David Méndez
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben ser habilitadas como la entidades responsables de dar seguimiento “en tiempo real” a la ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas devastadas por los sismos de septiembre, con el objetivo de evitar que las autoridades locales incurran en actos de malversación de recursos, como ha ocurrido en otras contingencias, exigieron senadores.
A través de un proyecto de punto de acuerdo, demandaron que durante la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la Cámara de Diputados establezca como una obligatoriedad para disponer de los recursos del fondo de reconstrucción la presencia de testigos sociales desde al inicio de la licitación hasta el término de las obras.
Los legisladores solicitaron, además, que los “testigos sociales” se encarguen de informar “periódicamente” al Sistema Nacional Anticorrupción de cualquier anomalía.
Asimismo, requirieron “blindar” el presupuesto y evitar que se destine a obras que carezcan de fundamentos técnicos; para ello, exigieron que entre el tres y cinco por ciento del presupuesto se destine a la realización de estudios de ingeniería.
Hace dos semanas, el Presidente de México, Enrique Peña, reportó que el presupuesto requerido para rehabilitar las zonas afectadas por los sismos ascendía a 48 mil millones de pesos.
En respuesta, la semana pasada, la Cámara de Diputados autorizó en el dictamen de la Ley de Ingresos 2018 una partida de 43 mil millones de pesos para hacer frente a las contingencias.
