Lejos de convertirse en la instancia garante de justicia en contra de los servidores públicos que se enriquecen o trafican con su función, en menos de un año, la Fiscalía Estatal en Materia de Combate a la Corrupción se ha quedado sin personal, ni presupuesto y, por el contrario, se ha convertido en un filtro de información para beneficiar a ex funcionarios que han sido acusados de delitos como desvíos de recursos y peculado y hasta en un ente de persecución a su propio titular, Jorge Emilio Iruegas Álvarez
David Méndez
A un año de su creación, la Fiscalía Estatal de Combate a la Corrupción está siendo prácticamente desmantelada por la Fiscalía General del Estado, a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, lo que ha ralentizado las indagatorias en contra del ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y políticos allegados, que son acusados de haber malversado al menos 30 mil millones de pesos entre 2010 y 2016.
Policías de base y ministerios públicos de confianza y especializados en la materia, han sido reubicados o cesados durante los últimos meses sin explicación alguna de por medio, a pesar de las inconformidades expresadas reiteradamente por el área afectada, denunció su titular, Jorge Emilio Iruegas Álvarez.
Sin embargo –a decir del propio Iruegas– lo anteriormente descrito no es lo más grave que ha ocurrido al interior de la Fiscalía Anticorrupción durante los 12 meses de vida que cumple este mes, pues lo que ha encendido los focos rojos es que funcionarios de base, designados por Vasconcelos Méndez, –y que conforman el 95 por ciento de la plantilla laboral– han incurrido en prácticas ilícitas como haber propiciado fugas de información, sustraído información confidencial y emitido dictámenes, sin argumentos legales, para favorecer a diversos servidores públicos que eran indagados por hechos graves de corrupción.
Y no sólo eso, pues la Fiscalía General del Estado, órgano autónomo creado en 2015 para sustituir a la Procuraduría General de Justicia, ha orquestado presuntos actos de espionaje telefónico en su contra, los cuales podrían haber comenzado desde su arribo a la entidad, en junio de 2017, y, también, ha orquestado una asfixia financiera al negar la ministración de recursos que le corresponden al departamento anticorrupción.
En entrevista concedida a Real Politik, al referirse al caso de la invasión a su privacidad, Iruegas se negó a utilizar la palabra espionaje, pero describió haber sido víctima de técnicas que tienen similitud con las descripciones hechas en torno al funcionamiento del software Pegasus, con el que el gobierno federal ha espiado a activistas y periodistas durante el actual sexenio del priista Enrique Peña Nieto.
Asimismo, sostuvo que los actos ilegales en los que ha incurrido el personal de base adscrito a la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, fueron cometidos por órdenes de sus superiores, entre los que se encuentra el fiscal general, Rubén Vasconcelos Méndez.
El desmantelamiento
De acuerdo con Iruegas, el organismo a su cargo subsiste prácticamente atado de pies y manos –financiera y operativamente–, ya que para llevar a cabo sus investigaciones depende de la Fiscalía General, pues ella es la que debe avalar de manera indirecta todas las indagatorias a través del área de Delitos de Alto Impacto.
Es decir, cuando el departamento anticorrupción requiere información de los movimientos financieros de políticos y ex funcionarios acusados de desvío de fondos y peculado, debe enterar, primero, al área de Delitos de Altos Impacto para que sea ésta la que realice las gestiones pertinentes.
Si los encargados del último sector hacen caso omiso a las peticiones del personal anticorrupción, la averiguación no solo se estanca, sino que la información queda en manos de terceros.
Por si ello no fuera poco, la Fiscalía Anticorrupción depende del financiamiento que la Fiscalía General le quiera otorgar, así como del personal que quiera adscribir al departamento y que la mayoría de las veces no responde a los perfiles requeridos.
A la manipulación directa sobre las investigaciones, se suma la manipulación del personal.
“En junio del 2017, cuando fui nombrado, la Fiscalía (Anticorrupción) contaba con cuatro agentes estatales de investigación para los mil 600 asuntos que ya se tenían radicados en todo el estado… al día de hoy, (únicamente) tenemos un (policía).
–¿Con qué argumentos han hecho este cambio de personal?, consultó este medio.
–Simplemente, mandan la adscripción directamente al policía, por parte del titular del área de la Agencia (Estatal de Investigaciones) y lo mandan a otra área. Tengo toda la documentación donde hemos pedido que se repongan (los elementos) y, bueno, al día de hoy, no he contado con esa suerte.
–¿Desde cuándo tienen un solo agente a su disposición?
–Desde la semana pasada y desde que iniciamos el año nada más tenemos dos.
»El tema de ministerios públicos ha sido también complicado porque es un tema de operatividad. Al día de hoy, no he podido mover al personal, no por una necedad sino en base al trabajo (requerido), porque esa es una decisión que, reitero, cae en cancha del Fiscal como del Oficial Mayor.
Una simulación
Iruegas resaltó que al recibir el cargo, las autoridades accedieron a entregarle tres plazas de Ministerio Público, con el objetivo de que fueran utilizadas por personas de confianza, provenientes de otras entidades y “blindadas” del riesgo de incurrir en conflicto de interés; sin embargo, la Fiscalía determinó el mes pasado no renovar el contrato de uno de esos funcionarios.
Y los otros dos parece que tendrán la misma surte.
“Hice la petición directamente a la Oficial Mayor (de la Fiscalía General del Estado) y al Fiscal General para que se prorrogara (el contrato) y simplemente se hizo caso omiso a ello.
“(El documento sobre la conclusión y no renovación del contrato) se lo informaron a él, ni siquiera a mí. Si ves, en las copias de conocimiento ni siquiera aparezco yo”, abundó el Fiscal Anticorrupción, al tiempo que mostró a Real Politik el oficio remitido.
Luego, el funcionario exhibió la carta de respuesta de la Fiscalía Anticorrupción al Fiscal General, donde la primera solicita la recontratación del agente del Ministerio Público, pero “no pasó absolutamente nada”.
Funcionarios alertan a políticos
sobre procesos en su contra
–¿Cuántos Ministerios Públicos tiene la Fiscalía Anticorrupción?
–Tenemos siete ministerios públicos que son los que le dan batería (sic) a los mil 600 asuntos, además de los tres (de confianza) de los que hemos estado hablando y que a partir de mi llegada han agarrado los asuntos relevantes, de nuevo inicio.
»Es importante destacar que, por ejemplo, la información que contienen estos expedientes y las decisiones que se toman al interior, (requieren) la mayor confianza y la mayor lealtad en el trabajo cotidiano. Hay fugas de información al día de hoy.
–¿Fugas de información en la Fiscalía Anticorrupción?
–Sí, claro.
»Nuestro CPU, donde se supone que llevamos el Libro de Gobierno –donde se concentra la información de averiguaciones comenzadas o por iniciar–, misteriosamente llegó el área de Informática (de la Fiscalía General del Estado) y se lo llevó hace un par de meses, entre enero y febrero.
–¿Por orden de la Fiscalía General?
–Claro, no podemos detenerlos. ¿Cuál es el objetivo si no hicieron reporte? Pues checar cuáles son las denuncias que se inician y cuáles no. No quiero elucubrar, pero son temas que con base en experiencia, me dan a pensar y creo que es importante destacar.
»Algunos de los funcionarios que yo recibí (ministerios públicos) y que, actualmente siguen en la Fiscalía, en ocasiones tomaron determinaciones de darle fin a algunas investigaciones en las que no era opción en ese momento darlas por concluidas.
–¿Los tres ministerios públicos que son de su entera confianza, y de los cuales uno ya fue dado de baja, llevan o llevaban casos trascendentes, como el de Germán Tenorio o el de los ex secretarios de Finanzas, Enrique Arnaud y Gerardo Cajiga, hoy presos?.
—Así es
–El Ministerio Público que se fue, ¿qué casos llevaba?
–Tenía otros asuntos. Ha participado también en algunos que no se han judicializado, pero tampoco me gustaría poner sobre alerta en esta situación, pero son temas relevantes.
–A ello, se aúnan las decisiones de los otros Ministerios Públicos, que fueron designados por la Fiscalía General, que han mostrado inclinaciones en beneficio de las partes imputadas, comentó el reportero.
–No quisiera cuestionar porque, al final de cuenta, en su momento, ellos siguieron órdenes, pero lo cierto es que al menos yo tendría que tener la posibilidad de hacer un receso en el área para dar mejor resultados.
–Parece que lo están asfixiado.
–No quisiera poner algún concepto. Simplemente pongo hechos sobre la mesa que alguien más sea quien concluya ello.
–¿Esto viene de algún choque con el Fiscal General?
–No.
–¿Cómo es su relación con el Fiscal?
–Bien, yo lo conozco de tiempo y no entiendo que por ahí pase.
Revela espionaje
–¿Qué otros eventos, como la sustracción del CPU con información relevante, hayan vivido?
–Otro, el teléfono. No sé qué pasé, pero tenía un teléfono en la oficina que es el que se conecta a la red de la Fiscalía (General del Estado) y, de repente, me doy cuenta que si me marcaban, aunque yo no contestara, y el otro lado de la línea tenía la bocina (activa), oía lo que se decía adentro.
» Ya también saqué todo, agrega, mientras suelta una risa irónica.
–¿Lo estaban espiando?
–No sé si eso suceda con todos los teléfonos o en concreto conmigo, pero lo cierto es que eso funcionaba como un micrófono, un altavoz.
–¿Bastaba que le marcaran para escuchar lo que usted hablaba?
–Sí, aunque yo no contestara. Nada más sonaba (timbraba), después se quitaba y de cualquier extensión que marcaran se escuchaba (mi conversación)…
–¿Cuándo pasó?
–Hace un mes más o menos (marzo pasado). Cuando me di cuenta.
— ¿Cuánto tiempo tuvo el teléfono?
–Lo tuve bastante tiempo
–¿Desde que llegó (al cargo)?
–Sí.
–¿Cómo se dio cuenta que lo escuchaban?
–Mi oficina está en Ciudad Judicial y tenemos otros cubículos y justo de uno de los cubículos de los MP me marcaron, no contesté, pero estaban oyendo. Se quedaron esperando que yo contestara y empezaron a oír lo que estaba adentro y me lo notifican. No sé si sea un problema del aparato y demás.
Complot ralentiza investigaciones
–¿Existen denuncias penales contra Gabino Cué o en su defecto órdenes de aprehensión que estén por ser ejecutadas?
–No me gustaría generar ni efervescencia ni poner en alerta a alguien en concreto, no sólo al exgobernador.
–¿Hay denuncias presentadas contra Gabino Cué?
–Hay una que en su momento se informó, hay una que estuvo relacionada con un tema de Cocinas Comunitarias en donde está involucrada una persona de apellido Castillo, apuntó en referencia de Jorge Castillo, operador político del exmandatario.
Iruegas, prosiguió: “Seguimos con la investigación. Si de ahí se derivan responsabilidades, seguros deben estar de que nosotros estaremos actuando en consecuencia.
–Pero contra Gabino Cué, directamente, ¿hay denuncias?
–No quisiera poner sobre la mesa si él estuvo involucrado; ahora, hay un tema que también debo de puntualizar, no solo pasa acá sino pasa en cualquier estado, a mí me tocó vivirlo en Nuevo león. Los actos que de manera formal realiza un gobernador comprometiendo recursos son pocos porque normalmente lo hacen a través de su Secretario de Finanzas, a través de su Secretario de Administración y de más…
» Incluso, tontos serían si de manera directa autorizaran una irregularidad; entonces, eso lleva mucho más tiempo.
–¿A cuánto asciende el desvío que ustedes han podido cuantificar?
–No puedo determinar un monto en concreto porque hay muchos delitos en los cuales simplemente es la irregularidad y el abuso de la función del servidor público que en ocasión no necesariamente compromete recurso, pero lo que sí puedo afirmar es que es de miles de millones de pesos, eso sí.
»¿En dónde se centra el mayor número de irregularidades?, en educación y temas relacionados con salud y algo también en obra pública, pues, obviamente, es donde se dotó de mayor recursos.
–En esos tres rubros, hay alguna cuantificación?
–Reitero, son miles de millones de pesos
–Se dice que son 30 mil millones de pesos, por ejemplo.
—No solo es lo que lograron desviar, sino que aquello que se desvió cuando lo pusieron a sudar. Entonces, es una cantidad importante.
–¿30 mil millones de pesos, es congruente esa cifra?
–Sí.
–¿Cuánto tiempo puede tardar el integrar una investigación sustantiva contra un Ejecutivo?.
— Meses o años, teniendo las condiciones ideales, que tienen que ver con expertos no solo en materia de investigación criminal, sino expertos en materia contable, financiera y fiscal.
»La ruta del dinero es un tema muy importante, y si bien en algunos estados de la república, como Quintana Roo, Veracruz o Sonora existen imputaciones o procesos contra ex gobernadores, no necesariamente ha sido trabajo del estado sino mucho tiene que ver PGR y errores que estos mismos personajes cometieron. »Alguno de ellos, no diré quién, dan justamente con él y pueden comprobar el delito porque le hacen una transferencia a su cuenta personal por más de 8 millones de dólares; entonces, son temas que se boletinan inmediatamente.
–¿Están detenidos estos personajes porque cometieron errores?
-Me refiero que el tiempo fue mucho más corto en llegar con ellos porque por un lado, son delitos federales y la Federación tiene mucho mayor herramientas sobre todo en los tiempos.
Intermediarios impiden pesquisas
»La Federación, de manera directa, logra obtener información de la Secretaría de Hacienda; luego, obtener información de la Comisión Bancaria y de Valores.
»Nosotros, en cambio, tenemos que triangular. Al día de hoy, para yo pedir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tengo que hacerle la petición al Fiscal de Alto Impacto (dependientes de Rubén Vasconcelos); es decir, una tercera persona se entera de nuestras investigaciones. Yo tengo que pedírsela a él para que él lo pida o el Fiscal lo pida. Yo no puedo pedir (de manera directa información), un tema absurdo.
–Es decir, no puede hacer nada por su cuenta.
–No
–Entonces, es complejo pedirle resultados a usted.
–Yo asumo mi responsabilidad, pero debo poner (esto) sobre la mesa porque no estamos en los tiempos que quisiera yo avanzar.
–¿Gabino (Cué) fue muy bueno para poder ocultar los malos manejos?
–Reitero, estamos un tanto apretados en la parte del personal. Algunas facultades directas para pedir información no las tengo y la capacidad de obtener un equipo que día a día, las 24 horas, estén generando información de análisis para poder establecer redes de vínculos entre los distintos personajes que pudieran haber participado en el tema de desvío, pues al día de hoy no lo tengo; el personal que tengo es muy corto.
–¿Qué déficit de personal afronta la Fiscalía Anticorrupción?
–Al día de hoy ya ni siquiera estoy pidiendo recursos. Simplemente que lo poco que tengo lo pueda redireccionar a los objetivos claros que traemos, que es el combate a la corrupción, con el personal idóneo y capaz para poder afrontar esto.
»Al no tener en mi cancha la posibilidad de decidir qué ministerios públicos quiero y cuántos tengo, y qué policías quiero y cuántos quiero, además de no poder pedir la información, se complica.
–¿Qué déficit será?
–Hablamos de unos tres o cuatro ministerios públicos más; es decir 15, pero que los 15 estuvieran en la misma ruta y sintonía y que nos hiciéramos responsables todos como equipo; de igual manera, cinco o 10 policías.
–¿Con ello mejoraría un 100 por ciento la productividad?
–Sí, la prontitud de llevar casos ante un juez.
Finalmente, el Fiscal Anticorrupción sostuvo que de haber contado con el personal idóneo y la cantidad necesaria desde el comienzo de su gestión, a estas alturas ya habría por los menos siete u ocho ex secretarios del gobierno de Gabino Cué en prisión; es decir, el doble de los que han sido aprehendidos.
En la actualidad, permanecen recluidos los ex secretarios de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, por abuso de autoridad y peculado; de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, por desvío de recursos, y de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, por tráfico de concesiones.
Tras negociar con el gobierno estatal, el también ex secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga, permanece en prisión domiciliaria, también investigado por desvío de recursos.
