El sector privado reporta durante los primeros 20 días de enero incrementos que alcanzan hasta el 20 por ciento en productos como el aguacate cuyo precio pasó de 39 a 49 pesos; el de tomate, de nueve a 13 pesos; el de limón, de nueve a 15 pesos, y el del huevo, de 35 a 45 pesos. Amas de casa, por su parte, informan sobre aumentos de 50 centavos en el pan y de entre dos y cuatro pesos a la tortilla. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) insiste en que los aumentos no son generalizados, mientras que los restauranteros amenazan con elevar sus precios en febrero
Álvaro Morales
Aunque la delegación estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que los precios de los productos de la canasta básica han permanecido estables pese al incremento del precio de las gasolinas y el diésel, centros comerciales y proveedores de la industria restaurantera han realizado aumentos de entre 15 y 25 por ciento al kilo del aguacate, limón, tomate, zanahoria, pollo y huevo.
Durante los primeros 20 días de enero, el precio del aguacate pasó de 39 a 49 pesos; el de tomate, de nueve a 13 pesos; el de limón, de nueve a 15 pesos, y el del huevo, de 35 a 45 pesos, según reportes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). Por su parte, amas de casa consultadas por este medio afirmaron que el pan tuvo un incremento promedio de 50 centavos y la tortilla de dos a cuatro pesos.
El presidente estatal de Canirac, Onésimo Bravo, dijo que los comerciantes argumentan que el incremento en estos básicos se debe al aumento en el costo de su transportación.
No obstante, sostuvo que hasta el pasado fin de semana los empresarios no habían padecido alzas en otros productos, alertó que éstas pueden llegar a partir de febrero, cuando el gobierno realice el segundo ajuste del año al precio de los carburantes, con un nuevo aumento de ocho por ciento.
Descartó que la industria restaurantera haya incrementado el costo de sus servicios; sin embargo, adelantó que de mantenerse el proceso de liberación del precio de la gasolina, éste será inevitable.
En entrevista, sostuvo que la única forma de frenar «esta crisis» es que el Poder Legislativo federal realice las reformas pertinentes para reducir el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS).
«Si lográramos bajar (el IEPS) en proporción, se podrá bajar el tema de los combustibles», dijo.
A ello, debe añadirse un régimen de austeridad de todo el aparato gubernamental: «Es el momento en que los gobiernos federal, estatal y municipal se aprieten el cinturón y den muestras claras de hacer lo que les corresponde hacer: dejar de gastar en cosas que no son necesarias», manifestó.
Los más pobres,
los más golpeados
Durante la administración del aliancista Gabino Cué Monteagudo el porcentaje de la población oaxaqueña sin acceso a los niveles elementales de alimentación llegó a 36.1 por ciento, un incremento de 9.7 puntos porcentuales en comparación con 2010, reconoció la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASEO) en la revisión de la Cuenta Pública 2015.
En ese mismo periodo, el porcentaje de la población con al menos una carencia social pasó de 89.2 a 90 por ciento; es decir, nueve de cada 10 oaxaqueños no tienen acceso a alguno de los siguientes rubros: educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda o alimentación, precisó.
Esto ocurre mientras el gobierno pasado ha sido acusado de malversar al menos 10 mil millones de pesos que estaban destinados para combatir el rezago y la miseria.
La ASEO también subrayó que durante la gestión de Cué Monteagudo el porcentaje de ciudadanos cuyos ingresos permanecieron por debajo de la línea de bienestar mínimo — que equivale al valor de la canasta alimentaria por persona al mes– aumentó de 36.2 a 42.1 por ciento.
A su vez, el número de oaxaqueños que subsisten por debajo de la línea de bienestar económico pasó de 68.3 a 68.8 por ciento.
En lo que respecta al Producto Interno Bruto per cápita, la ASEO subrayó que, en 2014, en Oaxaca alcanzó el valor de 52 mil 598 pesos frente a 112 mil 634 pesos a nivel nacional, que lo ubicaron en el penúltimo lugar, solo por delante de Chiapas.
De acuerdo al Índice Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE), añadió el órgano fiscalizador, la tasa anual de crecimiento económico promedio durante los últimos cinco años ha sido de 2.9 por ciento, por debajo de la media mexicana, que es de seis por ciento.
«Oaxaca muestra una marcada desigualdad en la distribución del ingreso, la cual se incrementó en una pequeña proporción, ya que para el año 2010, el coeficiente de Gini fue de 0.509 y para el año 2014 este valor pasó a 0.513, lo que refleja el incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso», refirió la Auditoría.
En 2010, de los 10 municipios que tuvieron el mayor porcentaje de su población en pobreza en todo el país (superior a 95 por ciento), tres se encontraban en Oaxaca: San Juan Tepeuxila (97.4 por ciento), Santiago Textitlán (96.6 por ciento) y San Simón Zahuatlán (96.4 por ciento); esta última se considera una población en laque 70 por ciento o más de su población habla una lengua indígena.
Respecto a la pobreza extrema, dentro de los 10 municipios con mayores índices, cuatro eran oaxaqueños: San Simón Zahuatlán (80.8 por ciento), Coicoyán de las Flores (79.7 por ciento), Santos Reyes Yucuná (77.4 por ciento) y San Juan Petlapa (77.2 por ciento).
Lo anterior significa que en esas localidades alrededor de ocho de cada 10 habitantes se encuentran por debajo de la línea de bienestar mínimo y presentan, por lo menos, tres carencias sociales.
Uno de cada siete niños,
con desnutrición crónica
Uno de cada siete niños padece desnutrición crónica y cuatro de cada 10 hogares presentan algún problema para obtener sus alimentos, lamentaron activistas y académicos durante el foro “Alimentación, bienestar nacional”, realizado en la Cámara de Diputados federal.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo existen alrededor de mil millones de personas que padecen hambre.
En México, hasta 2015, de un total de 118 millones de mexicanos, 55.3 millones vivían en situación de pobreza; de éstos, 23.4 millones carecían del acceso a la alimentación, aseveró, por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En la primera mesa: “Producción y distribución de alimentos en México”, el director general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval, Ricardo Aparicio Jiménez, destacó que en el país uno de cada siete niños padece desnutrición crónica, aunado a la grave desigualdad social que enfrenta México, donde las poblaciones indígenas sufren de dos a tres veces más desnutrición, pobreza y rezago educativo, de acuerdo a la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de este organismo.
Respeto a seguridad alimentaria, dijo que 60 por ciento de los hogares en México; es decir, cuatro de cada 10, presentan algún problema de inseguridad en cuanto a la obtención de su comida.
En este país, continuó, una de cada cinco personas no cuenta con dinero suficiente, incluyendo trasferencias públicas, para poder comprar la canasta básica.
Ante ello, dijo, “uno de los retos es lograr una evolución de salarios, que se han deteriorado y a la fecha no se han podido recuperar”.
En conclusión, sostuvo que México no cuenta con una política de Estado capaz de mantener la seguridad alimentaria y que a la vez considere la economía, la seguridad social, la producción y el abasto de alimentos.
“Requerimos saber qué está pasando con el gasto en alimentación y el ingreso de los hogares; cuál es el consumo real de alimentos y qué tanto los puede obtener la gente. Se trata de un sistema de información sobre el derecho a la alimentación, más allá de lo que mida la pobreza”, agregó.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Jesús Guzmán Flores, dijo que México padece un problema de hambre crónica, ya que el promedio de personas con este problema es de 22 millones, y va en aumento, por lo que se requieren adoptar medidas que permitan evitar una contingencia ambiental o económica.
Consideró que, aunado a problemas de hambre, existe una mala nutrición, donde las causas de muerte de la población adulta, de 15 a 64 años, son en su mayoría por diabetes, enfermedades cardiovasculares y tumores generados por el cáncer, padecimientos que tiene que ver con la deficiente alimentación.
Subrayó que actualmente el país no produce los alimentos suficientes y de calidad que logren satisfacer las necesidades de la población. “México debe generar políticas públicas claras y de información respecto a tener un consumo de alimentos adecuado y un sistema de producción óptimo que, además, proteja el medio ambiente”, añadió.
En la segunda mesa: “Alimentación, salud y bienestar social”, el investigador Abelardo Ávila Curiel, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, precisó que 100 mil mexicanos mueren cada año por diabetes y 250 mil por enfermedades generadas por sobrepeso y obesidad. “México es el primer lugar en obesidad infantil, por lo que la esperanza de vida de esos niños se acorta a más de la mitad por padecimientos generados por una mala nutrición”.
También participó la investigadora y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Hirán Morán Bañuelos, y Rafael Mier Sainz, de la Organización Tortilla de Maíz Mexicana.
27 mil toneladas de alimentos se desechan al día
A pesar de que el 23.4 por ciento de la población de México no tiene acceso a una dieta adecuada, cerca de 27 mil toneladas de alimentos se desperdician diariamente; es decir, 9.8 millones cada año se van a la basura, de acuerdo con cifras de la Confederación Nacional de Comerciantes de Centrales de Abasto, divulgadas por la Cámara de Diputados federal.
Según datos del Grupo Técnico de Pérdidas y Mermas de Alimentos, de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que desarrolló el índice de desperdicio de alimentos en el país, se estima que cerca del 37 por ciento de comestibles que se producen en el país no son utilizados; es decir, 30 mil toneladas de perecederos al día.
Los Bancos de Alimentos de México manifiestan que al año se desechan más de 250 mil toneladas de jitomate y 800 mil de pan.
De acuerdo con los reportes, presentados por el priista Daniel Torres Cantú, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) establece que en el año 2014, 28 millones de mexicanos carecieron de acceso a la alimentación.
Ante este panorama, el legislador consideró fundamental expedir la Ley General para fomentar la Donación Altruista de Alimentos, a fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad o pobreza alimentaria.
Detalló que este ordenamiento busca establecer la coordinación entre la Federación y los estados para promover, orientar y regular las donaciones de alimentos sustentables para consumo humano.
Expuso que la ley pretende estimular a los congresos locales para que promuevan y legislen en materia de incentivos fiscales para las empresas establecidas en sus entidades federativas dedicadas a la donación y distribución de alimentos. Todo, dijo, en favor de mexicanos que no cuentan con el mínimo indispensable para cubrir una necesidad tan básica, como es la alimentación.
La iniciativa prevé establecer que quedará prohibido el desperdicio irracional e injustificado de productos alimenticios, cuando estos sean susceptibles de donación para su aprovechamiento altruista por alguna persona moral o institución pública o privada, reconocida oficialmente por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o se encuentren inscritos en el Padrón de Donantes y Donatarios.
De igual manera, plantea que los alimentos donados para su posterior distribución deberán reunir condiciones necesarias de calidad e higiene, a fin de ser aptos para el consumo.
En el apartado de sanciones, la iniciativa estipula una multa de 100 a 300 días de salario mínimo a empleados o directivos de bancos de alimentos que participen en el desvío de los productos donados, ya sea que los utilicen para su aprovechamiento personal o de terceros que no los requieren.
La sanción aumentaría hasta en 100 por ciento cuando estos alimentos se comercializan; igual multa se aplicará a quien solicite la donación, no los dé o los desperdicie injustificadamente, y a aquellos que teniendo conocimiento de que los productos no se encuentran aptos para el consumo, ordenen su distribución a los bancos de alimentos o a los grupos vulnerables.
