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Honduras, donde la vida no vale nada

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El país centroamericano registra una de las tasas más altas de homicidios por año, esto lo convierte en una de las naciones más violentas de la región y del mundo; los niveles de criminalidad son exorbitantes y las cifras de asesinatos alcanzan la dimensión de la guerra que se vive en Siria. Aunado a ello hay una enorme corrupción y la impunidad es mayor, producto de un sistema judicial inoperante. El ejército excede sus funciones, actúa incluso en el ámbito del poder judicial y los derechos humanos están en la mira de 800 mil fusiles

 

Agencias

 

TEGUCIGALPA.- Honduras, con más de 4 mil homicidios por año, es uno de los países más violentos del mundo y los derechos humanos, sector en el que la cooperación helvética apoya a la población, son cotidianamente vulnerados, como denunció el religioso Rigoberto Ulloa, invitado por el Foro Honduras-Suiza.

“El Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es ilegítimo, porque su elección en 2013 es producto del Golpe de Estado de junio del 2009. Son ilusorios los progresos en cuanto a los derechos humanos en mi país”, enfatiza el dirigente evangélico y doctor en Medicina que dirige la Iglesia Cristiana Ágape y el Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos con sede en Tegucigalpa.

La ONG helvética HEKS-EPER, activa en Honduras, apoya esa iniciativa de la sociedad civil hondureña. En tanto la cooperación oficial suiza (COSUDE), presente en Centroamérica desde 1978, sostiene tanto a la sociedad civil como la elaboración de políticas públicas en el sector de los derechos humanos.

 

Impunidad

 

Entre 2008 y 2015 se registraron en Honduras 48 mil muertes violentas. Cifra propia de una guerra de la dimensión de la que vive Siria, con la diferencia que allá se sabe quien está en cada campo. En tanto que en Honduras la violencia puede venir de arriba, de abajo, del costado, casi en una confrontación de todos contra todos, señala el reverendo Ulloa.

“Con el agravante, enfatiza, que la corrupción es enorme, la impunidad aún mayor, existen niveles de criminalidad exorbitantes así como un sistema judicial inoperante cooptado por el Gobierno, en el marco de una nación donde la vida no vale nada”, reflexiona.

Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó de un 50.9 en 2000 hasta el 90.4 en 2012.  En 2013, el índice de homicidios fue el más alto a nivel mundial, sostiene el exhaustivo Informe de 244 páginas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en febrero de este año.

A pesar de las mejorías proclamadas por fuentes oficiales, dicha tasa “continúa siendo una de las más altas de la región y del mundo”, subraya la Comisión, misma que publica la cifra de 4 mil 266 homicidios en 2015 (hasta el 31 de octubre), un 15 por ciento menor que la del año precedente.

 

Compleja situación política

 

Luego del Golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya del 28 de junio del 2009 – el primero con esta modalidad “parlamentario-institucional” en la nueva etapa política latinoamericana- la situación general no dejó de degradarse, enfatiza el Pastor Rigoberto Ulloa.

Y la violencia institucionalizada, con raíces económicas, sociales, delictivas, en el narcotráfico e inclusive religiosas, constituye la principal preocupación ciudadana. A la base, esencialmente, “la pésima distribución de la riqueza con un modelo que cada día genera más pobres y concentra el poder en pocas manos”.

El efecto más visible de esta etapa postgolpe es “la militarización total de la sociedad, con fuerte presencia del ejército en tareas de seguridad ciudadana. Con la creación continua de nuevos batallones y el crecimiento de las fuerzas armadas en un país muy problemático a nivel geopolítico, dado que es el único en América Latina que alberga siete bases militares estadounidenses”.

 

La presencia suiza

 

Entre sus prioridades en Honduras, COSUDE (Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo) busca mejorar la protección de los defensores de DDHH y líderes/comunidades indígenas para que puedan ejercer su labor, explica a swissinfo.ch por correo electrónico Geneviève Federspiel, jefa de la Cooperación Internacional Suiza y encargada de los Asuntos Consulares en la oficina de Tegucigalpa.  Promovemos también la vinculación entre organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajan en ese sector y en la Auditoría Social para que puedan actuar en forma concertada, agrega.

La representación helvética, que reconoce una interlocución fluida y activa con las autoridades hondureñas –ministerios de Seguridad, Justicia y el comisionado para los DDHH- ha apoyado, además, políticas gubernamentales, con una visión transversal en temas de reformas del sector seguridad, gobernanza hídrica, territorial-nacional y desarrollo económico inclusivo.

“La sociedad civil tiene un rol clave en la defensa de los DDHH y en la auditoría social, y COSUDE acompaña la creación de espacios de diálogo entre sociedad civil, autoridades y la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, subraya Federspiel.

 

Perspectivas sombrías

 

Para el Pastor Ulloa el futuro de Honduras es incierto, cuando no sombrío. “Mientras no haya justicia, tanto la corrupción como la impunidad son reinas. Si no hay rectificaciones de fondo incluso se corre el riesgo del escenario de una  guerra civil generalizada. Las perspectivas, por el momento, son pésimas. En el lenguaje médico diría que mi país está enfermo y con pronóstico reservado”.

Lo que no implica renunciar a los ideales de un verdadero cambio. Tanto los defensores de derechos humanos, como el pueblo en general, no deben caer en la desesperanza y el miedo, que es lo que busca el poder, destaca.

Y es esencial que la comunidad internacional  redoble sus energías para exigir rectificaciones y cambios directamente al Gobierno de Honduras, como  también a los gobiernos de cada país, especialmente en Europa, para que éstos presionen a su vez a las autoridades hondureñas, puntualiza.

Reto que el Foro Honduras-Suiza asume desde su creación en 2012. Tanto con iniciativas de información como de cabildeo en pro de la defensa de los derechos humanos en ese país centroamericano. Una delegación de observación organizada por el Foro viajó a Honduras en mayo del 2015. Luego de numerosos encuentros “in situ”, en su comunicado oficial fue contundente: “A diferencia de las declaraciones de las autoridades hondureñas, consideramos que la situación en cuanto a los derechos humanos en Honduras no ha mejorado”.

Conclusión que ratifica el Pastor Rigoberto Ulloa durante su presencia en Berna 16 meses más tarde de dicha misión. Más que nunca, la solidaridad suiza y europea, en general, es fundamental. Es esencial que “vengan, vean en el terreno lo que padecemos en Honduras, informen, sensibilicen y sean testimonios fieles de nuestra exigencia en pro de una nación que respete los derechos humanos y que aspire a más justicia y equidad”, concluye.

 

País militarizado

 

Según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Honduras publicado en febrero de este año, el ejército está omnipresente: no solo en tareas que le corresponderían, sino también en la investigación y sanción de hechos.

Del contenido del Informe se desprende que la policía militar, que depende del ejército, cuenta con una especie de fuero especial que la ampara.

Denuncia además que niños y niñas en “riesgo social”, de entre 5 y 23 años,  son enrolados en el Programa ‘Guardianes de la Patria’, para recibir una formación militar.

Las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades claves en el sistema penitenciario y son desplazadas a regiones donde se dan conflictos agrarios y de tierra como el Bajo Aguán.

La CIDH estima que en Honduras circulan entre 800 mil y un millón de armas de fuego, de las cuales apenas unas 282 mil estarían debidamente registradas.

Una parte significativa de las mismas son utilizadas por los 60 mil guardias de empresas privadas, muchas de las cuales son ilegales y no registradas, cuando no impunes en sus actividades.

En los últimos 5 años, desde el Golpe de Estado del 2009 hasta fines del 2014, según la Comisión, 88 abogados y unos 60 periodistas fueron asesinados en este país clasificado entre los más violentos del continente.

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