Oaxaca de Juárez, Oax.-El gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa no ha justificado la correcta aplicación de 2 mil 431 millones de pesos, que han sido ejercidos por diversas dependencias en el transcurso de este año.
Lo anterior, se desprende de los resultados parciales de 63 auditorías que ha realizado en 2017 la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con autoridades locales, y 25 auditorías más implementadas por órganos de fiscalización estatales, reconoció el titular de la Secretaría de la Contraloría, Jesús Ángel Díaz Navarro.
En un informe que Díaz Navarro entregó la semana pasada a la Comisión Instructora y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Congreso local, se resalta que “en el presente ejercicio”, la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con el gobierno estatal, programó 63 auditorías por un importe global de 6 mil 324 millones de pesos.
Tales pesquisas, agrega, derivaron en 217 observaciones por un importe de 2 mil 254 millones de pesos que hasta diciembre no han sido justificados.
“Estas observaciones se encuentran en proceso para ser solventadas, integrándose los expedientes que fueron remitidos al área de Responsabilidades y Situación Patrimonial para inicio del Procedimiento de Responsabilidad”, justificó el Secretario, al comparecer en la glosa del primer informe de gobierno de Alejandro Murat.
A lo anterior, se agregan inconsistencias por 177 millones 300 mil pesos emanadas de 10 auditorías a recursos estatales y federales, que fueron concluidas antes del 30 de septiembre.
“En lo que va de la actual administración, se iniciaron 25 auditorías de recurso federal y estatal por un monto fiscalizado de 5 mil 44 millones de pesos.
“Al 30 de septiembre se encuentran en proceso 15 auditorías y se han concluido otras diez, de las cuales tres seguimientos se han turnado al área de responsabilidades y situación patrimonial por presuntas irregularidades en la aplicación de 177 millones 300 mil pesos”, dice la página siete del documento.
No se especifican las dependencias en las que fueron detectadas las irregularidades.
