En contra de preceptos internacionales y a pesar de que tal acción ha sido calificada como un “fracaso global” en Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 32 países de cuatro continentes, el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa, en contubernio con la Cámara de Diputados de Oaxaca, busca privatizar el suministro de agua potable y, a través del Banco Mundial, ceder a grandes empresas la explotación de los recursos naturales de la entidad; tales proyectos han sido catalogados como “atroces” incluso en países de África, pues enriquecen a los grandes grupos a costa de la vida de los ciudadanos. Según informes oficiales, la privatización encare el acceso al servicio, agudiza la brecha con la población en pobreza y no eficienta la calidad del producto
David Méndez
La privatización del suministro de agua potable que actualmente promueve el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por iniciativa del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, ha sido considerada un fracaso global en países como Estados Unidos, Alemania y Francia y otras 32 naciones de cuatro continentes, debido a que el proceso encareció el servicio, agudizó la brecha con la población en pobreza, no eficientó la calidad del producto y tampoco se tradujo en una mejora en la infraestructura hídrica de las ciudades que apostaron por esos proyectos.
Mientras los diputados de Oaxaca aprobaron fast track y en secreto en noviembre pasado el dictamen que le abre la puerta a la inversión privada en el servicio de distribución de agua, 59 ciudades de Estados Unidos, 12 de Sudamérica, 49 de Francia, 12 de España, ocho de Alemania y dos de China, por mencionar algunas, han promovido o comenzado a promover reformas constitucionales que regresen a la administración pública el control de ese servicio, bajo el argumento de que las únicos beneficiadas con la privatización han sido las grandes empresas, de acuerdo con una investigación del Transnational Institute (TNI), la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos y el Observatorio Multinacional, retomada por el periódico inglés The Guardian.
«La experiencia directa con los problemas comunes de la gestión privada del agua -desde la falta de inversiones en infraestructura hasta aumentos de tarifas y peligros ambientales- ha persuadido a las comunidades y los legisladores de que el sector público está mejor ubicado para proporcionar servicios de calidad a los ciudadanos y promover el derecho humano al agua, «, comentó el autor del informe, Satoko Kishimoto, coordinador de agua del Transnational Institute en Bruselas.
«La cooperación entre los servicios públicos es la forma más eficiente de mejorar los servicios de agua y promover el derecho humano al agua «, dijo, en una entrevista concedida al rotativo.
Mientras la tendencia a nivel internacional es a la inversa, los integrantes de las comisiones de Administración de Justicia y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados de Oaxaca, pretenden justificar la privatización con que es un instrumento “eficaz” e “integral” para mejorar la calidad del servicio y aproximarse tanto a la universalidad como a los estándares impuestos por organismos internacionales.
“Se propone una ley idónea para encaminar al estado de Oaxaca hacia la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídricas a través de un ‘inmenso esfuerzo gubernamental, social y privado”, se puede leer en el último párrafo de la página siete de la exposición de motivos.
Pero la organización francesa Small Planet Institute tiene otro punto de vista. En 2015, en el mismo reportaje publicado por The Guardian, advirtió que, durante los cinco años previos, la tasa de fracaso de las privatizaciones de agua y alcantarillado habían aumentado a 34 por ciento en comparación con el índice de fracaso, durante el mismo periodo, de seis por ciento para energía, tres por ciento para telecomunicaciones y siete por ciento para transporte.
«Está claro que las PPP en el sector del agua aumentan las ganancias corporativas a expensas de las personas”, opinó el organizador senior en temas de agua de Corporate Accountability International, Nathaniel Meyer.
“La privatización, incluidas las PPP, simplemente no funciona. Donde se ha logrado un acceso casi universal al agua, casi siempre ha sido a través del compromiso público de construir y mantener la infraestructura, que representa el 75 por ciento del costo de entregar agua a los residentes. Invariablemente resulta en precios elevados, cortes de agua para aquellos que no pueden pagar y drásticas reducciones en la fuerza de trabajo”, agregó.
Corporate Accountability se ha distingo desde 1997, año de su fundación, por llevar a cabo una serie de campañas para proteger la salud pública, el medio ambiente y la democracia del abuso de las empresas transnacionales.
¿Por qué la privatización?
El gobierno estatal ha justificado la creación de una ley privatizadora del agua para tener acceso a recursos de un proyecto del Banco Mundial, cuyo objetivo es mejorar la infraestructura hídrica de naciones en vías de desarrollo, según datos proporcionados por el director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO), Juan José Consejo Dueñas, uno de los principales opositores a la iniciativa.
Hasta 2016, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Oaxaca existían 2 millones 506 mil ciudadanos (62.65 por ciento de la población total) sin acceso a servicios básicos en la vivienda, incluido el acceso al agua potable.
“Este proceso (de legislación de la ley estatal del agua) es absolutamente oscuro, no fue avisado que estaba agendado… nosotros creemos que es un asunto tan importante tendría que pasar por un proceso de discusión y de información con todos los sectores”, dijo Consejo.
“Resulta un poco extraño que, en este momento, sin aviso alguno, sin ningún proceso de información, mucho menos de discusión, se quiera pasar esta ley sin que nadie se dé cuenta”, criticó.
El entorno que prevalece en la entidad, que, además, registra los mayores índices de pobreza y marginación a pesar de los recursos multimillonarios de los que ha dispuesto durante los últimos 19 años (600 mil millones de pesos, que equivalen a 31 mil millones de dólares al tipo de cambio actual), es propicio para el proyecto del Banco Mundial.
En los países a los que la organización internacional ha podido ingresar, el capital ha sido otorgado por la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo privado del BM, que ha prestado más de 75 billones de dólares para proyectos de agua y saneamiento en todo el mundo desde 1995.
Sin embargo, los métodos utilizados por el BM han sido criticados por activistas, académicos y políticos porque opera a través del otorgamiento de préstamos para que grandes empresas se hagan cargo e inviertan en sistemas de agua, a menudo como parte de un conjunto más amplio de políticas de privatización
África y América Latina han sido dos de los principales objetivos de la CFI, que entre 1993 y 2013 completó 847 proyectos de agua; casi la mitad, en países americanos en vías de desarrollo.
No obstante, las críticas, las malas experiencias con las empresas que se han hecho cargo del suministro y las determinaciones de los gobiernos locales por recuperar la administración del agua han provocado que, en la actualidad, los proyectos de la CFI vayan a la baja.
“La CFI dijo que no tenía proyectos de concesión de agua en curso en África, y que estaba trabajando en muy pocos países en desarrollo en general. De un máximo de 85 grandes proyectos en 2007, solo 22 se registraron a partir de 2013”.
Además, el organismo reconoció que 63 proyectos, que representan el 28 por ciento de las inversiones totales de agua de la CFI en los últimos 20 años, han fallado o están en dificultades.
Antecedentes en México
La inconformidad social frenó en 2015 la intentona del PRI y PAN (éste último aliado del PRD) de privatizar el suministro de agua potable en todo México.
Una vez que académicos y activistas desnudaron los intereses neoliberales que perseguía el proyecto de la llamada Ley de Aguas Nacionales, los partidos optaron por recular y enviar a la congeladora el dictamen, promovido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que ya había sido aprobado en comisiones.
Desde ese momento, la treta cambio. El gobierno de la República y sus aliados intensificaron en los estados modificaciones a las constituciones locales para permitir así la participación de la iniciativa privada en la extracción, suministro y mantenimiento de las redes de agua potable y el tratamiento de aguas residuales.
Aquellos pactos comerciales incluyeron concesiones de hasta por 30 años para administrar el suministro de agua o para la construcción de megaproyectos a firmas internacionales como Grupo Higa y Odebrecht, hoy famosas por sus escándalos de corrupción en los que el gobierno mexicano ha sido partícipe a través de la aceptación de sobornos, como revelaron investigaciones.
Oaxaca
El 29 de abril de 2015, en Oaxaca, el aliancista Gabino Cué Monteagudo presentó una iniciativa en el Congreso del Estado que expedía la Ley del Agua del Estado.
La propuesta estipulaba permitir la participación de la iniciativa privada “en los asuntos relacionados con los usos, aprovechamientos y servicios de agua, así como para la realización de los estudios y proyectos que sean prioritarios”, según lo indica el dictamen, puesto aquella vez a disposición de la 62 Legislatura.
Es decir, tal iniciativa dejaba abierta la posibilidad de que en esta entidad, que acumula el mayor número de población en pobreza -2 millones 847 mil ciudadanos en 2016– y pobreza extrema –1 millón 67 mil personas en 2016–, la sociedad tuviera que pagar a una o múltiples empresas para recibir agua potable.
Propuesta, en contra del
Derecho internacional
El proyecto atentaba contra la Resolución 64/292 emitida el 28 de julio de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en la que se reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento.
Organizaciones Unidas estableció, entre sus países miembros, que tanto los gobiernos federal y estatales tienen la obligación de dotar a sus ciudadanos gratuitamente la cantidad de agua suficiente para permitir el uso doméstico y la higiene personal y que ésta debe cumplir los siguientes requisitos: ser saludable (libre se microorganismos y sustancias que pongan en riesgo la salud), aceptable (de buen aspecto), físicamente accesible (toda persona tiene derecho a unos servicios de agua y saneamiento accesibles físicamente) y asequible (que puede conseguirse por todos).
Cualquier intento de privatización violentaría los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía, advirtieron especialistas.
Durante dos años y medio, la iniciativa presentada por Gabino Cué permaneció, aparentemente, congelada en el Congreso de Oaxaca.
Reviven proyecto
No obstante, el pasado 27 de octubre, 11 meses después del comienzo del gobierno del priista Alejandro Murat, el tema no sólo fue puesto nuevamente sobre la mesa, sino que el dictamen fue aprobado por los diputados que, ya en la 63 legislatura, integran las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Administración de Justicia, que encabezan Samuel Gurrión Matías, del PRI, y de Morena, Hilda Graciela Pérez Luis.
Los artículos tres, cuatro, cinco, nueve y todo el 44, son algunos de los preceptos que hacen menciones directas sobre el otorgamiento de concesiones y permisos a empresas particulares para la extracción, distribución y el tratamiento de aguas residuales.
Además, la normativa pretende forzar legalmente a todos los propietarios de predios destinados a uso habitacional, comercial, industrial y otros, a contratar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y de saneamiento. El gobierno, cuando tuvo la obligación de dotar el servicio, incumplió con las metas de cobertura; sin embargo, una vez que concesione el servicio, los ciudadanos tendrán la obligación de acudir ante la iniciativa privada.
Para respetar el derecho humano al agua, los diputados, propusieron que cada ciudadano pueda disponer gratuitamente de “un mínimo vital” de 50 litros de agua al día; es decir, dos garrafones para cubrir sus necesidades fisiológicas, de aseo y de uso doméstico.
Tal cantidad, sin embargo, es anticonstitucional, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el mínimo vital en 100 litros por persona.
“Hay preocupación de que el dictamen mencionan el derecho humano al agua, pero no hay mecanismos para garantizarlo”, opinó Juan José Consejo.
“Prácticamente (la iniciativa) no tiene ninguna mención a los derechos de los pueblos indígenas en materia de territorio y patrimonio; prácticamente no tiene ninguna referencia a la sustentabilidad. Aunque lo menciona en el articulado, no aparece”, criticó.
