A pesar de que aportan 130 mil millones de dólares anuales a la economía de California, el Estado no les paga con la misma moneda, no tienen acceso a los servicios sociales como educación y salud; el 30 de septiembre el gobierno cancelará la póliza de servicios médicos a quienes no tengan permiso legal para estar en Estados Unidos
Agencias
Un informe presentado por la Universidad del Sur de California (USC) y el Centro de Políticas de Inmigrantes de California, calcula que cerca del 10 por ciento de los trabajadores del estado son indocumentados y aportan 130 mil millones a la economía anualmente.
“Los migrantes indocumentados son una parte muy importante del mercado laboral de los barrios y de la fábrica social del estado de California”, dijo Manuel Pastor, profesor de la Universidad del Sur de California, quienparticipó en el estudio.
Sin embargo, a pesar de su contribución los inmigrantes indocumentados reciben muy poco a cambio, por ejemplo, 58 por ciento no tiene seguro de salud.
“No están recibiendo mucho en beneficios porque no tienen muchos derechos de acceso a los servicios sociales o de la salud pública”, reconoce Manuel Pastor.
La mayoría de los indocumentados de California trabajan en la agricultura y la construcción.
Este es el tercer estudio realizado por el profesor Pastor y lo que busca es que el estado mejore la calidad de vida de los inmigrantes.
“Nosotros podemos mejorar todo el estado, mejorando la vida de los migrantes, incluyendo los indocumentados”, señala.
A falta de una reforma migratoria, el profesor de la Universidad del Sur de California quiere despertar la conciencia de los políticos y demostrar que los inmigrantes indocumentados no son una carga para el estado.
“Tenemos que darnos cuenta que el futuro de California es un estado migrante, con una población muy grande, pero eso es importante para todos los estados en EEUU”, mencionó Pastor.
Los migrantes latinos y asiáticos trabajan más que sus similares nacidos en EEUU.
Según el informe “Mirando hacia adelante: contribuciones de los inmigrantes al Estado Dorado”, en el caso de la agricultura, aproximadamente el 38% de los trabajadores residen como indocumentados en el país.
“California es hogar de más de 10 millones de inmigrantes, cada uno de los cuales agrega a la vitalidad cultural, cívica y económica del estado en formas tanto medibles como intangibles”, destaca el estudio.
Detalla que los inmigrantes participan en la fuerza laboral en porcentajes mayores que aquellos trabajadores nacidos en el país. Así, el 59 por ciento de los inmigrantes mayores de 16 años, están empleados en California contra el 55 por ciento de sus similares nacidos en Estados Unidos.
Esta diferencia es marcadamente mayor entre los hombres latinos y asiáticos, de los cuales, cerca del 81 por ciento en edad laboral (25 a 64 años) está empleado, en comparación con el 72 por ciento de los hombres de origen latino y asiático nacidos en los Estados Unidos.
Los detractores opinan que la inmigración indocumentada tiene costos muy altos.
Los trabajadores inmigrantes contribuyen con cerca del 31 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del Estado Dorado, lo que equivale a 650 mil millones de dólares, afirma el reporte.
De esta participación, los inmigrantes indocumentados contribuyen con 130 mil millones de dólares al PIB de California, “una suma mayor que todo el PIB del vecino estado de Nevada”.
No obstante, los activistas opuestos a la inmigración indocumentada, como Dick Schneider, presidente de Californiansfor Population Stabilization (CAPS), argumentan que estas cifras hay que cotejarlas con los costos de educación, seguridad, salud pública y otras gastos sociales que genera la inmigración indocumentada.
El análisis utilizó información procesada por el Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes de USC de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense, otros datos del Censo y de los Departamentos del Trabajo y de Seguridad Nacional, entre otras fuentes.
Seguro de salud en riesgo
Más de 300 mil migrantes en Estados Unidos podrían perder el seguro de salud que ofrece el gobierno si no demuestran que tienen permiso legal para estar en el país, pero barreras como el idioma y fallas informáticas están afectando los esfuerzos para alertarlos.
Muchos de estos migrantes se afiliaron al seguro médico gracias a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, conocida también como Obamacare porque fue promovida por el presidente Barack Obama.
El gobierno envió cartas en inglés y español el mes pasado para notificar a las personas que si los documentos de migración y ciudadanía no fueron entregados el 5 de septiembre, el día 30 quedará cancelada su póliza.
Sin embargo, pocos han respondido. Autoridades de salud informaron el martes que 239 mil de los originales 300 mil siguen todavía recibiendo avisos finales.
Defensores de los migrantes dicen que muchos no están respondiendo a los avisos del gobierno por la barrera del idioma, ya que se enviaron sólo en inglés y español y no tomaron en cuenta la variedad de lenguas.
También dicen que aquellos que recibieron las cartas ya habían presentado los documentos, ya sea por correo postal o vía electrónica, pero la documentación se perdió o no fue procesada. Y temen que aquellos que no han respondido, no entienden la gravedad de la situación o piensan que ya cumplieron.
Una línea al final de la carta aconseja llamar a un número si necesitan que les traduzcan el aviso, dice Amy Jones, de SoutheastAsian Mutual AssistanceAssociationsCoalition Inc.
“La gente no sabe lo que dicen los avisos o que no es importante. Muchos los han tirado’”, agrega Jones, cuya agencia ayudó a 450 migrantes a inscribirse al seguro médico con la nueva ley.
VickiTucci, abogada del grupo Legal Aid en West Palm Beach, dijo que ha recibido noticias de menos de 20 clientes, a pesar de que se reunió con miles durante el período de inscripciones. Algunos pensaron que la carta era un fraude y la ignoraron.
Tal vez es más frustrante, dijo, es que todos salvo uno de los que recibieron las cartas con los que habló, ya habían enviado sus documentos.
“Traían consigo su recibo de correo certificado para demostrar que los habían enviado”.
De los ocho millones de personas que se inscribieron para tener servicios privados a través de la ley de seguro de salud, casi un millón de migrantes recibieron cartas donde se les pidió que demostraran que tenían permiso para residir en el país y unos 700 mil han sido verificados. Bajo esta ley, aquellos que no tengan residencia legal para vivir en el país, no son elegibles al programa de salud ni para recibir subsidios.
Florida y Texas tienen el mayor número de inmigrantes, cuya información migratoria y de ciudadanía se contradice con lo que escribieron en sus documentos al inscribirse al seguro.
Casi 100 mil en Florida recibieron cartas de los federales, sin embargo dos importantes grupos de ayuda han recibido pocas llamadas pidiendo su asistencia.
Muchos usuarios dicen que siguen recibiendo solicitudes para entregar documentos aunque ya los han enviado varias veces. Sin embargo, las autoridades están retrasadas procesando los papeles.
Además, aquellos que suben los documentos por computadora a www.healthcare.gov deben llamar para verificar si fueron recibidos.
