Alejandro Avilés Álvarez afirma ser originario de Cosolapa, a pesar de que muchos lo acusan de ser de Tezonapa, Veracruz, aunque ambas comunidades solo las divide una calle y hasta comparten un mercado público.
Su aparición en la vida pública fue en el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano, cuando fue empleado de la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, que manejaba Jorge Bustamante García.
En el gobierno de José Murat, Avilés fue empleado personal de Ulises Ruiz Ortiz, quien fue senador y dirigente del PRI.
Ya en el mandato estatal de Ulises, el político fue impuesto como diputado local de la 59 Legislatura, al ser colocado en la lista plurinominal, luego de que perdiera en 2012 la elección en el distrito electoral federal 02 de Teotitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca.
El 10 de abril del 2016, como dirigente estatal del PRI y sin dejar su curul, Alejandro Avilés Álvarez fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por la presunta venta de candidaturas que van desde el millón hasta los tres millones de pesos.
Según la denuncia de militantes y simpatizantes, los cobros los hizo desde la etapa de selección de candidatos, aunque pedía dinero “a lo largo de su carrera política, que por sus acciones, pocos se atreven a denunciar”.
“Avilés Álvarez es muy hábil para mentir y sucio para hacer este tipo de trabajos, que con el manejo de recursos se ha rodeado de gente que lo solapa, pero confiamos en que aún podemos tener respuestas de las instancias como la Fepade para hacer que éste político ya no siga haciendo daño a nuestro partido y deteriorando nuestra imagen como instituto político”, puntualizaba la querella que fue retomada por la revista proceso.
El 3 de enero 2015, los dirigentes estatales del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y hasta del Partido Unidad Popular (PUP), se unificaron para exigir la remoción de Avilés como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local.
Lo acusaron de haber sobornado a sus diputados y de pretender desaparecer poderes “por la mala” en al menos cuatro municipios gobernados por la oposición, entre ellos Animas Trujano y San José Cosalapa, lo que ya había generado una crisis de ingobernabilidad política y social.
Además lo señalaron de designar sin consenso de los grupos parlamentarios a dos priistas al frente de la Tesorería y de la Oficialía Mayor del Poder Legislativo.
Además lo acusaron de obstaculizar la convocatoria que tienen que hacer el pleno de la Cámara de Diputados para celebrar elecciones en al menos unos 30 municipios donde hay nombrados administradores municipales y falta elegir autoridades electas democráticamente.
Juan Mendoza Reyes, dirigente estatal del PAN, y Rey Morales Sánchez, entonces líder estatal del PRD y hoy militante de Morena, advirtieron del regreso del autoritarismo priista, por lo que anunciaron una coalición legislativa de sus fuerzas.
Tras la derrota del PRI ante Gabino Cué Monteagudo, volvió a ser legislador local y primer presidente de la Junta de Coordinación Política, una nueva figura que sustituyó junto con la Mesa Directiva a la Gran Comisión que mantenían los congresos priistas.
Acostumbrado a traicionar a sus amigos, en diciembre del 2015, el entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso, afirmaba que no traicionó al ex gobernador Ulises Ruiz por apoyar las aspiraciones de Alejandro Murat como candidato a la gubernatura de Oaxaca.
“Ulises es mi amigo y todos los ex gobernadores tienen que sumarse a un proyecto”, decía, aunque Ruiz Ortiz y José Murat, eran enemigos declarados.
Luego de inclinarse por Alejandro Murat en la Sesión del Consejo Político Estatal del PRI, que definió los métodos y procedimientos para la elección de los candidatos a gobernador, diputados y presidentes municipales, Avilés también operó en el Congreso la eliminación del requisito de residencia de cinco a tres años, para favorecer al hoy gobernador.
El pago a los favores fue el nombramiento como secretario General de Gobierno, a partir del primero de diciembre de 2016.
