Una iniciativa de ley que prevé la legalización de la mariguana está detenida en el Parlamento italiano en espera de tiempos políticos propicios, aunque cuenta con el respaldo, entre otros, del procurador nacional Antimafia, Franco Roberti.
La propuesta fue presentada por el llamado intergrupo, del que forman parte al menos 222 parlamentarios de diversos partidos, encabezados por el subsecretario de Exteriores, Benedetto della Vedova, del gubernamental Partido Democrático (PD).
Pero la iniciativa de ley ha sido boicoteada por la pequeña formación Alternativa Popular (centro), que paradójicamente sostiene al gobierno del primer ministro Paolo Gentiloni y es encabezada por el actual canciller, Angelino Alfano.
Alternativa Popular ha puesto en práctica todas las estrategias obstruccionistas a su alcance, como la presentación de dos mil enmiendas, para retrasar la discusión parlamentaria.
La inciativa de ley es también rechazada por partidos de derecha, como la Liga del Norte y Fratelli d’Italia y por algunas franjas de Forza Italia, la organización política creada por el exprimer ministro Silvio Berlusconi.
En opinión de los expertos, la propuesta afronta de manera racional más que ideológica la necesidad de legalizar el consumo de la mariguana.
En particular prevé que sea permitido tener hasta 15 gramos de cannabis en la propia casa, hasta cinco gramos en el exterior y la cultivación de no más de cinco plantas en el domicilio.
En el texto está contemplada la posibilidad de que grupos privados puedan formar clubes de consumidores de mariguana, pero sin objetivos de lucro y con la autorización de cultivarla solamente para el uso de los socios.
Igualmente la iniciativa prevé la posibilidad de abrir ejercicios comerciales donde será posible vender mariguana para uso recreativo y bajo un régimen fiscal similar al actualmente vigente para la comercialización del tabaco.
El debate sobre la legalización de las llamadas “drogas ligeras” tiene lugar desde hace varios años e incluso la Direción Nacional Antimafia ha llamado a cambiar estrategia en el combate a la criminalidad organizada, con especial referencia a las políticas sobre las drogas.
