A pesar de su retórica, en la que desafía al gobierno y hace gala de su fortaleza como gremio, el magisterio disidente, paulatinamente, cede terreno ante la reforma educativa. El sindicato se encuentra jurídicamente acotado ante las disposiciones que contempla la norma aprobada en 2012, advierte la agrupación Mexicanos Primero
David Méndez
Deslegitimada, sin poder de convocatoria y, por ende, con su nivel de influencia “lacerado”, son las condiciones que prevalecen al interior de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a cinco años de la implementación de la reforma educativa y a un mes de que se cumpla un año del enfrentamiento entre simpatizantes del magisterio y policías en Asunción Nochixtlán, con saldo de ocho muertos y más de 100 heridos, afirmó la organización civil Mexicanos Primero.
A pesar de la insistencia del gremio por lograr la derogación de la norma aprobada en 2012, el sindicato se encuentra jurídicamente acotado y cada vez pierde mayor margen de maniobra, aunque éste lo niegue, agregó el presidente de aquella organización no gubernamental, Juan Alfonso Mejía López.
El activista, aseguró que, a pesar de las movilizaciones de los docentes y de los desmanes orquestados, algunos engranajes de la reforma educativa han comenzado a funcionar paulatinamente en la entidad, lo que “deja ver una luz al final del túnel”.
Al respecto, señaló que el hecho de que actualmente exista en Oaxaca un grupo de maestros jóvenes, egresados de las normales, que obtuvo su puesto en el servicio docente a través de la evaluación de conocimientos contemplada en la nueva ley y de que otro sector del magisterio haya accedido a concursar para lograr ascensos, marcan un avance en pro del nuevo modelo.
No obstante, agregó que el cambio más significativo logrado en Oaxaca radica en la reducción en 41.3 por ciento del ausentismo laboral del sindicato, pues de 278 días clases perdidas entre 2001 y 2006, la cifra descendió a 163 días, entre 2012 y 2017.
“(Antes) cuando la Sección 22 convocaba a paro, tenía tal nivel de éxito que prácticamente violentaba la totalidad de las escuelas”, comentó, Mejía.
Explicó que de 2000 a 2006, los niños y jóvenes oaxaqueños de primaria y secundaria perdieron 278 días de clases; de 2006 a 2011 el número se redujo a 278, y finalmente, de 2012 a 2017, ya con la reforma en marcha, se colocó en 163 días.
“Todo este tipo de medidas han venido lacerando, lastimando, reduciendo el poder de control que tiene la Sección 22”, manifestó.
El representante de Mexicanos Primero acusó, por enésima vez, que los liderazgos sindicales están alejados del interés de los niños y están concentrados en intereses “muy particulares”, de privilegios y dádivas.
Aseguró que ni el gobierno de México ni el de Oaxaca pueden negociar una “gobernabilidad tramposa”, a partir de ceder a las exigencias de la CNTE.
Educación mediocre
Manifestó que la Sección 22 durante 37 años, ha discriminado a los niños oaxaqueños, al negarles su derecho a aprender.
Acusó que derivado de las movilizaciones realizadas durante casi cuatro décadas, Oaxaca permanece con uno de los peores indicadores educativos del país.
Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), de cada 100 niños que ingresan a la primaria, sólo se gradúan 66; es decir, 44 terminan por desertar por diversas causas.
De los 66 estudiantes que llegan a la secundaria, sólo 45 egresan y continúan sus estudios de bachillerato. Finalmente, sólo 31 llegan al tercer año del nivel medio superior.
No sólo eso. Según la prueba PISA 2009, la última que se efectuó en la entidad, el porcentaje de niños y jóvenes que reprobaron o pasaron el nivel a penas con una calificación suficiente es de 88.1 por ciento: 59.9 reprobaron y 28.2 obtuvieron seis.
“Gracias a las acciones de la Sección 22 tú tienes de manera específica que 55 niños; es decir, seis de cada 10, simplemente no están logrando tener una educación que los lleve hasta terminar la preparatoria”.
Ante ello, consideró que durante los próximos días, cuando se cumpla el primer aniversario de la matanza de Asunción Nochixtlán, el próximo
19 de junio, el gobierno de Alejandro Murat demostrará de “qué está hecho”, si sucumbe o no ante las exigencias de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Ante ello advirtió que interpondrá amparos para anular, en su defecto, los acuerdos que signen “al margen de la ley” el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
El pasado 3 de mayo, el magisterio anunció que la administración estatal había accedido a reconocer y pagar salarios caídos a un grupo de maestros regularizados.
Ante ello, Mejía López sostuvo que en caso de confirmar la versión divulgada por la dirigencia sindical, acudirán al Poder Judicial para invalidar aquellos convenios, como lo hicieron en 2016, cuando el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa declaró inconstitucionales los acuerdos alcanzados entre la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 entre 2013 y 2015.
Sin embargo, el activista comentó que la agrupación no había podido corroborar la veracidad de las declaraciones emitidas por el secretario de la gremial, Eloy López Hernández, luego de su encuentro con el gobernador, Alejandro Murat.
En entrevista, dijo que Mexicanos Primero no podía dar como un hecho la versión de López, toda vez que el magisterio utiliza como técnica de “chantaje” la tergiversación de la información.
“Nuestro método es investigar primero. Si en algún momento de nuestra investigación identificamos que se está violando el derecho de los niños en Oaxaca, sin duda acudiremos al Poder Judicial”, comentó en entrevista.
Gobierno, en la mira
El ex presidente del capítulo Sinaloa de aquella agrupación reiteró que, constitucionalmente, el gobierno de Oaxaca está imposibilitado para entregar plazas en el servicio profesional docente sin un examen previo y aún más pretender adecuar una ley a modo de la CNTE.
Advirtió que, de ser necesario, “terminaremos ganando (los juicios de amparo), como ha sucedido en otras ocasiones”.
Por enésima vez, la agrupación demandó al gobierno local que los encuentros con la Sección 22 sean públicos, con el objetivo de que la sociedad conozcan el contexto en que éstos de dan y la forma en que ambas partes negocian.
“Si bien es cierto que una postura de negociación debe existir entre ambas partes, también es cierto que debe darse de frente, de cara a la sociedad, y que ningún tipo de acuerdo puede estar por encima de lo que marca la ley”.
Subrayó que “el llamado tiene que ser muy claro para el Gobernador y el Secretario de Educación de transparentar todo proceso de negociación”.
Llamó a los padres de familia y a la sociedad en general a exigir y presionar “en lo local” hasta que las autoridades se vean obligadas a abrir las mesas de trabajo que sostienen líder y autoridades.
“Siempre realizaban reuniones a puerta cerrada y firmaban minutas; era la forma de proceder de la CNTE. Cuando se reunieron con Segob, recurrimos a los tribunales y ganamos el caso.
“El poder judicial dijo de manera clara que todo acuerdo que existía entre la sección sindical y el gobierno federal o local eran insubsistentes”.
Demandó, también, que las autoridades implementen los mecanismos pertinentes a fin de que los maestros cumplan a cabalidad con el ciclo escolar y eviten un nuevo paro de labores a partir del 15 de mayo.
Un mecanismo eficiente de disuasión, dijo, sería aplicar la normativa federal al pie de la letra y despedir a todo aquel mentor que acumule más de tres faltas en 30 días.
