Ninguno de los dos personajes que se disputan la titularidad del Poder Judicial del Estado, Raúl Bolaños Cacho y Alfredo Lagunas, reúnen los requisitos legales para ostentar el cargo, según acusaciones penales y señalamientos públicos. Las máximas credenciales de ambos, son representar intereses de dos grupos políticos: el de José Murat Casab y Ericel Gómez, que hoy libran una batalla por espacios de poder e impunidad
David Méndez
La impartición de justicia en Oaxaca se encuentra colapsada, pues el Estado de Derecho “se perdió” al comienzo de la actual administración, con el regreso de Raúl Bolaños Cacho a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), acusó la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
La organización, que anunció una serie de bloqueos para el lunes 26 de febrero en las sedes de los juzgados Civiles y Familiares de la región en la que tiene presencia, demandó “la operabilidad” del Consejo de la Judicatura del Estado, órgano administrativo del Poder Judicial, que entre otras funciones tiene la obligación de indagar y castigar a los jueces que incurren en actos de corrupción.
A prácticamente 20 días de que el presidente con licencia del TSJE, Alfredo Lagunas Rivera, solicitara su reincorporación al cargo, con el objeto de desbancar a Raúl Bolaños Cacho, las protestas de trabajadores y organizaciones, para favorecer a uno y otro bando, no cesan.
Mientras Ucizoni lanzó el viernes 23 de febrero el pronunciamiento referido anteriormente, un día antes, un grupo de trabajadores del Poder Judicial realizaron una protesta en Ciudad Judicial, para manifestarse en contra del posible retorno de Lagunas Rivera.
Al secundar al actual titular del Tribunal, Raúl Bolaños, los empleados afirmaron que Lagunas, a lo largo de su gestión, incurrió en múltiples irregularidades, por lo que solicitaban al Pleno del TSJE rechazar la petición de retorno de su exjefe.
Presidentes espurios
Sin embargo, al margen de la polémica generada en el transcurso de los últimos días, la realidad es que, según diversos señalamientos, ninguno cumple con los requisitos elementales para ostentar el puesto que se disputan.
Sus mayores credenciales, derivan de su cercanía con dos grupos políticos que pelean, en la actualidad, por cuotas de poder e impunidad: Bolaños Cacho, del lado del ex gobernador José Murat Casab y Lagunas Rivera por parte del dueño del periódico Noticias, Ericel Gómez Nucamendi, personaje cercano al ex gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, sobre el que recaen acusaciones de haber desviado durante su sexenio (2010-2016) alrededor de 30 mil millones de pesos.
Las acusaciones
En contra de Bolaños Cacho permanece abierta una denuncia penal por usurpación y ejercicio indebido de funciones ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como divulgó Real Politik, el 16 de octubre pasado.
El funcionario, según la carpeta de investigación CI-548/(FEEMCO. SA)/2017, es acusado de ostentar el cargo de manera ilegal al carecer de un nombramiento oficial como magistrado.
Según la denuncia, Bolaños Cacho renunció en 2010 al nombramiento como integrante del TSJE que obtuvo en 1998 durante la administración del entonces gobernador, José Murat Casab, por lo que a partir de ese momento se convirtió en una figura inelegible para asumir la titularidad del Poder Judicial o integrar alguna de sus salas.
La acusación, formulada en 19 páginas, afirma que para acceder nuevamente a un cargo dentro del Tribunal Superior de Justicia, Raúl Bolaños tuvo que haberse sometido al procedimiento señalado por la Constitución del Estado, que puntualiza que el Gobernador debe emitir una convocatoria pública para la recepción de los currículos de todos los interesados en integrar al máximo organismo de impartición de justicia de la entidad.
Además de ello, el Consejo de la Judicatura tuvo que constatar que los aspirantes cumplieran los requisitos de ley, aplicar los exámenes de oposición para confirmar su idoneidad y, finalmente, integrar una lista con ocho finalistas.
Y no es todo, pues una vez concluida la fase anterior, el Gobernador tuvo que haber remitido al Congreso del Estado una terna de candidatos para que éste decidiera quién de ellos obtendría el nombramiento de magistrado.
De acuerdo con la argumentación, únicamente existían dos posibilidades de que el titular del Poder Ejecutivo pudiera determinar directamente al nuevo magistrado: la primera, si el Poder Legislativo no hubiese atendido en un plazo máximo de 20 días naturales la carta con la terna enviada por el mandatario o si, por el contrario, el Congreso hubiera rechazado a todos los integrantes de la terna.
No obstante, lejos de cumplir con el proceso, añadió, el 12 de marzo de 2017, el gobierno del estado “impuso” a Bolaños Cacho al frente del Tribunal, a pesar de que nunca fue hecha pública la existencia de una vacante de magistrado “ni mucho menos que se hubiera observado el procedimiento dispuesto por el artículo 102 de la Constitución”.
Lagunas, fuera de plazo
Por su parte, el actual titular del TSJE, Raúl Bolaños, afirmó el pasado 14 de febrero, un día después de que Lagunas pidió regresar al Poder Judicial, que la pretensión del magistrado con licencia era improcedente.
Sin pormenorizar mayores datos, Bolaños refirió que para que el ex presidente hubiera podido retornar al puesto que abandonó el 12 de marzo de 2017, tuvo que haberse desistido del permiso que le fue otorgado en un periodo máximo de seis meses; es decir, el plazo venció en septiembre de 2017.
Consultado por la prensa, abundó que, una vez vencido el término, Alfredo Lagunas únicamente aspira a regresar al Poder Judicial del Estado como un magistrado sin cargo alguno.
Sin embargo, subrayó que para que esto sea posible, el sobrino del dueño del diario Noticias tendría que renunciar, primero, a la posición que ostenta en el Consejo de la Judicatura.
“La licencia de Lagunas es indefinida. Se rebasaron seis meses (desde su salida) y es indefinida, y, por lo tanto, improcedente”, dijo.
Bolaños Cacho, sin embargo, no habló de las imputaciones que se le achacan por usurpación de funciones ni del estado que guarda el expediente abierto en su contra.
