En una superficie de 118 hectáreas que pertenecen a Puerto Escondido, agencia municipal de San Pedro Mixtepec, donde se localizan hermosas playas que constituyen un potencial negocio millonario, particulares pretenden construir un lujoso complejo turístico. En este conflicto que data de 1970, tienen metidas las manos los ex gobernadores Diódoro Carrasco Altamirano, quien entregó las tierras a la empresa Jencar, S.A. de C.V., y Ulises Ruiz, así como el actual subsecretario de Sedesol, Eviel Pérez Magaña. Los comuneros han emprendido una férrea lucha por rescatar lo que es suyo
Humberto Torres / Staff Real Politik
Ante el afán de privatizar la playa de Punta Colorada para construir un complejo turístico, comuneros y autoridades de San Pedro Mixtepec interpusieron un amparo mediante el cual lograron detener ese proyecto millonario.
Los abogados, Enrique Toro Ferrer y Gregorio Cruz Lucas, contratados por las autoridades municipales para recuperar las tierras de Punta Colorada, aseguraron que la indemnización por aquella expropiación nunca benefició a los 856 comuneros legalmente reconocidos y menos a la comunidad.
Los abogados mencionaron que no se ha rendido cuentas del dinero que se obtuvo de la venta de terrenos a particulares y diversas empresas en Puerto Escondido, lo que ha obligado a documentar los derechos legales de los comuneros sobre estas tierras del municipio de San Pedro Mixtepec, que desde siempre han sido codiciadas por empresarios y políticos.
Cruz Lucas recordó que en 1970, el entonces gobernador de Oaxaca, Fernando Gómez Sandoval, negoció con algunos de los posesionarios de Punta Colorada el desalojo de sus tierras a cambio de 10 mil pesos y dos hectáreas en otra zona alejada.
El acuerdo fue verbal y no hubo constancia por escrito. El mandatario creó el Fideicomiso Puerto Escondido (Fipe) para escriturar los terrenos y vender inmuebles para el desarrollo de la plataforma turística, principalmente los ubicados en la zona de playas de Zicatela, Manzanillo, Puerto Angelito, Carrizalillo, Bacocho y Rinconada.
Pero no fue sino hasta el gobierno de Heladio Ramírez López, cuando se le dio el mayor impulso al desarrollo de Puerto Escondido. Y durante el sexenio de Diódoro Carrasco Altamirano se entregaron las 118 hectáreas de Punta Colorada a la empresa Jencar, S.A. de C.V., para el desarrollo de un proyecto turístico de lujo.
Son 118 hectáreas a escasos metros del Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido, cuyo valor en el mercado inmobiliario sobrepasa los 3 mil millones de pesos. Los comuneros y dueños iniciales están peleando en tribunales agrarios para que se las regresen después de 40 años de un decreto presidencial que no se cumplió a cabalidad.
El abogado mencionó que en su recuento, el 21 de julio de 1970, el presidente Gustavo Díaz Ordaz decretó la expropiación de mil 329 hectáreas de los bienes comunales del municipio de San Pedro Mixtepec para regular el fondo legal de Puerto Escondido y desarrollar su plataforma turística.
El gobierno de Oaxaca debió indemnizar a la comunidad con 2 millones 207 mil 506 pesos de aquella época, dinero que aseguran no llegó, porque supuestamente se usó para electrificar la comunidad de Los Limones y en la compra de dos camiones y dos camionetas para el ayuntamiento.
De las mil 329 hectáreas requisadas, 462 no fueron utilizadas durante los primeros cinco años que siguieron a la expropiación y desde entonces han quedado al garete, aun cuando debieron pasar a manos del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe).
Parte de estas tierras sin usar son las de Punta Colorada, cedidas por el exgobernador Diódoro Carrasco a la constructora Jencar, con sede en Jalisco, que en su sitio electrónico las ofrece como “la mejor opción de inversión turística en Puerto Escondido”, para la construcción de hoteles, condominios, centros comerciales y residencias de lujo.
Actualmente se han venido registrando turbias maniobras para el pago de los prediales correspondientes a bajo costo y que pueden garantizar la venta a funcionarios, exfuncionarios y personajes ligados al exgobernador Diódoro Carrasco y a la actual administración y que quieren revivir las maniobras que se realizaron en el periodo diodorista con la constructora Jencar, S.A.
Debe intervenir la Federación
Mientras la desarrolladora Jencar, S.A. de C.V., llegó a ofrecer “la mejor opción de inversión turística en Puerto Escondido”, en Punta Colorada no hubo ni hay ningún trabajo de desmonte ni de construcción y las tierras de este paraíso natural y comercial aún se encuentran en litigio.
La oferta en su momento fue de cinco lotes para hoteles, 11 para condominios y residencias de lujo, cuatro más para departamentos con vista al mar, uno especial para un hotel boutique entre el mar y la laguna La pita, 63 para vivienda local y siete lotes de usos mixtos frente a la carretera Puerto Escondido-Pinotepa Nacional.
Todas ellas, prometió con calles con banqueta, drenaje, planta de tratamiento de agua y dos pozos de agua potable.
Son 118 hectáreas a escasos metros del aeropuerto de Puerto Escondido, cuyo valor en el mercado inmobiliario sobrepasa los 3 mil millones de pesos, aseguró el abogado Enrique Toro Ferrer, quien junto con Gregorio Cruz Lucas, fueron contratados para recuperar las tierras.
Durante el sexenio de Diódoro Carrasco se entregaron las 118 hectáreas de Punta Colorada a la empresa Jencar, S.A. de C.V., para el desarrollo de un proyecto turístico de lujo.
Sin embargo, esta constructora debió regresar los 40 millones de pesos que recibió del gobierno de José Murat para los trabajos preliminares de desarrollo urbano en esos terrenos, pero no los realizó.
De acuerdo con las autoridades municipales, el exgobernador Ulises Ruiz y Eviel Pérez Magaña, exsenador y actual funcionario de Sedesol, iniciaron en su momento negociaciones con el empresario y contador Sergio Castro para vender los terrenos de Punta Colorada.
Castro habría pagado 100 millones de pesos al Gobierno del Estado para comercializar las tierras, según los abogados del municipio, quienes aseguran que 60 millones fueron para el gobernador Ulises Ruiz, sin que haya registro de que esa suma ingresara en las arcas estatales.
Los litigantes interpusieron una demanda ante el Fifonafe, para exigir la reversión de las 462 hectáreas, entre ellas las 118 de Punta Colorada y las correspondientes a Palmasola, El Jícaro y Cerro de la Vieja. El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 21, con sede en Oaxaca, abrió el expediente 117/2009.
Por su parte, el ayuntamiento de San Pedro Mixtepec solicitó al mismo Tribunal Agrario su intervención en el juicio, manifestando su derecho legal de la porción de terrenos que le corresponden, ya que se encuentran dentro de la zona de desarrollo urbano municipal.
Toro Ferrer afirmó que los comuneros han recibido presiones de quienes quieren construir residencias, hoteles de lujo en las que fueron sus tierras y confirmó que hicieron un estudio jurídico de la situación que les determinó que las tierras podrían ser recuperadas y ser aprovechadas por la comunidad para desarrollar un proyecto turístico y evitar especulaciones.
Confío que la Federación hará justicia a San Pedro Mixtepec porque se trata de una demanda de justicia, de una querella agraria promovida por gente de escasos recursos económicos.
«En términos jurídicos todo camina bien, el amparo está interpuesto ante la justicia federal y si en este país hay justicia, se debe crear una empresa turística que beneficie primordialmente a la comunidad de San Pedro Mixtepec», puntualizó.
Por otra parte, una fuente de la Coordinación de Comunicación Social dijo que el gobierno de Gabino Cué no está inmiscuido en este problema y que hoy es aprovechado para responsabilizarlo, sin embargo, no tiene interés alguno en esta zona y mucho menos defraudar al pueblo de Oaxaca.
Sin embargo, se ha ventilado en diversos medios de comunicación que el actual secretario de Administración, Alberto Vargas Varela y el operador político y ex colaborador del gobernador Gabino Cué, Jorge Castillo, pretenden adueñarse de terrenos de Playa Punta Colorada, para lo cual han realizado maniobras, a fin de que los lotes sean puestos a nombre de empresas de las cuales son dueños, para que posteriormente puedan explotarlos.
En la actualidad el metro cuadro en Punta Colorada se cotiza en dólares, dependiendo de su cercanía a la playa, por ejemplo una empresa inmobiliaria hace la siguiente oferta:
“Espectacular casa frente al mar. Construida en dos plantas de excelente construcción. En su interior posee living comedor amplio con acceso a terraza al frente (vista al mar) cocina con cómodos placares. Dormitorio principal en suite con vestidor, estufa a leña y salida al balcón con vista al mar, dos dormitorios y baños sociales completos. En su exterior amplio jardín y barbacoa con baño social, garaje para dos autos, fondo con precioso jardín. Ideal para disfrutar de sus vacaciones, con una superficie de 868 metros y construidos 247 metros”.
El precio de esa casa es de 690 mil dólares, es decir que a precio actual del dólar de 20 pesos, tiene un costo equivalente en pesos mexicanos a 13 millones 800 mil pesos.
De ese tamaño es el tipo de negocios que se pretenden hacer en Punta Colorada.
