De vendedor de sombreros José Luis Abarca pasó a ser un gran empresario y luego a presidente municipal de Iguala; junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa ha mantenido una firme relación con integrantes de grupos criminales. El secretario de Salud del Gobierno de Guerrero, Lázaro Mazón, fue el contacto para acercar a Abarca con el PRD
La Silla Rota / SinEmbargo
José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala y hoy prófugo por los hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre y por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, está casado con María de los Ángeles Pineda Villa, hermana de tres de los operadores más cercanos al cártel de los Beltrán Leyva.
En Iguala todos lo sabían. Abarca era vendedor de sombreros en el mercado central. Vendía lo que necesitaba para sobrevivir. Conoció a los Pineda Villa y empezó a trabajar para ellos, ahí se abre una nueva historia para Abarca, de un puesto a base de guacales tuvo una accesoria, después otra, después empezó a vender otros artículos y de repente, en un lapso de tiempo considerablemente corto, era dueño de la plaza comercial Galería Los Tamarindos, la más importante del municipio.
En el camino se relacionó con la que dicen, es la que manda en Iguala. Según consta en averiguaciones previas abiertas desde 2008, tres de los Pineda Villa eran operadores de confianza de los Beltrán Leyva, y en aras de mantener el control del paso de la droga por el estado, idearon la conformación del grupo Guerreros Unidos, que al principio sólo peleaba el poder con otro grupo violento en la zona que se llaman Los Rojos, hasta que empezaron con extorsiones, cobro de cuotas y secuestros en la zona de Tierra Caliente. A la fecha, son temibles.
Se trata de Mario Pineda Villa, “el MP”; Salomón Pineda Villa, “El Molón”; y Alberto Pineda Villa “El Borrado”.
Los dos primeros fueron asesinados, según consta en reportes oficiales, por los Beltrán Leyva. Incluso, en un video publicado en redes sociales, la supuesta madre de los Pineda Villa -que aparece con ojos vendados y manos amarradas- asegura que el asesinato de sus dos hijos fue por un asunto de traición.
Fuentes de Gobernación aseguran que los Pineda Beltrán, al frente de los Guerreros Unidos, quisieron crear un cártel y negociar con los Beltrán el paso de la droga. La respuesta, la muerte.
“El Molón” estuvo encarcelado en Tamaulipas por delitos contra la salud y tiene algunos meses que fue liberado. Regresó a Iguala para establecerse como jefe de plaza de los Guerreros Unidos.
La familia imperial
Pero el poder de la familia en Iguala era conocido y temido.
M
aría de los Ángeles Pineda se casó con Abarca y empezaron la carrera política con una campaña, que hasta hoy se sabe, fue onerosa.
Ella, siempre de vestidos de corte entallados con la cabellera rubia y tacones que la hacen ver más alta que Abarca, repartía juguetes, despensas, electrodomésticos y todo tipo de regalos en sus eventos al frente del DIF municipal. Pero su gesto en serio. Siempre con Abarca a un lado.
En el video de la mujer maniatada, que es supuestamente la suegra de Abarca, se asegura que los Pineda Beltrán financiaron parte de la campaña del hoy gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, incluso, lo vinculan familiarmente con uno de los líderes de los Guerreros Unidos.
Algunos de los Pineda Villa fueron detenidos a finales del sexenio de Felipe Calderón, pero no fue el caso de María de los Ángeles.
Data en fotografías de la entonces SIEDO la captura de una docena de personas detenidas en una “narcofiesta” en Guerrero. Ahí estaban los padres de los Pineda Villa y algunos de los familiares.
Abarca no militaba en ningún partido. Según fuentes de Gobernación, ahora se sabe que fueron los Pineda Beltrán los que acercaron a Abarca con el PRD que desde hace muchos años es dirigido por un ‘chucho’, como se le conoce a los integrantes de Nueva Izquierda.
Los contactos fueron Lázaro Mazón, que era senador en la pasada legislatura y que vio en Abarca no sólo un candidato poderoso para ganar Iguala, sino un perfecto donante a la campaña por la gubernativa.
Para qué ser alcalde. Para desde el poder, controlar con eficacia a la Policía Municipal que tenía como orden estricta de cumplir el enfrentamiento con Los Rojos.
Hubo muchos enfrentamientos en los últimos dos años.
Hasta las oficinas de inteligencia de Gobernación, llegaron decenas de vídeos con detenciones de un grupo y otro con imágenes de personas armadas.
Creció entonces la extorsión en los alrededores de Iguala hasta que también los pobladores empezaron a sufrir la delincuencia de manos de los policías.
Hasta la campaña por la alcaldía de Iguala, llegaron los hoy senadores y aspirantes a la gubernatura de Guerrero, Sofío Ramírez y Armando Ríos Piter.
Abarca entonces ya era un “chucho” y se sumaba a la lista de alcaldes vinculados a la corriente fundada por Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Carlos Navarrete y Guadalupe Acosta Naranjo.
Actualmente se investigan los alcances del financiamiento de Abarca hacía otros presidentes municipales, hacía el PRD o hacia el gobernador del estado.
Se espera la expulsión de Abarca de las filas del PRD por sus evidentes nexos con la delincuencia organizada, aunque en las calles de Iguala está la amenaza escrita en mantas sobre que Guerreros Unidos darán a conocer los nombres de los políticos vinculados con ellos, y 
por tanto, también vinculados a los Beltrán Leyva.
Testigo denunció
a Abarca ante PGR
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Magdalena López Paulino, aseguró que desde marzo pasado, Nicolás Mendoza Villa, testificó ante la Procuraduría General de la República (PGR y señaló al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, como el presunto asesino del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona.
Según información publicada por el periódico local El Sur, la regidora de Iguala, Sofía Mendoza Martínez, aseguró que los primeros días de agosto acudió a la PGR, donde se enteró que la autoridad federal atrajo el crimen del dirigente de la UP, por lo que se tuvieron, en ese momento, condiciones para detener al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez.
Sin embargo, añadió, el alcalde tenía que ser removido antes del cargo por el Congreso local; pero, no aprehendieron al encargado ni promovieron el juicio de desafuero.
Otros dos activistas, Efrén Cortés Chávez, sobreviviente de El Charco, así como Cuauhtémoc Ramírez, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidieron que las omisiones de las autoridades estatales y federales en las muertes y desapariciones de integrantes de la UP, lo que derivó en los ataques y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, por parte de la Policía Municipal y el grupo criminal Guerreros Unidos.
PGR lo sabía:
Obispo V era
El Obispo Raúl Vera denunció en junio del año pasado que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía conocimiento de que el alcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, estaba implicado en el asesinato de tres líderes sociales del estado. Como lo hicieron, entre otros, Human Rights Watch.
Sin embargo, aunque le aseguraron que la PGR atrajo el caso, nunca actuó en contra del ahora ex Edil prófugo de la justicia. Le dijeron que sí irían contra el Secretario de Seguridad del municipio, Felipe Flores Vázquez. También está prófugo.
El 30 de mayo del 2013, el alcalde secuestró a ocho líderes sociales después de una manifestación en la que se conformó el colectivo Unidad Popular de Iguala, relata el Obispo, con el fin de asesinarlos. El secuestro fue perpetuado por personas del crimen organizado. “Tal como ahora pasó”, dijo Vera en entrevista con SinEmbargo.
Días después, hallaron los cuerpos del ingeniero Arturo Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Mezcala-Iguala, en el municipio de Tepecuacuilco, con signos de tortura y el tiro de gracia.
Los otros cinco secuestrados lograron escapar por un error táctico de sus captores. Uno de ellos, Nicolás Mendoza Villa, fue el único que dio su testimonio ante un notario público, pues no confiaba en las autoridades.
En su declaración aseguró que tras su captura, los trasladaron en un vehículo a un terreno, un campo baldío, donde sólo había una carpa. El secretario de Seguridad, Flores Vázquez, llegó junto con el alcalde y fue el propio José Luis Abarca quien ejecutó a Arturo Hernández Cardona, pero no antes, se río de ellos en su cara.
Es la misma denuncia hecha por René Bejarano que tampoco atendió el procurador Jesús Murillo Karam. La misma declaración la hizo Mendoza Villa en marzo de este año ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) de Guerrero, una vez que ya se le había proporcionado protección.
Sin embargo, desde entonces, él junto con su familia ha tenido que cambiar al menos en seis ocasiones de domicilio hasta que finalmente tuvo que salir del estado gobernado por el perredista, Ángel Aguirre Rivero, debido a las amenazas y hostigamientos que ha recibido.
Desprecio a los ciudadanos
“Nosotros visitamos a Iguala, organizamos una caravana de observación para la protección de derechos humanos ahí en Guerrero, se sumaron otras instancias de derechos humanos y pedimos que el caso fuera
atraído por la Procuraduría General de la República porque el estado era juez y parte y eso no se iba a arreglar ahí”.
El Obispo de la diócesis de Saltillo dijo que en la PGR se les aseguró que atrajeron el caso, sin embargo, “no nos dieron documentos, pero querían que este muchacho, Nicolás Mendoza, fuera a declarar. Nosotros les dijimos que primero eran necesarias medidas cautelares, porque estaba en peligro su vida”.
El Obispo Vera asegura que el 22 de septiembre, cuatro días antes del asesinato de tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa después 43 desaparecieron, pidió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) garantías de seguridad para Nicolás Mendoza Villa, que es perseguido y acosado por hombres armados.
El religioso acudió a Washington, Estados Unidos, junto con Magdalena López Paulino presidente y secretaria de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, así como la regidora del PRD en Iguala y viuda del asesinado líder de la UP, Arturo Hernández Cardona, Sofía Mendoza Martínez y tuvieron una reunión con el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza Longoria.
Sin embargo, cuatro días después “se vino el caso de Ayotzinapa. “Nosotros, cinco días antes de que hicieran esta barbarie, estábamos pidiendo medidas cautelares”.
El Obispo Vera asegura que este caso muestra el desprecio que los ciudadanos recibimos de parte de las autoridades estatales, municipales y federales. “Es lo mismo que nosotros vimos en el caso Pasta de Chochos, un desprecio por la vida humana, un desprecio arrogante, las familias, esposas, hijos, jóvenes, no merecían tener estas autoridades. Una clase política que ha venido imponiendo este modelo donde el ser humano no vale, en donde solamente se atiende a las personas de alto nivel, que tienen riqueza, el resto no cuenta”.
Vera lo cuenta hoy, aunque ya no valga de nada: 43 normalistas están desaparecidos y, mientras se escarba, se hallan más y más fosas con cuerpos que siguen sin identificar.
