Acostumbrado a los “moches” y la operación política a favor del PRI, Alejandro Avilés inició el montaje de una oficina en Santa Lucía del Camino, que opera su hermano Carlos, quien ha contratado a operadores políticos que provienen de la Secretaría de Gobierno.
Entre los operadores del equipo destaca Edmundo Antonio Hernández Gavilán, ex coordinador de la Comisión Permanente para la Atención de Desastres Naturales (Copeaden) y ex coordinador general regional de la Secretaría de Gobierno, en tiempos de Gabino Cué Monteagudo.
Hernández Gavilán también fue integrante de la desaparecida Comisión Tripartita para la Regularización de Servicios Educativos, en tiempos del liderazgo de Rubén Núñez Ginez en la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Estando en esa función de enlace con el magisterio, el 4 de abril del 2013 suscribió un documento dirigido a José Carlos Cervantes Azcona, director de servicios jurídicos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), para presentar una relación de dos mil trabajadores de la Sección 59 para la suspensión de sueldos, a partir de la primera quincena de abril. Esta acción originó las movilizaciones del gremio afectado.
El dos de diciembre del 2014, representantes de las agencias municipales de Santiago Camotlán y de la cabecera municipal denunciaron que dicho funcionario, siendo coordinador regional en la Costa de la Segego, recomendó a su constructora para que realizara un camino en ese municipio, aprovechando la intervención de la oficina gubernamental en un conflicto electoral.
El mismo funcionario del estado demandó al gobierno, al exigir un pago de indemnización y prestaciones económicas, en contra del Colegio de Bachilleres, en el laudo 05/07/2013 y concluido en beneficio del propio demandante en el convenio 23/09/2016, cuando aún seguía siendo servidor público en la Segego.
En el 2013, Hernández Gavilán fungía como coordinador general de la Segego.
Edmundo Antonio demandó al Cobao, donde trabajaba su esposa Oralia Arreola Correa, quien en noviembre del 2009 fue cesada como directora administrativa de la dirección general, por instrucciones de la Secretaría de la Función Pública. La señora había laborado en esa institución, a pesar de que se encontraba inhabilitada por la dependencia federal desde el 2004.
En 2012, como representante legal de Taller Industrial Comunitario Ñuu Savi S.C. de R.L., Hernández Gavilán demandó a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, derivada de una licitación pública internacional, relativa a la “adquisición de instrumentos musicales para bandas de aliento”.
La Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió en el expediente 004/2012 sobreseer la inconformidad del funcionario, que en ese entonces atendía desastres naturales para la Segego, bajo el mando de Jesús Martínez Álvarez.
La oficina de Hernández Gavilán inició la semana pasada la convocatoria a las asociaciones civiles, organizaciones sociales y de productores, para intermediar los recursos sociales, a través de Carlos Avilés, a quien apodan “El Charli”.
