-2004), según datos hemerográficos, financió a las organizaciones que ambos lideraban.
El actual gobernador de Oaxaca e hijo de José Murat, Alejandro Murat Hinojosa, fungió como testigo durante el enlace matrimonial de la hija de Jara Cruz, un escándalo divulgado durante las campañas políticas de 2016 y que intentó ser matizado por el dirigente morenista con el argumento de que el hoy mandatario era un invitado de la familia del novio.
En el mismo 2016, una polémica distanció tanto a Nancy Ortiz como a Salomón Jara del grupo de Armando Contreras, debido a que los primeros fueron acusados de interponer de manera tardía un recurso de impugnación en contra del triunfo de Alejandro Murat en los comicios estatales, en un acto posiblemente premeditado con tal de beneficiar al priista.
Desde entonces, ha trascendido, sin que ninguno de los actores involucrados lo acepte, la existencia de un pacto de impunidad entre los líderes de Morena y la familia Murat. A tal acuerdo, se habría sumado el equipo de Gabino Cué, sobre el que recaen acusaciones por el desvío de 30 mil millones de pesos, sin que, hasta el momento, la actual administración haya procedido en su contra.
Voces al interior del PRI afirmaron a este medio que tanto el actual gobernador como su padre, operaron a favor de Andrés Manuel López Obrador durante las pasadas elecciones del primero de julio.
