La administración que encabeza Alejandro Murat Hinojosa recula y da marcha atrás al reemplacamiento en 2018… pero a cambio obliga a propietarios de vehículos a pagar 7 impuestos más y no menos de mil 200 pesos al arranque de año. Por otra parte, a través de una iniciativa enviada al Congreso local, pretende restringir la circulación de vehículos con placas foráneas
Flor Hernández
La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Oaxaca (Sefin) echó atrás el reemplacamiento vehicular que habría de realizarse en este 2018, pero impuso siete impuestos a los contribuyentes que cuentan con automotores, al tiempo que una iniciativa de ley acecha la restricción de circulación de vehículos con placas foráneas.
El escenario 2018 para los poseedores de un vehículo en Oaxaca, es sin duda uno de los menos alentadores, ya que además del alza de los combustibles, los propietarios de una motocicleta o automóvil deberán pagar entre mil 238 y mil 906 pesos, respectivamente, tan sólo por tener una unidad de motor.
Y es que pese a “condonar” la tenencia a los contribuyentes cumplidos, la Sefin aplica gravámenes por:
Uso, goce o aprovechamiento de placas y calcomanías: 664 pesos para automóviles y 68 pesos para motocicletas.
Impuesto para el desarrollo social: ocho pesos.
Expedición de tarjetas de circulación de vehículos destinados al servicio privado por tres años: 679 pesos.
Impuesto para el desarrollo social: 81 pesos
Verificación de emisiones a la atmósfera y holograma de vehículos particulares: 717 pesos; con estímulo de 358 pesos, quedando en 359 pesos.
Impuestos para el desarrollo social: 86 pesos.
El gobierno del estado cobra en tres ocasiones y por distintos montos el mismo concepto: “Desarrollo social”, que suma 175 pesos; mientras que la expedición de tarjeta y la verificación tiene un costo igual para los automotores, sin importar si se trata de una motocicleta o un automóvil, ni tampoco del modelo.
El pago mínimo por contar con un vehículo es por lo menos dos veces superior al que se realiza en entidades como el Estado y Ciudad de México, donde el “refrendo” para este 2018 es de 529 pesos.
El alto precio de pagar impuestos en Oaxaca por ser propietario de un automóvil ha provocado que al menos el 25 por ciento del padrón vehicular del estado tenga placas foráneas, lo que representa 122 mil unidades de motor, de acuerdo a la estimación presentada por el secretario de Finanzas, Jorge Gallardo Casas durante su comparecencia ante el Congreso el pasado mes de diciembre.
A través de páginas de Facebook, gestores anuncian un cobro único de tres mil pesos, por emplacamiento de vehículo nuevo, o bien por aquellos que tienen adeudos, en estados del país en donde la tarifa anual es no mayor a 700 pesos.
Los destinos con mayor demanda son: Estado y Ciudad de México, anteriormente los oaxaqueños recurrían a Puebla, sin embargo, esta entidad endureció su política para el otorgamiento de documentación.
Ley anticonstitucional
Mientras los contribuyentes oaxaqueños buscan alternativas para reducir el pago de impuestos y se refugian en estados que han optado por únicamente cobrar refrendo, el gobierno de Oaxaca envío al Congreso del Estado una iniciativa que reforma a la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad.
La medida pretende restringir la circulación de vehículos con placas foráneas en los Valles Centrales y Tehuantepec en horas pico (de 6:30 a 9:30 y entre 18 y 20 horas), por lo que los propietarios de unidades de motor que pretendan circular deberán tramitar permisos temporales por un mes, o bien por 15 días en el caso de los turistas
Pese a que la propuesta aún se encuentra en análisis en comisiones, ha despertado la inconformidad de amplios sectores sociales.
El presidente del Movimiento Vial Ciudadano, Armando Pérez Figueroa calificó la medida de violatoria de los derechos humanos y del artículo 11 de la Constitución Política Mexicana, al libre tránsito por el estado de Oaxaca.
Adelantó que en caso de que la Cámara de Diputados apruebe la ley, el organismo otorgará asesoría gratuita a los contribuyentes inconformes, para interponer juicios de amparo colectivos contra la norma que calificó como “arbitraria y coercitiva”.
De la misma forma, lamentó que el Ejecutivo y el Legislativo hayan impulsado y avalado, respectivamente, el reemplacamiento vehicular, cuando apenas en 2013 se llevó a cabo el cambio, durante el periodo de Gabino Cué Monteagudo.
“La norma oficial establece que la vida útil de una placa es de 25 años, por tanto el gobierno no tiene justificación para realizar cambios cada sexenio, porque no sólo contraviene la normatividad, sino que además, pretende violentar los derechos de los contribuyentes”, señaló.
Y lamentó que aunado a los altos índices de pobreza, falta de empleo y condiciones de la sociedad oaxaqueña, los impuestos contribuyan a lesionar severamente la economía de las familias.
“El reemplacamiento, el intento de establecer una ley para restringir la circulación de vehículos con placas foráneas obedecen a los caprichos de los gobernantes y de los legisladores que no tienen el menor interés en contribuir con el bienestar de la población”, denunció.
Al respecto, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, afirmó que es respetuoso de las opiniones de los ciudadanos, representantes populares y demás sectores sobre la propuesta de adición de los párrafos, segundo, tercero y cuarto, al artículo 51 de la ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad.
A fines de año, el mandatario consideró que “tendrá que hacerse una evaluación más de fondo de la propuesta”.
Frenan reemplacamiento
Quizá la única buena noticia para los usuarios de vehículos es que la Sefin pospuso el proceso de sustitución de placas, pese a encontrarse en la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso del Estado.
El dictamen que se discutió y avaló en la madrugada del 10 de diciembre en el recinto legislativo, establece que “en atención a la estrategia 4.8 Mejorar el programa de regularización y reemplacamiento del Plan Estatal de Desarrollo, dentro de las líneas de acción para generar mejores condiciones a los usuarios para fomentar el emplacamiento vehicular en el estado y considerando que 2018 es el año de canje total de placas, en cumplimiento a la norma oficial mexicana NOM001-SCT-2-2000, se implementó el programa con cuota fija”.
De tal forma que de acuerdo a la estimación de la Secretaría de Finanzas, en el estado se cuenta con padrón vehicular vigente de contribuyentes cumplidos de 220 mil 643, mientras que se esperaba incorporar otros 50 mil 577, de acuerdo a la tendencia registrada en el proceso de canje de 2013, durante la administración del aliancista Gabino Cué Monteagudo.
La suspensión ocurre en el marco de un proceso electoral que arrancó en septiembre pasado y que concluirá a mediados de 2018, con la renovación de la presidencia de la República, diputados federales y senadores en el ámbito nacional; así como el congreso del estado y 153 municipios que se rigen bajo el sistema de partidos políticos en la entidad.
Automovilistas contribuyen
con más de 500 mdp al año
De acuerdo a la Ley de Ingresos 2018, se estima que por concepto de “control vehicular”, el gobierno de Oaxaca recaudará 377 millones de pesos 84 mil 149 pesos, mientras que por tenencia 15 millones 137 mil 518 pesos.
Sin embargo, la suma de ambos montos es apenas una parte de los impuestos que llegan a las arcas públicas por rubros relacionados con la posesión de vehículos.
Y es que por servicios ecológicos, que contemplan también la verificación vehicular, en este 2018 se prevé recabar 77 millones 125 mil 758 pesos, en tanto que por desarrollo social, el otro concepto que es cobrado en tres ocasiones por diversos montos, la Secretaría de Finanzas calculó un ingreso de 154 millones 559 mil 737 pesos.
Con ello, la estimación supera los 500 millones de pesos por los contribuyentes que anualmente acuden a la Secretaría de Finanzas, o bien, realizan el trámite vía internet, del pago de posesión de vehículo, para que se les otorgue la tarjeta de circulación vigente, misma que debe ser renovada anualmente.
El presidente del Movimiento Vial Ciudadano, recalcó que si bien los impuestos son indispensables para las mejoras en las condiciones de vida, éstos no deben dañar la economía de las familias, como ocurre actualmente en la entidad.
