El apoyo popular al presidente venezolano cayó 30 por ciento, producto de la debacle económica que enfrenta el país por la inestabilidad política y social que atraviesa la República Bolivariana; a pesar de las resistencias a hacer cambios en materia de política económica, el gobierno está obligado a ajustar su sobrevaluado bolívar y a establecer un solo tipo de cambio
Agencias
La doble crisis, económica y política, que atraviesa la República Bolivariana es cada vez más profunda e irreversible. Con la producción en picada, una imparable alza de precios y los anaqueles de los supermercados semivacíos por la escasez, Venezuela se empieza a convertir en un país inviable.
Ante el avance de las protestas por la mala praxis gubernamental, la única respuesta que atinó a dar el gobierno de Nicolás Maduro fue la represión más cruenta de la que se tenga recuerdo. Así, a la debacle económica se sumó una inestabilidad política inédita en los 15 años de chavismo.
Este oscuro panorama fue trazado por el Bank of America Merrill Lych en su informe más reciente sobre la situación del país. El 30 por ciento de caída en la imagen presidencial es su dato más revelador, ya que evidencia el escaso crédito que le queda a Maduro para revertir la crisis.
Lo que más sorprende a los analistas de la entidad financiera es la resistencia de la administración Maduro a realizar cambios en la política económica, que al menos le permitan asomar la cabeza fuera del agua.
Que ante una caída sostenida de la producción manufacturera por la falta de competitividad, y una inflación que se acelera mes a mes, el gobierno aumente el gasto público en vez de disminuirlo, no tiene explicación. Sin embargo, si se compara el período enero-mayo de 2014 con los mismos meses de 2013, el crecimiento fue de 79 por ciento, muy superior a 2012.
Bank of America destaca que el gobierno sólo ha anunciado el ajuste de las tarifas de los boletos aéreos a la tasa del Sicad II, pero ni siquiera la ha aplicado.
“El precio de la gasolina no parece ser una prioridad y el gasto del gobierno central ha aumentado en términos reales”, dice el informe.
“Si bien el equipo a cargo de las políticas macroeconómicas parece compartir la misma dirección, no queda claro si está articulado con el equipo que impulsa la política microeconómica”, agrega.
La única luz que encuentra Bank of America en su análisis es que parte de los funcionarios gubernamentales reconocen los errores cometidos. “Los ministros se muestran abiertos a reconsiderar decisiones que han perjudicado la productividad de las empresas”.
Algunas alternativas que estarían siendo analizadas para aminorar el gasto y mejorar la eficiencia de la economía es el desarrollo de empresas mixtas y otros tipos de alianzas con el sector privado, según informa El Nacional. El objetivo primordial sería reactivar la alicaída producción.
El interrogante es si podrán convencer de cambiar a Maduro y al ala dura del chavismo. Según la banca estadounidense, eso sería posible debido a la sucesión de fracasos que han provocado las posturas más extremas.
“La resistencia a liberar el tipo de cambio y las distorsiones en los precios provenía de las facciones radicales, cuyo poder sobre la política económica se ha perdido”, concluye el informe.
Devaluación en puerta
Ante el progresivo deterioro económico, el gobierno de Venezuela tendría que aplicar más temprano que tarde fórmulas para ajustar su sobrevaluado bolívar, medida que sería una espada de doble filo porque alentaría la inflación pero aliviaría el crónico desabastecimiento.
Los economistas pintan un panorama complicado para el país petrolero, con una inflación rozando el 70 por ciento al final del 2014 y una contracción de la economía de al menos un 2 por ciento, que servirá de antesala a unas cruciales elecciones parlamentarias en el 2015.
Fuentes del gobierno no autorizadas para hacer declaraciones dijeron que el Ejecutivo debate varios escenarios de ajuste que le brinden holgura fiscal sin sacrificar la popularidad del presidente Nicolás Maduro, que ya está en su peor nivel. Algunas de las alternativas que se estudian.
El tipo de cambio de 6,3 bolívares, utilizado para las importaciones primordiales como alimentos y medicinas, sería sustituido por uno cercano a 11 bolívares por dólar, vigente actualmente para tasar las divisas subastadas a través del sistema Sicad 1. Esto representaría una devaluación de casi un 40 por ciento.
El efecto del traspaso del tipo de cambio a los precios pondría presión en la inflación, pero si la oferta de divisas mejora, la escasez, especialmente la de bienes básicos, disminuiría.
Las fuentes de gobierno no pudieron ofrecer detalles sobre si bajo este esquema se suprimiría el actual sistema de subastas de divisas semanales.
Igualmente, se mantendría y ampliaría la venta de divisas al tipo de cambio que ronda los 50 bolívares de la plataforma del Sicad 2, donde según estimaciones de la firma privada Ecoanalítica se liquidan unos 44 millones de dólares diarios, un monto todavía pequeño para satisfacer las necesidades.
Un solo tipo de cambio
En este escenario, el gobierno eliminaría los dos tipos de cambio inferiores (de 6,3 y de 11 bolívares/dólar), tasando sus vitales importaciones a casi 50 bolívares por dólar. El dólar paralelo se mantendría por encima del oficial pero con menos oscilaciones. Igualmente, el efecto de traslado de un tipo de cambio más caro impactaría los precios y el valor del dinero, pero el abastecimiento podría mejorar.
Además, si mejora la estrechez fiscal del país, se podría disminuir la impresión de billetes sin respaldo de moneda dura (moneda inorgánica) por parte del Banco Central para mantener a flote los proyectos del gobierno, un factor que ha afectado los precios en el último año. Según las cifras del Banco Central, la inflación anual hasta marzo se ubicó cerca del 59 por ciento.
El gobierno socialista podría ganar tiempo aplicando una serie de ajustes económicos antes de devaluar la moneda, como incrementar el precio de la gasolina e implementar una anticipada reforma fiscal.
La gasolina venezolana es probablemente la más barata del mundo. El litro cuesta unos 2 centavos de dólar. Según el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, el costo del subsidio a la gasolina en el 2013 fue de 12.562 millones de dólares.
Adicionalmente, funcionarios del Gobierno han adelantado desde hace un año que están trabajando en una anticipada reforma tributaria que amplíe la base imponible.
Se agrava crisis inmobiliaria
Dueños encadenados y escasez de alquileres son dos imágenes que se funden en el casi inexistente mercado de arrendamiento en Venezuela tres años después de que se aprobara una ley que buscaba proteger a los arrendatarios y que continúa siendo criticada por los propietarios.
Miguel Clery busca un apartamento para alquilar y a día de hoy duerme en un salón después de pasar unos días en un balcón.
Originario de Martinica, este técnico de mediana edad comenzó a buscar apartamento en Caracas en diciembre del año pasado pero desistió el mismo día al darse cuenta rápidamente de la poca oferta y los precios que había, y comenzó así una peregrinación de casa en casa que todavía no sabe cuando concluirá.
Como Clery, miles de personas sufren en Venezuela la odisea de buscar apartamento porque, según explicó, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, “hoy en día es prácticamente imposible arrendar” en el país.
Las noticias en medios locales sobre propietarios que se encadenan o se ponen a vivir frente a sus apartamentos alquilados o incluso cohabitan forzosamente con los inquilinos ante la imposibilidad de recuperar la vivienda se repiten desde hace meses.
“Una vez que tú alquilas tu vivienda se te hace prácticamente imposible recuperarla”, aseguró Martini, en alusión a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, una norma que formó parte en 2011 de una serie de mecanismos aprobados por el gobierno para tratar de fortalecer la protección de los arrendatarios.
La norma se adoptó en medio de un diagnóstico del Ejecutivo que decía que en el país existe un déficit oficial de 3 millones de viviendas, y preveía medidas como límites en los cánones de arrendamiento, el otorgamiento de derechos a los arrendatarios a adquirir la vivienda después de 20 años de renta o el control del Estado de las relaciones entre propietarios e inquilinos.
“Hace 10 años el alquiler representaba el 30% de las soluciones habitacionales y 10 años después (…) solo el 1% del mercado inmobiliario lo representa el alquiler”, afirmó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta.
El también abogado aseguró que en la última década la oferta en este sector se ha reducido en un 95% según datos de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana basados en los clasificados de los principales periódicos caraqueños de tirada nacional.
Orta dice que se trata de “una ley desequilibrada con una carga política muy importante (…) que termina de llevar a los propietarios a una situación no de temor, sino a una situación de indefensión general”.
Giancarlo Schechnner montó el portal inmobiliario Conlallave.com en 2011 y antes de diagnosticar la situación actual tiene que buscar en su navegador para saber cuál es la oferta de la que realmente dispone.
Reconoce que en su página los alquileres no son baratos pero asegura que en la “época buena”, al poco de fundarla, llegaron a tener una oferta de alrededor de 700 apartamentos. Hoy dispone de 51.
Esta normativa se sumó a una Ley contra Desalojos Arbitrarios aprobada con anterioridad y que garantizaba, entre otras cosas, que una persona
que alquilara no tenía que abandonar una residencia antes de que el gobierno le facilitase otro techo.
El Tribunal Supremo venezolano incluso instó a los jueces en enero de 2011 a “limitar temporalmente” toda medida judicial “de carácter ejecutivo o cautelar” que recayese “sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación”.
Según Apiur, en la actualidad la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi), ente que rige el mercado, maneja alrededor de 50 mil casos de desalojo de los que, afirma, ha solucionado dos.
El presidente de la Comisión Parlamentaria de Administración y Servicios, el chavista Claudio Farías, rechaza esa cifra y dice que son 20 mil de los que 15 ya han sido resueltos.
“El desalojo quizá era la muestra mayor de que había un problema de injusticia social”, indicó el diputado por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Si yo voy mañana y te digo ‘quiero mi apartamento’, el inquilino dice ‘es que yo no tengo pá donde irme, el Ejecutivo me tiene que garantizar a mí un espacio donde yo vivir’ (…). Un Gobierno responsable no puede hacer eso, no puede permitir eso”, defendió, y manifestó su apoyo a la ley aunque reconoció diversas “imposibilidades” para aplicarla.
“El ministro (de Vivienda, Rafael) Molina ha planteado la posible reforma de la ley (…) ahora, lo primero que decimos es que eso es una ley que elaboró el pueblo”, advirtió el antiguo sindicalista.
Crisis hasta para morir
Ante la escasez de láminas de metal, barniz y satín, las funerarias de Venezuela están haciendo lo imposible por conseguir ataúdes, lo que ha complicado el proceso de enterrar a los muertos en este país que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
Los venezolanos han tenido que prestarse entre sí las cajas funerarias o incluso viajar a la vecina Colombia para conseguirlas.
El presidente socialista Nicolás Maduro describe a la escasez, que ha golpeado desde el papel higiénico hasta el vino de misa, como el resultado de una “guerra económica” orquestada por opositores que lo quieren sacar del poder.
Pero sus críticos la achacan a una economía plagada de distorsiones por los controles de precio y del tipo de cambio instaurados hace más de una década.
La industria funeraria de Venezuela se sustenta en parte por la espiral de violencia que cobró la vida de al menos 11 mil personas el año pasado.
Tú haces de todo para que la gente se vaya con su urna, aunque tengas que ir a prestar, a dónde sea, pero tú le buscas la urna”, dijo Miriam Castro, administradora de la funeraria El Paraíso en Caracas. Esa y otras funerarias de la zona se están arrendando ataúdes para abastecer la demanda, dijo Castro.
Las cremaciones en el Cementerio del Este de Caracas han subido un 50 por ciento en los últimos meses, a 12 por día desde las ocho previas, de acuerdo a un empleado del lugar. Castro es una clienta regular de este crematorio.
Anteriormente era más fluido. Si ahorita te dicen ‘te podemos cremar hoy a las 9′, muy capaz que te dejen esperando dos días porque están todos los muertos en espera”, dijo.
Industria en agonía
La producción de ataúdes ha caído cerca de un 50 por ciento en los últimos meses, dijo Ricardo Guedez, miembro y ex presidente de la Cámara de Funerarias de Venezuela; esto se debe en parte, a que los fabricantes no han logrado importar los materiales por lo complicado que es conseguir dólares a través del estricto control cambiario del gobierno. El latón también está escaseando en medio del desplome de la producción de acero de Sidor, que el fallecido ex presidente Hugo Chávez nacionalizó en el 2008.
La demanda por los funerales ha sido alentada por una de las tasas de homicidios más altas del mundo, una de las principales preocupaciones de los venezolanos. Castro dijo que el 70 por ciento de los cuerpos que su compañía recibe tuvieron una muerte violenta; muchos fueron asesinados en enfrentamientos en barrios o fueron víctimas de robos en zonas pudientes. Pocos asesinos llegan a enfrentar a la Justicia, por lo que el crimen violento también se ha colocado en el centro de la polarizada discusión política de Venezuela.
El gobierno ha dicho que la tasa de homicidios está bajando y que los medios opositores están exagerando el problema por razones políticas. Pero la oposición insiste en que la verdadera tasa de homicidios duplica a la oficial. La discusión seria sobre la inseguridad muchas veces queda opacada por las diatribas sobre quién es el culpable.
El alto costos de los servicios funerarios también se ha convertido en un tema álgido, en medio de una inflación que a tasa anualizada superó el 60 por ciento en mayo.
Una agencia estatal llamada el Órgano Superior para la Defensa de la Economía tiene el mandato de ayudar a controlar la inflación ordenando a los empresarios a recortar sus precios. En diciembre, Hebert García Plaza, quien lidera esta agencia, apareció en televisión acusando a una funeraria de aplicar un sobreprecio del 619 por ciento.
El funcionario dijo que esa empresa cobraba ocho mil 280 bolívares, unos mil 300 dólares al tipo de cambio más elevado, por un velatorio de seis horas, cuando el “precio justo” era mil 151 bolívares. Aquí tiene que haber algo de sensibilidad humana, no pueden hacer de este negocio algo financiero”, dijo García Plaza.
José Montes, director de una funeraria en Catia, un barrio del oeste de Caracas, reiteró que simplemente intenta mantener su negocio. Actualmente tiene 10 ataúdes, pero necesita tres veces esa cantidad. Como todo (en Venezuela), no se consigue nada” se quejó.
