La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Sedena, a la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, en la que pide se inicie una investigación a los siete militares involucrados, que sean juzgados por autoridades federales y se indemnice a los familiares de las víctimas; al mandatario mexiquense le solicita que colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos, presentada ante la Procuraduría de Justicia local
Agencias
“¡Ya nos cayeron los contras!”, gritaron los hombres armados que estaban dentro de una bodega en la comunidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, después de escuchar detonaciones de armas de fuego del Ejército mexicano.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados en una bodega en Tlatlaya, el 30 de junio de 2014. Desde ese día, los gobiernos estatal y federal manejaron la versión de que los 22 “presuntos criminales” habían muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército.
La CNDH emitió la semana pasada la recomendación 51/2014 para la Sedena, la PGR y el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, por el caso Tlatlaya. En ella, detalla cómo sucedieron los hechos la madrugada del pasado 30 de junio, después de haber reunido evidencias, documentos y entrevistado a víctimas y testigos.
Aunque se comprobó que la escena del crimen fue alterada “con la intención, muy probablemente, de simular que las muertes habían ocurrido en un contexto de enfrentamiento”, no fue posible establecer “precisamente quiénes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones a derechos humanos que fueron cometidas”, según la CNDH.
La historia
En la madrugada del 30 de junio, ocho militares del 102° Batallón de Infantería, efectuaban un reconocimiento de ruta a bordo de un vehículo oficial, sobre la carretera Federal Número 2. En las inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, en el municipio de Tlatlaya, pasaron frente a una bodega en obra negra que no tenía puertas.
Fue el sargento segundo de Infantería quien se dio cuenta que había una persona armada cuidando la bodega y, además, tres vehículos en su interior. El sargento informó a sus compañeros y el vehículo detuvo su marcha.
El enfrentamiento comenzó alrededor de las 4:20 horas de la madrugada, según testimonios de cinco vecinos de San Pedro Limón. El testimonio más fiel, dice la CNDH, es el de un hombre que vive a unos 130 metros de la bodega donde ocurrieron los hechos.
¿Quiénes comenzaron los disparos? Según los militares, ellos fueron agredidos primero por las personas que estaban dentro de la bodega, por lo que repelieron el ataque. La versión de una sobreviviente y testigo de los hechos es distinta: los militares dispararon primero, mientras todos dormían en la bodega.
La recomendación de la CNDH dice que el intercambio de disparos duró entre cinco y 10 minutos, porque “las personas al interior de la bodega se rindieron rápidamente”, según las declaraciones de tres mujeres sobrevivientes que presenciaron el enfrentamiento.
Una de ellas declaró que estaba en la bodega, porque había ido a buscar a su hija, quien últimamente “andaba en malos pasos”. Las otras dos dijeron que habían sido secuestradas. Hoy, estas dos mujeres se encuentran presas, sin embargo, la CNDH dice que sus primeras declaraciones fueron obtenidas mediante tortura con la finalidad de que aceptaran una relación con la gente que había fallecido en la bodega.
“Nos vamos a rendir”
La madrugada del 30 de junio estuvo cubierta de dos tipos de disparos, dijo uno de los vecinos. “¡Pum, pum, pum!”, disparos pausados. “¡Tatatatata!”, disparos en ráfaga, contó el vecino, ese que vive a 130 metros de la bodega, a la CNDH. Gritos de clemencia.
-“¡Ríndanse, Ejército mexicano!”
-“¡Nos vamos a rendir!”
-“¡Salgan!, ¡les vamos a perdonar la vida!”
Cuando cesaron los disparos, los elementos militares esperaron afuera de la bodega entre 15 a 20 minutos, antes de que uno de ellos diera la orden de ingresar.
Entre las 4:50 y 5:00 de la mañana, los militares entraron a la bodega. En la recomendación nunca se especifica cuántos. Ahí encontraron a las tres mujeres y a otras dos personas amarradas, presuntamente en calidad de secuestrados.
Durante una hora aproximadamente, entre las 5:00 y 6:00 horas, se escucharon disparos aislados, según los testimonios de los vecinos. “¡Pum, pum, pum!”, disparos cortos, “armas accionadas por el Ejército en contra de las personas rendidas”, según uno de los vecinos.
La CNDH dice que es en esta hora cuando ocurrió “la privación arbitraria de la vida de las personas que se encontraban al interior de la bodega”,
con, excepción de las tres mujeres sobrevivientes y los dos presuntos secuestrados.
Los testimonios de las mujeres coinciden en que los militares entraron a la bodega y encontraron a civiles rendidos y desarmados. Después, los sacaron uno por uno, los obligaron a hincarse, a decir su apodo, su edad, su ocupación, para después dispararles. Una de ellas dijo haber escuchado a un militar decir: “Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar”.
Las tres mujeres y los dos presuntos secuestrados, fueron llevados a uno de los cuartos frontales de la bodega. Fue en ese momento cuando pudieron ver los cuerpos en el suelo. Comenzaba a amanecer. Según los testimonios de las mujeres, personal militar llamó a los dos presuntos secuestrados con el pretexto de tomarles una fotografía, pero les disparó.
Peritos de la CNDH elaboraron un mapa sobre cómo fueron encontrados los 22 cadáveres en la bodega, para “distinguir aquellos que tienen heridas muy probablemente producidas en un contexto de enfrentamiento, otros en fuego cruzado y otros privados de su vida ilegalmente”.
La recomendación de la CNDH precisa que 12 personas fueron ejecutadas, tres “no es posible establecer sus posiciones originales porque fueron movidos de su ubicación, lo que hace pensar que fueron ejecutados”, cuatro resultaron heridos durante el enfrentamiento y tres en fuego cruzado.
Según el informe de la Secretaría de Marina (Semar), a las 5:15 horas el comandante de la Base de Operaciones de la Armada de México, ubicada en Luvianos, Estado de México, recibió información por teléfono y de manera anónima sobre unas detonaciones.
A las 5:20 horas, el comandante del 102° Batallón de Infantería ratificó que se había registrado un enfrentamiento y que, además, personal naval se trasladaría al lugar de los hechos. Sin embargo, militares que participaron en el enfrentamiento, dijeron que a las 6:00 horas se había solicitado el apoyo. Las versiones no coinciden.
A las 7:30 de la mañana, personal de la Semar llegó al lugar de los hechos. Ahí ya había vehículos del Ejército mexicano afuera de la bodega. Adentro, cuerpos en el piso “sin precisar su número”, ropa dispersa, algunas armas, basura y tres vehículos Pick-up con las puertas abiertas.
Fue hasta las 9:00 horas cuando el cabo del 102° Batallón de Infantería informó a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJE), que era “seguro” avanzar hacia el lugar de los hechos. Además, informó que había 22 personas fallecidas y tres aseguradas.
Las autoridades del Estado de México llegaron hasta las 12:30 horas.
La CNDH documentó que después de la ejecución de las 15 personas al interior de la bodega, el lugar de los hechos fue alterado, “a tal grado que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo.”
Aunque no es posible determinar en qué momento ocurrió, quién participó, quién lo presenció, encubrió y ordenó, la CNDH dice que esto puede ser atribuible “al personal del 102° Batallón de la base de operaciones de San Antonio del Rosario, de la Secretaría de la Defensa Nacional que estuvo presente en el lugar”, aunque también “debe tomarse en cuenta la posible participación de otros elementos militares que arribaron al lugar de los hechos.”
Hoy, los ocho militares de este Batallón están presos. El 1 de octubre pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que acusaría de homicidio a tres soldados por este caso. En conferencia de prensa, el procurador Jesús Murillo Karam, explicó que “hubo un enfrentamiento entre personal militar y un grupo de delincuentes”; sin embargo, “al cesar los disparos ingresaron a la bodega tres militares y realizaron una secuencia nueva de disparos sin justificación alguna”.
Desde que finalizaron los disparos y hasta que llegaron las autoridades mexiquenses transcurrieron al menos seis horas, “tiempo en el cual se cambió la posición original de los cadáveres, se movió a unos de estos de su ubicación original y se colocaron armas en todos los cadáveres”, dice la CNDH en su recomendación.
La mayoría de las personas que murieron esa madrugada del 30 de junio, era de comunidades de la Tierra Caliente de Guerrero; sólo uno de ellos era oriundo de Tlatlaya, Estado de México.
Entre las víctimas, había una chica de 15 años y los demás eran varones, dos de ellos de 17 años de edad.
Según la CNDH, familiares de seis víctimas dijeron que sus hijos fueron secuestrados por criminales en enero, abril y junio de este año, y forzados a trabajar con ellos en actividades delincuenciales.
Así es Tlatlaya, un municipio mexiquense cerca de municipios de Guerrero como Tlachapa, Tlapehuala, Apaxtla de Castrejón y Arcelia, que, según la CNDH, “tiene fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada”.
