Ante los saqueos de los que ha sido objeto la administración pública estatal y municipal, por parte de funcionarios y ex funcionarios, cuyas acciones ilegales permanecen en la impunidad, el sistema anticorrupción es visto como una herramienta que, de ser desarrollado de manera eficiente y sin sesgos políticos puede desterrar viejas prácticas que han hundido a Oaxaca en la miseria y el rezago. Sin embargo, el proceso para crear este nuevo mecanismo va demasiado lento en la entidad. Aunque la ley nacional en la materia dicta que los legisladores tienen hasta el 2018 para establecer este modelo, diputados locales señalan que debe quedar listo a mediados de este año, porque es una urgente necesidad
Jazmín Gómez
A paso demasiado lento avanza en Oaxaca la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.
En la 63 Legislatura del Congreso local continúa la recepción de las iniciativas que tienen que ver con la creación de este nuevo sistema que tiene como propósito combatir la corrupción, el principal cáncer que agobia a la administración pública.
De acuerdo a la ley nacional, legisladoras y legisladores tienen hasta mediados de 2018 para crear este modelo que fue, incluso, uno de los compromisos de campaña del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
En este sentido, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional e integrante de la Comisión Permanente de Administración de Justicia, Donovan Rito García, consideró que es urgente la implementación de este Sistema, que, desde su óptica, debería quedar listo a mediados del 2017.
“Me parece que el Senado también está por nombrar al Fiscal nacional anticorrupción y a partir de eso deben tomarse las medidas pertinentes en Oaxaca, pues es urgente la regulación de todos los actos de los funcionarios que puedan derivar en corrupción por falta de supervisión”, dijo, en entrevista.
Para el diputado existe un contexto nacional y estatal que exige garantizar el manejo transparente de los recursos y sancionar a quienes cometan un ilícito o desvíen recursos públicos que debieran implementarse en programas y obra pública.
El Fiscal anticorrupción, de acuerdo al diputado, no sólo vigilará el actuar de funcionarios, sino de partidos políticos y organizaciones en general que están sujetos conforme a la ley a transparentar el manejo de recursos públicos.
Mencionó que quienes integren la Fiscalía deberán contar con probada calidad moral, conocer de la administración pública, sobre todo manejar todo lo que tiene que ver con la reglamentación a la que está sujeta un recurso público.
Sobre la reglamentación, dijo que aún se tiene que estructurar y analizar, así como el tema de la operatividad para que efectivamente pueda evitar y evidenciar los casos de corrupción que se han visto por muchos años en el Estado y en el país y que hasta ahora no se han castigado.
Por su parte, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María de las Nieves García Fernández, explicó que «existe» un compromiso de homologar la ley que crea el Sistema Estatal Anticorrupción con la ley federal.
“Es un reclamo importante de la ciudadanía en relación a que los funcionarios trabajen y trabajen bien, pero además, que no haya más corrupción, desvíos u opacidad. Sobre esa ruta tenemos que ir avanzando pero con un marco legal”, destacó.
Para la diputada, se tiene que brindar mayor potestad a los organismos fiscalizadores, pero también garantizar que quienes se encuentren al frente tengan el perfil que requiere un cargo tan importante.
“Quienes integren la fiscalía, aunque me digan que no existe este término, creo que deben ser químicamente puros, en este caso tiene que aplicarse de forma estricta este concepto, no contar con antecedentes penales, pero tampoco tener conflictos de interés”, abundó.
Consideró que además todas las leyes son perfectibles, aunque en esta en particular se tiene que hacer lo mejor posible desde el inicio, tomando en cuenta todos los reclamos que por décadas ha manifestado la ciudadanía.
El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Irineo Molina Espinoza, señaló que hay propuestas enfocadas a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y deben analizarse una a una no descartando que tiene que homologarse la ley con la hecha a nivel nacional.
Serán los y las integrantes de la comisión de Administración de Justicia y de la Auditoría, dijo, quienes definan el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción para garantizar que cumpla con los objetivos para los cuales será creado.
El diputado por Morena comentó que más que analizar los perfiles o a quiénes integrarán el sistema en el Estado, se tiene que revisar cuidadosamente la estructura, cómo se va a comportar el organismo; por ello, abundó, tienen mucho trabajo por hacer integrantes de las comisiones que tienen a cargo la presentación de la ley, aunque en la integración deben estar ciudadanos porque a veces los políticos “no hacen lo correcto”.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Samuel Gurrión Matías, dijo que el Sistema Estatal Anticorrupción deberá integrarse por ciudadanos y ciudadanas con calidad moral pues en Oaxaca y México permea por todos lados la corrupción, situación que ha llevado a que la ciudadanía no crea en políticos ni en funcionarios.
“En Oaxaca ha permeado la corrupción, lo que estamos tratando en esta soberanía, en esta Cámara de Diputados, es tratar de poner orden, de revisar y supervisar las acciones de los políticos en general, de los funcionarios, para que actúen conforme lo demandan el pueblo gobernado”, comentó.
El diputado indicó que el gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa es uno de los principales promotores para romper con la cadena de corrupción que ha existido en Oaxaca, que lo ha llevado a ser uno de los estados con mayor número de personas en condición de pobreza.
Para la creación de un sistema efectivo anticorrupción, dijo, se tiene que lograr los acuerdos entre las fracciones parlamentarias de todos los partidos políticos en la LXIII Legislatura para que finalmente se designe a las personas ideales en un sistema que busca combatir una de las problemáticas más graves del estado y el país, los actos de corrupción.
México, país corrupto: OCDE
México posee el peor desempeño en seguridad y combate a la corrupción dentro de los 35 países que componen la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), según un reporte divulgado por la revista Forbes.
Desde el exterior, la nación es vista como un país que “afronta problemas de corrupción importantes”, refirió la publicación, que se basó en el documento Estudios Económicos de la OCDE para México 2017.
De acuerdo con el reporte, México acumula 35 puntos en el índice de corrupción, donde cero es pésimo y 100 excelente.
Países como Dinamarca, Finlandia y Suecia registran un puntaje superior a 80.
México también es el peor lugar, indicó Forbes, para sentirse seguro al caminar solo por la noche.
“Este indicador registra menos de 40 puntos, mientras el promedio general del organismo internacional es de 50. Dinamarca consigue el mejor puntaje con casi 90 puntos de 100”, subraya el artículo.
De acuerdo con Forbes, la inseguridad cuesta a los mexicanos 236 mil 800 millones de pesos o 5 mil 905 pesos por persona, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que el costo de la corrupción se estima en 347 mil millones de pesos, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional.
“En su intento de resolver estos problemas, en 2016 el Congreso mexicano aprobó el ‘tan postergado’ sistema anticorrupción”, recordó, por su parte, la OCDE.
“Persisten las preocupaciones sobre cómo se pondrá en marcha el plan a escala local, ya que los estados ahora deben aprobar su propia legislación y crear instituciones que funcionen eficazmente y sin interferencia. En vista de la limitada capacidad administrativa de muchos gobiernos estatales y locales, quizá se necesite un fuerte apoyo y vigilancia desde el ámbito nacional. Eso podría implicar que se proporcione un mecanismo para delegar algunas funciones al sistema anticorrupción federal”, recomendó la institución, dirigida por José Ángel Gurría.
Fundada en 1960, la OCDE aglutina a Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Noruega, Turquía, España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania, Grecia, Suecia, Suiza, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Hungría, Polonia, Corea del Sur, Eslovaquia, Israel, Estonia y Letonia.
