Tras una escalada en el nivel de violencia, que en junio pasado dejó un muerto y decenas de heridos, ambas poblaciones de la Sierra Mixe firmaron un pacto de no agresión, bajo la condición de que el gobierno del estado encuentre el mecanismo de solución que ponga fin a este conflicto territorial por la posesión de 150 hectáreas de tierra, incluido un manantial
David Méndez
Tras la escalada de violencia que se suscitó en aquella zona de la Sierra Mixe del estado, donde en junio se registró un ataque armado que arrojó un saldo de un muerto y al menos 10 lesionados, autoridades municipales de Tamazulápam del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, firmaron la semana pasada un acuerdo “de paz y concordia” ante la Secretaría General de Gobierno (Segego).
Ambos pueblos se comprometieron a suspender las hostilidades que habían mantenido desde mayo pasado por la disputa de alrededor de 150 hectáreas de tierra y que, además de derramamientos de sangre, se tradujeron en bloqueos sobre la autopista Oaxaca-Istmo y la colocación de barricadas y trincheras en todos los caminos que interconectan a las localidades.
Mientras dure la mesa de trabajo con el gobierno estatal, los ayuntamientos se comprometieron, también, a no permitir la intervención en la negociación de las autoridades auxiliares de ambos municipios ni la injerencia de asesores, políticos de cualquier nivel o comisionados que surjan de las asambleas comunitarias.
Lo anterior, luego de que el 5 de junio pasado, la Junta de Conciliación Agraria (JCA) reconoció que la Asociación Servicios del Pueblo Mixe, liderada como Adelfo Regino Montes, ex secretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca, había brindado asesoramiento jurídico a la población de Ayutla.
Tal aseveración, hecha por el titular de la JCA, Encar Manuel Zamora Domínguez, causó la inconformidad del ex servidor público, que desmintió la versión y demandó al titular de la Segego, Héctor Anuar Mafud, enmendar lo que, a su juicio, era un error.
Desde entonces, el titular de la política interna de la entidad, prohibió a la Junta de Conciliación Agraria emitir cualquier tipo de pronunciamiento sobre el conflicto entre Ayutla y Tamazulápam.
Mediación
A partir de ahora, el gobierno estatal y los pueblos inconformes buscarán llegar a un acuerdo para zanjar de manera definitiva las pugnas por la propiedad de los parajes El Manantial y El Paraíso, que conforman una extensión de 1.5 millones de metros cuadrados, que fueron invadidos el pasado 18 de mayo por comuneros de Tamazulápam.
Dentro de este perímetro se encuentra un yacimiento de agua que es utilizado por Ayutla para dotar de este recurso a su población; sin embargo, en esa misma zona, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Tamazulápam también posee una concesión que le da derecho a la explotación del líquido para consumo humano.
Antes de que aquellos predios fueran invadidos, los pobladores de Ayutla se habían negado a permitirle a su vecino el acceso al yacimiento, bajo el argumento de que tal acción violaría su soberanía.
Ante ello, la Conagua ha reiterado, sin ser tomada en cuenta, que todos los nacimientos de agua, ríos y arroyos son propiedad de la Nación, por lo que no pueden ser objeto de litigio.
A pesar de que Tamazulápam se escudó en su derecho legítimo al acceso al agua para invadir los predios antes mencionados, tanto las autoridades federales como estatales han coincidido que ello se trató de una treta que tuvo como fin apoderarse de una mayor cantidad de tierra, asentada en territorio histórico de Ayutla Mixes.
Ayutla exhibe pruebas
Por su parte, en una serie de pronunciamientos emitidos en el transcurso de los últimos días, autoridades de Ayutla han afirmado contar con documentos históricos, que datan de hace 110 años y que demuestran que el territorio actualmente invadido ha permanecido ancestralmente bajo su dominio.
Tales archivos, afirmaron, fueron obtenidos con la ayuda de antropólogos e historiadores “que poco a poco se fueron sumergiendo a la raíz de la situación que guarda nuestro pueblo actualmente”.
De entrada, Ayutla rechazó que el manantial en disputa se localice dentro de una agencia llamada Tierra Blanca, que pertenece a Tamazulápam del Espíritu Santo, como ha sido argumentado.
Al respecto, la comunidad publicó un mapa elaborado en 1907 por el cartógrafo Rosendo Sandoval, a petición del Juzgado de Primera Instancia de Villa Alta, al que pertenecían en aquel entonces, para hacer un apeo y deslinde de los títulos de propiedad que se habían emitido en el virreinato.
En el documento, titulado Plano del Pueblo de Ayutla, Distrito de Villa Alta “se observa el territorio de Ayutla en el centro y las delimitaciones de los pueblos colindantes a través de la leyenda ‘tomando una alineación de acuerdo a las dimensiones colindantes’”, refieren los pronunciamientos.
En aquel mapa se observa que “la delimitación con Tamazulápam no incluye el manantial, pues éste queda registrado de manera clara y contundente en el territorio interno de Ayutla y gran parte de las tierras que hoy han sido tomadas por Tamazulápam”, agregan.
No obstante, la comunidad reconoció que algunos predios situados en la zona en disputa, fueron adquiridos en algún momento de la historia por comuneros de Tamazulápam del Espíritu Santo, sin que ello implique que estos terrenos deban administrativamente pasar a manos de la otra población.
Dispuesto a ceder
No obstante, luego del conflicto, las autoridades de la localidad afirmaron que “a pesar de que Ayutla sabe de la capacidad de evidencias que sustentan su auténtica legitimidad sobre las zonas, ha reflexionado y concientizado en que lo que necesitan es una solución pronta que garantice la paz, llegando incluso a renunciar a gran parte de los territorios que Tamazulápam ha invadido”.
En el último pronunciamiento emitido, sostiene que “Ayutla es consciente que gran parte de lo invadido por practicidad ya no es opción de recuperación”, por lo que demanda a Tamazulapam que reconozca que “Ayutla ha cedido y que ahora les toca a ellos, con humildad, ceder”.
En la misiva publicada en redes sociales de las comunidades, no se confirma, sin embargo, si los territorios que están dispuestos a ceder incluyen El Manantial y las últimas 150 hectáreas invadidas.
