La semana pasada de gira por Guerrero, uno de los estados más significativos en violencia derivada de la siembra y tráfico de drogas; en un mitin en Tixtla, Andrés Manuel López Obrador en alusión a las otras mafias, las del narcotráfico, de pronto expresó “Si es necesario vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía –a los líderes del narcotráfico suponemos- siempre y cuando se cuente con el apoyo de las víctimas, no descartamos el perdón, se debe perdonar si está de por medio la paz y la tranquilidad del pueblo”.
Colocaba así, por primera vez en el debate electoral un tema que todos los partidos y candidatos –hasta ese día- soslayaban, miraban de reojo y evidentemente le dan la vuelta por dos razones fundamentales: su nula rentabilidad política y la enorme red de complicidades entre los poderes institucionales a todos los niveles y los poderes fácticos que controlan el negocio del narcotráfico. Connivencia que incluye desde –algunos- mandos del Ejército hasta policías municipales, desde presidentes municipales hasta altas esferas del poder; son lugar común las versiones de los “acuerdos” que hicieron “florecer” el cartel del Chapo Guzmán durante la docena trágica de la mafia azul; o actualmente los que tienen dividido y enfrascado en una lucha fratricida entre dos carteles al estado de Morelos y qué decir del estado de Tamaulipas, donde gobernador o candidato a gobernador que no pacte –con los carteles- se muere.
La respuesta no se hizo esperar; El General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional acotó “Este populismo deja de lado todo el mal que han hecho a México, por lo que no sería conveniente. Sería un gravísimo error el pensar en amnistiar a quienes han hecho tanto daño al país. Habría que consultar a la sociedad; a todos aquellos que han sido víctimas”; Francisco Soberón, Secretario de Marina dijo que “el planteamiento –de AMLO- fue hecho a la ligera, con un fin electoral más que real” y concluyó que la propuesta debería ser tomada como “mera propaganda”; Osorio Chong fue más contundente “esta propuesta es una ocurrencia muy peligrosa, no solo porque lastima a las víctimas, sino porque convierte al Estado Mexicano en un estado cómplice, en un estado criminal”. Respetando las visiones de los tres principales responsables de la seguridad en el país, valdría la pena preguntarles qué piensan sobre las víctimas y las complicidades del propio estado.
Ya subidos en la cresta de la ola, Ricardito Anaya el “niño Fidencio” de la mafia azul consideró la propuesta “otra más de sus locuras”; Jesús Zambrano se preguntó “¿amnistía para los criminales que envenenan a la gente y especialmente a nuestros hijos, como si fueran luchadores sociales? ¡Qué barbaridad!”; Margarita Zavala –sin rubor por la guerra, los muertos, desaparecidos, daños colaterales y complicidades del calderonato dijo “AMLO quiere amnistía para corruptos y criminales. Su propuesta es un país de impunidad, yo quiero un México donde se respete la ley”; Miguel Mancera –antes de perder frente Anaya- formuló un juicio más articulado al argumentar que “la ley que sanciona las conductas por narcotráfico no puede hacer distinciones en materia de los capos, tendría que hacerse prácticamente una transformación legislativa para que dejara de ser delito, entonces lo primero que tendrías que hacer es legalizar todas las drogas en el país” y sentenció “una amnistía en ese sentido, estaría aceptando un narco estado”.
En redes sociales el matiz del debate fue diferente, Natalia Mendoza tuiteó “Se escandalizan, pero la amnistía de facto ya existe, se llama impunidad”; las respuestas fueron en varios tonos “eso es verdad y la impunidad sólo ha traído más violencia, mal lo que ha pasado y mal por AMLO por decirlo”; “sin duda ha traído más violencia, pero ha sido selectiva y ha estado acompañada de guerra, represión política y encarcelamiento arbitrario”; “la amnistía en cambio podría suponer claridad sobre los delitos indultados y por lo tanto una investigación. Mas justicia no menos”; “no sé si AMLO pueda encabezar ese diálogo pero hay que imaginar una salida a la guerra sin perpetuarla”; Andrés Lajous opinó “nuestro país lleva 12 años con miles de ciclos de venganza sueltos, más guerra y más soldados sólo los perpetúan”; “¿en un país que ha acumulado más de doscientos mil muertos y 33 mil desaparecidos en diez años nos escandaliza que un candidato “analice” alternativas para reducir violencia?” –José Merino-; “¿Cuántas de las comunidades azotadas por la barbarie cuentan con familias o individuos que estén dispuestos a perdonar al perpetrador de su dolor? Una pregunta así debería hacer el INEGI, sería un buen inicio para saber dónde estamos parados en este frente” –Rodolfo Castellanos-.
La contra réplica de López Obrador fue señalar que el Presidente Peña había “subido al ring” de la política a los secretarios de Defensa y Marina y desde Juchitán les dijo “no creo que sea correcto pensar en resolver un problema como el de la inseguridad y la violencia con la consigna de ojo por ojo, diente por diente”.
Como se advertirá, el intercambio declarativo sobre la amnistía al narcotráfico fue intenso y mediático; da la impresión de que el principal objetivo de Andrés Manuel fue, como lo hacía en sus conferencias mañaneras, dictar la agenda y en este caso jalar la marca del destape de Meade y sus secuelas de cambios en el gabinete; Carlos Bravo lo definió así “Si AMLO quiere proponer un proceso de amnistía o comisión de la verdad, que lo haga bien, con argumentos, no improvisando durante un chacaleo. ¿Quiere que lo tomemos en serio? Pues que empiece por tomarse en serio él”.
Plantear la reconciliación, comisiones de la verdad, amnistías, si bien son deseables y urgentes, son temas muy complejos en los que no caben maximalismos y adjetivaciones a la ligera. Es claro que la estrategia actual en materia de seguridad es un fracaso. Pero, ¿podemos comenzar a hablar de potenciales vías de conciliación, reivindicación, perdón y memoria mientras la experiencia traumática sigue aconteciendo? Hablar de perdón como medida para pacificar el país, en comunidades que al día de hoy padecen el azote del crimen organizado, es profundamente problemático, por no decir un despropósito.
Por supuesto que hay que construir la paz. Pero ello es un proceso, implica un conjunto de medidas, planteamientos, cambios legislativos que limiten el impacto de la violencia armada, corten fuentes de financiamiento y lavado de dinero, actúen sobre las causas, eleven niveles de desarrollo, voluntad política de una clase política que hasta hoy ha sido omisa y hasta cómplice y sobre todo respeto a los derechos humanos. Ni paz ni amnistía se pueden dar por decreto ni ser producto de una “consulta popular”.
La declaración de López Obrador, pensada o no, estructurada o al calor de un mitin, abrió el debate al poner sobre la mesa estrategias distintas para abordar el flagelo del narcotráfico. Por supuesto, hay que construir la paz, reconciliar a las comunidades, rescatar la memoria de lo arrancado, restaurar la autoridad civil y sus instituciones. Y en el caso del perdón, antes que las víctimas lo otorguen a sus perpetradores, es el Estado quien debe pedirlo por haber fallado.
¿Alguien puede asegurar que esto ya está decidido?
RAÚL CASTELLANOS HERNÁNDEZ / @rcastellanosh
