En 15 meses, la actual administración gubernamental adquirió deuda por un monto de 5 mil 800 millones de pesos, que representa prácticamente el 40 por ciento de los pasivos contraídos durante los seis años de gobierno de Gabino Cué Monteagudo, que ascendieron a 14 mil 820 millones de pesos. En promedio, durante cada mes que ha transcurrido del actual gobierno priista, la Secretaría de Finanzas ha solicitado y gastado 386.6 millones de pesos emanados de financiamientos bancarios. De continuar con ese ritmo, al término del actual sexenio, los préstamos habrán alcanzado la cifra récord de 28 mil millones de pesos
David Méndez
En 15 meses, el gobierno de Alejandro Murat adquirió deuda por un monto de 5 mil 800 millones de pesos a través de diversos tipos de financiamientos obtenidos por medio de la banca pública y privada.
Tal cantidad de recursos representa el 39 por ciento del endeudamiento que contrajo el gobierno de Gabino Cué Monteagudo durante los seis años de su gestión (2010-2016) y que ascendió a 14 mil 820 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Finanzas (Sefin) consultadas por Real Politik.
A diferencia de la pasada administración, que adquirió la mayoría de sus pasivos a largo plazo, el actual gobierno estatal, obligado por una parte por la Ley de Disciplina Financiera, ha solventado, en menos de 12 meses, 77 por ciento de los créditos obtenidos, aunque, para ello, ha distraído recursos que pudieron haber sido utilizados en inversión pública o en la adquisición de medicamentos en el sector Salud.
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En promedio, durante cada mes que ha transcurrido del actual gobierno priista, la Secretaría de Finanzas ha solicitado y gastado 386.6 millones de pesos obtenidos a través de financiamientos.
A ese ritmo, al término de los seis años del actual gobierno, Sefin habrá solicitado préstamos por 27 mil 840 millones de pesos, el doble de la deuda contraída por el gobierno de Gabino Cué.
Si bien es cierto que la Ley de Disciplina Financiera le impide al estado obtener en un solo año créditos de tales proporciones, las autoridades sí puede solicitar préstamos menores, pagarlos y solicitar más financiamiento sin ningún tipo de límite.
Historial de dudas
Únicamente en el primer año de su gobierno, Alejandro Murat contrató créditos a corto plazo por 4 mil 600 millones de pesos, por los que hoy todavía adeudan mil 67 millones de pesos.
Doce días después de haber comenzado su gestión, el hijo del ex gobernador José Murat, obtuvo, el 13 de diciembre de 2016, un financiamiento de 2 mil millones de pesos a través del banco Interacciones bajo el tipo Corto Plazo Quirografario.
El crédito, supuestamente utilizado para “cubrir insuficiencia de liquidez de carácter temporal”, se terminó de pagar el 12 de diciembre de 2017 con recursos propios del estado.
Posteriormente, entre el 28 de febrero y 24 de abril de 2017, el gobierno estatal contrató dos nuevos préstamos, uno por 400 millones de pesos con Arrendadora Factor Banorte, y otro con BBVA Bancomer por 150 millones de pesos.
Las últimas dos transacciones mencionadas –según las autoridades– tuvieron el objetivo de agilizar por medio del sistema de cadenas productivas el pago a los proveedores del gobierno del estado, a los que la administración de Gabino Cué dejó votados con pagos pendientes por más de mil millones de pesos.
No obstante, según información proporcionada a Real Politik por cámaras empresariales, los pagos no se realizaron como las autoridades habían prometido e incluso éstos tardaron en llegar más de un año, aunque el gobierno dispuso de efectivo en tiempo y forma, como se indica en los informes de Sinfra.
Tal es el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuyos agremiados, hasta 2018, no habían podido hacer el cobro de sus facturas, a pesar de que, incluso, de acuerdo con Sefin, los financiamientos otorgados por Bancomer y Banorte quedaron subsanados el 29 de diciembre de 2017 y el 28 de febrero de 2018, de manera respectiva.
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En la continuación de la lista de los financiamientos solicitados por el gobierno de Alejandro Murat aparece otro, inscrito el primero de agosto de 2017, a través del cual la Secretaría de Finanzas obtuvo 150 millones de pesos con banco Santander.
Se presume que tal disposición de efectivo también tuvo el objetivo de hacer frente al pago de proveedores, pero ello no pudo ser confirmado debido a que Sefin no presentó, en sus informes enviados al Congreso del Estado, ninguna justificación.
Al 31 de marzo de 2018, el saldo por cubrir por ese crédito era de 14 millones 916 mil pesos.
En noviembre, tras los terremotos del siete y 19 de septiembre, y luego de las lluvias que afectaron diversos municipios de las regiones de Valles Centrales, Cañada, Istmo de Tehuantepec, Cuenca del Papaloapan y Sierra, la administración estatal contrató otro financiamiento, ahora con Scotianbank Inverlat por 300 millones de pesos pagaderos con los intereses respectivos al ocho de diciembre de 2018.
Al término del primer trimestre de este año, Sefin notificó que aún mantenía un monto por cubrir de 238 millones 500 mil pesos sin contar intereses.
También durante el penúltimo mes de 2017, las autoridades contrataron otro financiamiento, éste por 500 millones de pesos con el Grupo Financiero Multiva.
La fecha fatal para cumplir con la devolución del capital es el 16 de noviembre de este año y hasta el 31 de marzo aún faltaban por liquidar 397 millones 500 mil pesos.
Y días antes de que se venciera el plazo para pagar el crédito de 2 mil millones de pesos que el gobierno de Oaxaca obtuvo del Banco Interacciones en diciembre de 2016, las autoridades se volvieron a acercar con aquella institución financiera y solicitaron la apertura de una nueva línea de crédito; ahora, por mil 100 millones de pesos.
La petición fue atendida favorablemente y el acuerdo quedó suscrito el cuatro de diciembre de 2017. Al cierre de este reporte, el gobierno todavía debía por ese contrato 416 millones 740 mil pesos.
A pesar de que tales créditos fueron solicitados y obtenidos después de los desastres naturales registrados durante 2017 en la entidad, en los documentos consultados por Real Politik no aparece ningún tipo de información que confirme que tales montos fueron destinados, en efecto, a la atención de las zonas afectadas.
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El 30 de septiembre de 2017, el Congreso de Oaxaca autorizó al gobierno del estado contraer una deuda de mil 200 millones de pesos para hacer frente a la devastación ocasionada en el estado por las lluvias y terremotos registrados entre los meses de mayo y octubre.
Podría suponerse que los financiamientos obtenidos con Scotianbank Inverlat, Multiva e Interacciones, y que juntos suman la cantidad de mil 800 millones de pesos, pudieron ser parte de la respuesta a las contingencias naturales; sin embargo el 15 de diciembre de 2017, la Secretaría de Finanzas firmó un contrato con Banobras para obtener un préstamo de mil 200 millones de pesos, la cantidad que un mes y medio antes había sido autorizada por el Poder Legislativo.
De acuerdo con la información hecha pública, y que puede consultarse en https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/contabilidad/avances/2017/4toTrimestre/Avance_Trimestral2017-TomoI-A.pdf (página 166), ese dinero debió servir para “sufragar las contingencias generadas en los municipios señalados en la declaratoria del 14 de septiembre de 2017, la declaratoria del 22 de septiembre de 2017 y en la declaratoria del 28 de septiembre de 2017 por la ocurrencia de sismos durante el mes de septiembre”.
Finanzas también reportó que tal financiamiento, obtenido por el Fondo de Reconstrucción (Fonrec), vence en el año 2038 y será sufragado a través del sistema Bono Cupón Cero; gracias a ese esquema, efectuado bajo la modalidad de cupón bono cero, las autoridades locales únicamente liquidarán 199 millones 910 mil pesos.
Y no solo eso, pues la Secretaría de Finanzas aún puede disponer de otros 197 millones de pesos, gracias a la misma línea de crédito.
Antes, el 17 de noviembre de 2017, Oaxaca contrajo dos nuevas deudas, una por 8 millones 14 mil pesos con Banamex y la segunda por un millón 936 mil 138 pesos con banco Santander con el objetivo de cumplir con la obligación del Estado de contratar una cobertura de tasa CAB y cubrir con ello el riesgo de un incremento abrupto del TIIE.
Ambos montos de garantía se desprenden de un crédito por 752 millones 805 mil pesos obtenido a través de Banobras el 14 de agosto de 2014.
