La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha recibido en lo que va de 2017, 59 quejas contra corporaciones locales, cuyos elementos han incurrido en tratos crueles, degradantes e inclusive tortura; tan solo en el último mes estos cuerpos policiacos han enlutado a dos familias de Santa Lucía del Camino y Tezoatlán de Segura y Luna
Flor HERNÁNDEZ
En la calle de Calicanto, la música de banda suena fuerte, decenas de personas regresan a pie del panteón, donde acudieron a depositar la cruz de Zeferino que durante la madrugada levantaron entre rezos y oraciones, como parte de la tradición católica.
El ambiente es triste, hay indignación, rabia e impotencia. En la casa del difunto se colocaron mesas y sillas, un módulo azul cubre parte del patio. En el corredor está el altar, hay varias imágenes religiosas, flores, al centro una cruz compuesta por veladoras y al frente una fotografía de Zeferino.
Los asistentes a los “nueve días” portan una playera blanca con una cruz negra, y la leyenda en el anverso: Tu familia te recordara (sic) ¡Exigimos justicia! y en el reverso #Todossomoszeferino.
El sábado 5 de agosto, alrededor de las 21 horas, Zeferino Soriano Morales fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino en la misma calle en la que se encuentra ubicada la casa de sus padres.
Esa noche una patrulla se detuvo frente a un grupo de hombres que se encontraban afuera de una tienda, de entre todos, los policías municipales se llevaron a Zeferino.
Cuando le avisaron que su hijo Zeferino había sido levantado por la policía, don Alejandro Soriano lo tomó con tranquilidad, al suponer que se trataba de una falta administrativa, por lo que no fue hasta el día siguiente (domingo por la mañana) que acudió a los separos de Santa Lucía, pero no le permitieron ver a su familiar.
“Por la tarde una persona de una funeraria nos informa que mi hijo estaba muerto. El cuerpo nos lo entregaron lastimado, golpeado y con huellas de esposas. Lo golpearon sin que se pudiera defender, no pudo correr o cubrirse los golpes”, relata el padre del occiso.
En el rostro adusto de don Alejandro que es cubierto por la visera de una gorra, muestra el coraje y la ira de un padre que clama justicia para que la muerte de su hijo no quede impune.
Zeferino había dejado Oaxaca hacía cuatro años para probar suerte en Francia, de donde es originaria su esposa. Como miles de migrantes salió con la intención de tener una vida mejor. Volvió a casa de sus padres en abril, y aquí en su lugar de origen, la muerte le alcanzó.
“Mi hijo estaba sano, no tenía ninguna enfermedad, me lo mataron y exijo justicia. Sé que esto va a llevar tiempo, pero no nos vamos a cansar, vamos a exigir que los responsables paguen su culpa”, sentencia don Alejandro.
Abusos policiacos, una constante
El abuso y el uso desmedido de la fuerza que ejercen los cuerpos policíacos municipales es una constante en Oaxaca, que tan sólo en el último mes, ha enlutado a dos familias de Santa Lucía del Camino y Tezoatlán de Segura y Luna.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha recibido en lo que va de 2017, 59 quejas contra corporaciones locales, cuyos elementos han incurrido en tratos crueles, degradantes e inclusive tortura.
El visitador general del organismo, Juan Rodríguez Ramos, apunta que las principales denuncias que recibe la DDHPO son contra las autoridades locales y específicamente por los abusos en que incurren sus policías.
En entrevista, refiere que de 2010 a la fecha, seis personas han muerto en los centros de detención de Oaxaca de Juárez, Alotepec, Cuilápam, Camotlán, Santa Lucía del Camino y Tezoatlán de Segura y Luna, estos dos últimos ocurridos en agosto de este año.
“Las autoridades tienen la obligación de preservar la salud física e integridad de los detenidos”, apunta, por lo que la Defensoría se encuentra en alerta por la actuación ilegal de los cuerpos de seguridad.
Añade que los elementos de la Policía Estatal y Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) también son observados, debido a que han incurrido en prácticas que atentan contra la vida de personas detenidas, tales como daños a la integridad física, e inclusive prácticas de tortura.
“Es preocupante que las corporaciones policiales carezcan de capacitación. Es necesario fomentar una cultura del respeto a los derechos humanos y tener claro que el hecho de respetar las garantías de alguien que pudo o no haber cometido un delito, no significa que se defienda a un delincuente”, advierte.
Una corporación policíaca no debe atentar contra la vida de una persona, porque este acto violenta lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, afirma.
La autoridad no da la cara
El reciente asesinato de Zeferino Soriano Morales en los separos de la policía de Santa Lucía del Camino, cometido presuntamente por policías municipales, puso al descubierto una serie de irregularidades en la corporación de este municipio conurbado a la capital.
“Mi hijo no tiene precio”, recalca don Alejandro Soriano mientras respira con fuerza. A nueve días del asesinato de su hijo Zeferino, el hombre asegura que no descansará hasta que la justicia devuelva un poco de paz a su hogar.
–¿Ha habido apoyo de las autoridades?, pregunta Real Politik.
— No. El presidente municipal de Santa Lucía (Raúl Cruz González) no ha dado la cara, ni siquiera para defenderse, para decir que él no tuvo nada que ver. Pero cómo no va a tener algo que ver si es su policía ¿A poco no sabe lo que andan haciendo?
El cuestionamiento queda en el aire. Y continúa con un reclamo hacia las autoridades, la inseguridad, el abuso policial del que son sujetos los habitantes de la población desde hace mucho tiempo, quienes continuamente enfrentan el acoso y abuso de las autoridades.
“Los vecinos lo saben, todos los que vivimos aquí preferimos alejarnos antes que pedir ayuda a la Policía de Santa”, confiesa.
La autopsia de Zeferino reveló que el cuerpo se encontraba limpio de droga y de alcohol, por lo que las autoridades no pueden argumentar que fue detenido por embriagarse en la vía pública, sostiene Alejandro.
Hasta el momento, no encuentra una respuesta a todas las preguntas que tiene y le generan una inmensa tristeza que se refleja en su rostro.
Santa Lucía bajo la lupa
El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reconoce que la corporación policíaca de Santa Lucía del Camino ha tenido diversos señalamientos por parte de personas que han sido detenidas.
“Cuando un municipio crea un cuerpo de seguridad, quien encabeza el ayuntamiento tiene la obligación de capacitar a los elementos para que verdaderamente brinden el servicio y eviten dañar algún bien o la integridad física de las personas”, apunta.
Agrega que las autoridades deben proporcionarles a los policías la instrucción necesaria para cumplir con su deber, como es la formación, el equipo y cursos que les permitan saber el tipo de arma que deben utilizar de acuerdo a cada situación.
Poco se requiere de normatividad, indica Rodríguez Ramos, lo que es urgente es que los policías cumplan con las leyes del Sistema de Seguridad Pública y Uso de la fuerza, así como los Principios básicos de la ONU para el uso de la fuerza y armas de fuego, además del Código de ética para servidores públicos y encargados de hacer cumplir la ley.
El control de confianza, considera, es sólo uno de los elementos que coadyuvan para seleccionar a una persona que pueda realizar un buen trabajo como policía, pero no es lo único.
“El hecho de que un elemento de una corporación pase el examen de control de confianza no garantiza que no incurra en abusos. Se necesita de capacitación y sensibilización sobre su labor”, afirma.
El visitador general apunta que la Defensoría ha trabajado con los cuerpos policíacos de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y la Policía Estatal en materia de derechos humanos, sin embargo, confirma que hace falta redoblar esfuerzos.
Mientras tanto, en la casa de Zeferino la justicia espera, el viacrucis en la exigencia de la misma, apenas comienza.
