Agustín Castilla
@agus_castilla
Una vez más estamos ante una de esas historias que además de provocar indignación y repudio, revela la poca importancia que se le ha dado en nuestro país a un tema tan grave como es el abuso sexual infantil, y reitera la necesidad de ponerlo en un lugar prioritario en la agenda pública.
El martes 27 de mayo, el Vaticano anunció que había dado de baja de manera definitiva al sacerdote Eduardo Córdova Bautista al acreditarse que abusó sexualmente de un menor de edad en 2012, y que se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí.
Hasta aquí todo parece ir en el sentido correcto, pero lamentablemente no se trata de un hecho aislado. De acuerdo a organizaciones de víctimas de pederastia y a un activista muy respetado como lo es Alberto Athie, el historial delictivo de este sujeto se remonta a 30 años atrás y los casos de abuso pueden sumar más de 100, lo que representa una cifra aterradora.
Incluso un representante de la iglesia católica reconoció que en 1998 recibieron una denuncia por abuso sexual contra Córdova Bautista, pero que no procedió por falta de pruebas. Lo cierto es que de acuerdo a diversos testimonios recogidos por la periodista Sanjuana Martínez, desde hace muchos años las autoridades eclesiásticas en el estado tenían conocimiento de lo que sucedía pero optaron por guardar silencio y encubrir al sacerdote pederasta.
Esto confirma lo que concluyó el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Niños en el informe presentado el pasado 5 de febrero, en el que señaló que el Vaticano no adoptó las medidas adecuadas para poner fin a los abusos sexuales de niños, no hizo obligatorio que se informara de ello a las autoridades policiales y judiciales, y por encima del mejor interés de los menores puso la preservación de su reputación.
Aunque varias décadas después, cuando menos en el caso del pederasta de San Luis Potosí la iglesia está rectificando, pero es un hecho que de haber actuado con oportunidad los daños serían mucho menores. Ahora corresponde a las autoridades civiles actuar con toda celeridad y eficiencia para evitar que esta siga siendo una historia más de impunidad, y garantizar que las víctimas reciban la atención necesaria como ya lo ofreció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en voz de su presidente Jaime Rochín.
Debemos estar conscientes que este no es un fenómeno exclusivo de una iglesia o religión, es transversal y se puede presentar en cualquier ámbito de nuestra sociedad. Aun cuando no existen estadísticas por ser un delito que generalmente se comete en el entorno más cercano a las víctimas y muy poco se denuncia, el abuso sexual infantil tiene consecuencias muy profundas y la mejor arma que tenemos es la prevención. No permitamos que el silencio y la indiferencia se impongan, es momento de actuar!
