El gobierno de Gabino Cué Monteagudo desvió los 5 millones de pesos que le fueron transferidos a Oaxaca en 2016 por concepto del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Lejos de cumplir con los objetivos del subsidio — la realización de investigaciones científicas y tecnológicas o solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios de educación–, cuatro millones 970 mil pesos, equivalentes al 99.4 del total de los recursos, fueron ocupados por las autoridades para la realización de una encuesta a la ciudadanía cuyos objetivos y resultados se desconocen.
Según la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-20000-02-1258 1258-DS-GF, el gobierno estatal no acreditó la justificación administrativa de “caso fortuito” o “fuerza mayor” para la adjudicación del contrato bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas y no se presentó la documentación justificativa que permita verificar los trabajos llevados a cabo, en la que conste los resultados determinados con la aplicación de la encuesta.
Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Programa de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SEP el Informe del Estado del Ejercicio Presupuestal, el Informe de los Estados Financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados y los rendimientos financieros generados, así como el informe final al término de su vigencia.
Ante ello, el órgano fiscalizador determinó comenzar dos observaciones, que generaron una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y un Pliego de Observaciones.
En el ejercicio de los recursos, “la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como del Convenio de Apoyo Financiero, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4 millones 970 mil pesos, los cuales representan el 99.4 por ciento de los recursos transferidos”, subrayó la Auditoría.
“En conclusión, el Gobierno del estado de Oaxaca, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”, apuntó.
