El presidente Donald Trump fustigó el miércoles en Twitter la decisión de un juez federal estadounidense que bloqueó su orden ejecutiva sobre inmigración, diciendo que el fallo del magistrado fue “ridículo».
Un día después de que el juez William Orrick bloqueó la orden de Trump de negar fondos federales a las «ciudades santuario» que limiten su cooperación con las autoridades de inmigración, Trump dijo que llevaría la pelea «a la Corte Suprema”.
Trump dijo en su tuit que la corte del 9no circuito en San Francisco tiene «un historial terrible de haber visto anuladas sus decisiones (cerca del 80”.
Por tercera vez en dos meses, un juez federal anula una orden de Trump sobre inmigración y usó las propias palabras del presidente en su contra. También afirmó que el mandatario no cuenta con la autoridad para añadir nuevas condiciones al gasto federal.
En su fallo del martes, Orrick citó a Trump para argumentar su decisión de bloquear la orden del presidente contra las ciudades santuario.
Orrick dijo que el hecho de que Trump llamó la orden «un arma» contra comunidades que no están de acuerdo con su política preferida de inmigración es evidencia de que el gobierno planeaba usar la orden ejecutiva ampliamente contra todo tipo de fondos federales, no una porción relativamente pequeña de subsidios como había argumentado el Departamento de Justicia.
Fue otro tropezón en políticas de inmigración para Trump en momentos en que su gobierno alcanza los 100 días de gobierno.
El juez William Orrick emitió el fallo temporal en dos demandas, una presentada por la ciudad de San Francisco y la otra por el condado Santa Clara, en contra del decreto de Trump dirigido a las comunidades que protegen a los inmigrantes de ser deportados.
La decisión será vigente mientras la demanda es dirimida en la corte.
El juez rechazó el argumento del gobierno de que el decreto aplica únicamente a una porción relativamente pequeña de los fondos y dijo que Trump no puede imponer nuevas condiciones al presupuesto aprobado por el Congreso.
Incluso si el mandatario pudiera hacerlo, esas condiciones tendrían que estar claramente relacionadas con los fondos en disputa y no de manera coercitiva, como se aparenta en la orden presidencial, recalcó Orrick.
«Los fondos federales que no representan una relación importante con las leyes migratorias, no pueden ser puestos bajo amenaza tan sólo porque una jurisdicción elija una estrategia de aplicación de leyes migratorias con la que el presidente no está de acuerdo», comentó el juez.
El fallo es el tercer golpe que recibe el gobierno en materia migratoria.
El jefe de gabinete en la Casa Blanca, Reince Priebus, describió la decisión como otro ejemplo de que «el 9no Circuito se volvió loco”.
El gobierno a menudo ha criticado a la Corte de Apelaciones del 9no Circuito. Orrick no es parte de esa corte, pero su distrito está en el territorio del tribunal de apelaciones, que ha fallado en contra de una de las restricciones migratorias de Trump.
«El concepto de que una agencia no pueda poner una restricción razonable a la manera en que invierte sus fondos es algo que eventualmente se revertirá, y ganaremos en la Corte Suprema en algún momento», dijo Priebus.
El abogado en representación de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera, elogió el fallo y dijo que el presidente fue «obligado a dar un paso atrás”.
«Es por esto que tenemos tribunales, para evitar los excesos de un presidente y un secretario de Justicia que o no entienden la Constitución o decidieron ignorarla», dijo Herrera en un comunicado.
El concejal del condado Santa Clara, James Williams, dijo que el fallo permite que las ciudades y condados de todo el país preparen sus presupuestos sin la «amenaza anticonstitucional de retiro de fondos federales”.
El abogado del Departamento de Justicia, Chad Realder, previamente defendió la orden ejecutiva del mandatario y dijo que era un intento de usar su «posición de autoridad» para «alentar a las comunidades y estados a apegarse a la ley”.
Readler dijo que el decreto aplica a tres subvenciones de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, que afectarían al condado Santa Clara con menos de un millón de dólares en fondos y, a San Francisco, posiblemente no lo perjudicaría.
Pero el juez dijo que el decreto «por su redacción, intenta acceder a todas las subvenciones federales» y tiene el potencial de poner en riesgo cientos de millones de dólares en financiamiento para San Francisco y Santa Clara.
Citó los comentarios de Trump y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, como evidencia del alcance de la orden y que el mismo presidente la ha definido como un «arma» en contra de las ciudades que se nieguen a cooperar.
El gobierno aún no ha recortado fondos ni ha declarado a ninguna comunidad como ciudad santuario. Pero el Departamento de Justicia envió cartas la semana pasada para aconsejar a las comunidades a demostrar que están en cumplimiento de las leyes. Se le informó a California que podría perder 18,2 millones de dólares.
«Ciudades santuario» es un término vago para las jurisdicciones que no cooperan con las autoridades migratorias.
El gobierno de Trump arguyó que la orden ejecutiva aplica tan solo a las ciudades que prohibieron que las autoridades reportaran el estatus migratorio de las personas en respuesta a las solicitudes federales. Pero Orrick dijo que también está redactado para aplicarse a las ciudades que se rehúsen a retener a los presos a petición de las autoridades migratorias.
El gobierno de Trump afirma que las ciudades santuario permiten que peligrosos delincuentes vuelvan a las calles, y que el decreto es necesario para proteger al país. San Francisco y otras ciudades santuario afirman que convertir a la policía local en agentes migratorios erosiona la confianza que necesita la gente para reportar un crimen.
La orden también ha derivado en demandas por parte de Seattle; dos ciudades en Massachusetts: Lawrence y Chelsea; y otro gobierno del área de la Bahía de San Francisco, la ciudad de Richmond. Las querellas de San Francisco y el condado de Santa Clara fueron las primeras en tener una audiencia frente a un juez.
El martes, alcaldes de varias de las principales ciudades que están bajo la amenaza de perder subvenciones federales, salieron de una reunión con Sessions para decir que siguen confundidos sobre la manera de demostrar que su policía cumple con las políticas migratorias.
El decreto de ciudades santuario fue parte de una serie de medidas migratorias que aprobó Trump desde que asumió el cargo en enero, incluyendo una restricción a viajantes de siete naciones de mayoría musulmana, así como una directriz para levantar un muro en la frontera con México.
Una corte federal de apelaciones bloqueó la restricción migratoria. El gobierno la ajustó, pero la nueva versión también quedó suspendida en los tribunales.
