El documento presentado por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al pueblo de Oaxaca la semana pasada está cojo en cuanto a líneas de acción contundentes para erradicar los constantes bloqueos, marchas y manifestaciones de grupos organizaciones sociales y restaurar el Estado de Derecho en la entidad. Desde su construcción, el PED enfrentó cuestionamientos, el principal, haber arrancado de manera tardía la inclusión de la sociedad en su construcción
Claudia MAYORGA
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2022 carece de objetivos, estrategias y líneas de acción claras respecto a problemas de gobernabilidad que enfrenta la entidad, tales como los constantes bloqueos, marchas y manifestaciones que realizan organizaciones sociales, sindicatos y particulares.
El pasado martes 22 de agosto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa presentó el documento ante su gabinete, invitados y representantes de los medios de comunicación en el interior del Palacio de Gobierno.
Al exterior del recinto las protestas continuaron: los desplazados triquis que han hecho del corredor de la sede del Poder Ejecutivo su vivienda desde 2009; los simpatizantes de la organización 14 de Junio que fueron expulsados del tiradero de Zaachila por sus vecinos, continuaron habitando el Zócalo; a una cuadra, el plantón magisterial afuera de su sede sindical que ya cumplió un año; la basura acumulada en las calles tras el cierre del basurero, entre otras.
El gobernador aprovechó la pasarela de servidores públicos para advertirles que realizará un análisis de sus labores y en caso de detectar que incumplen con las mismas, quedarán fuera de su proyecto de gobierno que inició hace ya ocho meses.
Al calor del medio día, el mandatario apuntó que el PED fue construido a partir de 11 foros regionales, 8 estatales y 1 virtual en el que participaron poco más de 5 mil personas. Los participantes representan el .12% del total de tres millones 976 mil 297 habitantes del estado del que tiene registro hasta 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El documento avalado por el Congreso del Estado, luego de más de dos meses de comparecencias de funcionarios ante la Comisión de Presupuesto que encabeza el perredista Toribio López Sánchez, tiene cinco ejes: Oaxaca incluyente con desarrollo social; Oaxaca moderno y transparente; Oaxaca seguro; Oaxaca productivo e innovador y Oaxaca sustentable.
Así también el “instrumento para guiar las acciones de gobierno” cuenta con tres rubros de política transversal: nuestros pueblos originarios; nuestras niñas, niños y adolescentes y nuestras mujeres.
PED a marchas forzadas
Desde su construcción, el Plan Estatal de Desarrollo enfrentó cuestionamientos. El principal, haber arrancado de manera tardía la inclusión de la sociedad en su construcción. De acuerdo al documento de 203 cuartillas, la primera mesa temática se efectuó el 8 de marzo –tres meses después del arranque del gobierno—y concluyó un mes después.
Tras ello, el documento se entregó al Congreso el 31 de mayo, donde permaneció hasta el 16 de agosto de este 2017, cuando fue avalado por 27 votos a favor y 14 en contra.
Durante su estancia en la LXIII Legislatura, la propuesta del Ejecutivo fue duramente señalada por las fracciones parlamentarias de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El coordinador de la bancada del Sol Azteca Carol Antonio Altamirano, inclusive, acusó a través de los medios de comunicación, negligencia por parte del gobierno del estado. Mientras tanto, su compañero de bancada y presidente de la Comisión de Presupuesto, Toribio López Sánchez, avaló el dictamen.
El pleito perredista, trascendió, se debió a la negociación que pretendió encabezar y realizar por sí solo Antonio Altamirano con el mandatario estatal, a cambio de prebendas, lo que no prosperó y quedó exhibido ante su fracción.
Por su parte, el coordinador de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Juan Mendoza Reyes, también calificó el PED como carente de instrumentos que permitieran elaborar una medición de los avances gubernamentales.
Señaló también que los miembros de la Comisión de Presupuesto tendrían que corregir el documento para tratar de ofrecerle a Oaxaca una ruta digna. Sin embargo, el 16 de agosto durante su intervención en el Pleno por la aprobación del dictamen que avalaba el PED 2016-2022, se pronunció a favor del mismo.
Las y los integrantes de Morena, votaron en contra del dictamen. El ex perredista, ex petista y ahora morenista Jesús Romero, en un intento de explicar su decisión, cayó en sus acostumbrados cantinflismos, aunque reclamó a sus compañeros diputados y diputadas su sometimiento.
Días después, desde la Secretaría de las Infraestructuras se filtró un oficio en el que se da cuenta de la entrega de cemento (más de 50 toneladas) al diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel León, lo que provocó sospechas sobre el pago que habrían recibido las y los legisladores que votaron a favor del PED.
Sin estrategias
El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 identifica problemas graves en cuanto a gobernabilidad en Oaxaca. En el eje 3: Oaxaca seguro, apartado 3.4 se detallan las principales dolencias en la materia.
En cuatro páginas se resume la integración de la entidad y sus 570 municipios, la conflictividad postelectoral, agraria, el movimiento magisterial y las organizaciones sociales.
Respecto a los miembros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a quienes se les otorga el mayor número de líneas del diagnóstico, se les acusa de ser los responsables de la poca infraestructura educativa, dado que no han permitido el ingreso de la Reforma Educativa a Oaxaca.
“Dentro de sus principales acciones y manifestaciones de protesta se encuentran la toma de instalaciones estratégicas, bloqueos carreteros y de vialidades, marchas y plantones, entre otras tendientes o encaminadas a generar el caos y el conflicto”, detalla el documento.
En cuanto a las 425 organizaciones sociales de las que tiene conocimiento el gobierno del estado, se les responsabiliza de solicitar múltiples apoyos que van desde infraestructura básica (rehabilitación y construcción de caminos rurales, puentes, introducción y ampliación de redes de agua) hasta recursos para emprender ciber cafés, tortillerías y concesiones de taxis y mototaxis.
El objetivo que se plantea el gobierno de Alejandro Murat en este rubro es único: “Garantizar la gobernabilidad y la paz plena en el estado mediante la atención oportuna de la agenda social, política, municipal, agraria, sindical y religiosa, en estricto apego al marco de derecho y a través del diálogo para otorgar una respuesta sustentada a las solicitudes de intervención y demandas presentadas por autoridades, organizaciones y ciudadanía oaxaqueña”.
Las estrategias son solamente tres: fortalecer la coordinación interinstitucional; llevar a cabo campañas de difusión y sensibilización en el ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas; y realizar cursos y talleres para las autoridades municipales.
Con lo anterior, el gobierno de Oaxaca pretende hacer frente a la conflictividad política, social y sindical que enfrenta el estado, en el que se registran diariamente al menos tres protestas.
