La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) sólo han amenazado con descuentos a faltistas y despidos a maestros y trabajadores administrativos que acumularon cuatro faltas consecutivas; hasta el momento las sanciones siguen sin aplicarse. Por el paro de actividades que realizaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del 15 de mayo al 7 de septiembre, los estudiantes oaxaqueños perdieron 57 días de clases, lo que representa 256.5 horas-clase por alumno, un atentado a la educación pública
Jazmín GÓMEZ
Estudiantes oaxaqueños de nivel básico han perdido hasta 57 días, que representan 256.5 horas-clase por alumno tan sólo en el término del ciclo escolar 2015-2016 y del recién iniciado 2016-2017, producto del paro de labores que la Sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició el 15 de mayo y concluyó el pasado 7 de septiembre.
En tanto, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), sólo han amenazado con descuentos y despidos en contra de los paristas y de quienes acumularon más de cuatro faltas consecutivas, que a la fecha siguen sin aplicarse.
El magisterio en Oaxaca inició el paro de labores el 15 de mayo del 2016, y que en muchas escuelas se prolongó hasta el 16 de julio, cuando debía culminarse el ciclo escolar 2015-2016. El motivo de esta suspensión fue para exigir la abrogación de la Reforma Educativa e impedir la armonización de la Ley Estatal de Educación en Oaxaca –aprobada el 10 de abril de este año por el Congreso local- con la legislación federal.
El 22 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial de 200 días de la SEP, debió iniciar el ciclo escolar 2016-2017, sin embargo en Oaxaca inició hasta el 7 de septiembre con un acto cívico que encabezaron dirigentes magisteriales en Asunción Nochixtlán, el mismo sitio donde se diera un enfrentamiento el domingo 19 de junio entre policías federales con activistas de la Sección 22 y grupos afines, que dejó un saldo de ocho personas muertas y decenas de heridos.
Las afectaciones en el ciclo escolar que concluyó el pasado 16 de julio son similares a las del ciclo escolar 2006-2007, durante el movimiento magisterial popular cuando se perdieron 55 días de clases, durante la administración del gobernador Ulises Ruiz.
Un día hábil, de lunes a viernes, representa 4.5 horas diarias de clase para estudiantes de nivel básico, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, ante ello, sólo en 12 días del presente ciclo escolar se han perdido 54 horas de aprendizaje para la niñez oaxaqueña.
En su momento, el ahora ex titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, señaló que al término del ciclo escolar 2015-2016, al menos 194 escuelas, de las 13 mil, ampliaron el calendario de actividades para reponer los días perdidos y que el 97 por ciento de la totalidad cumplió satisfactoriamente el ciclo escolar, aunque por otro lado admitió que era difícil tener cifras precisas debido a que muchos directivos de esas escuelas, pertenecen a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación.
Sólo amenazas de despidos
El 19 de mayo del presente año, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, informó que serían despedidos mil 119 maestros y maestras de Oaxaca, Guerrero y Michoacán que habían acumulado cuatro inasistencias justificadas y que el proceso llevaría 20 días hábiles, sin embargo esos despidos nunca se vieron reflejados en esta entidad. El mismo funcionario dijo que habría descuentos a faltistas, algo que tampoco se llevó a la práctica.
De la misma manera, para el inicio del ciclo escolar 2016-2017, la SEP informó que habría sanciones a quienes no iniciaran el ciclo conforme al calendario oficial, lo que nuevamente fue ignorado por la CNTE y particularmente por la Sección 22 en Oaxaca.
A finales de agosto, la SEP informó que habría sanciones a nivel nacional a 44 mil docentes, así como a personal de apoyo que no inició labores en los primeros cuatro días del ciclo escolar y que a mil 255 se les inició el proceso de separación de sus funciones en Oaxaca y Guerrero, de ellos, sólo 239 eran de Oaxaca.
El número de escuelas que abrieron sus puertas en la entidad, antes del 7 de septiembre llegó sólo al 69.4 por ciento, mientras que el 30.6 por ciento lo hizo conforme a la disposición de magisterio y no de las autoridades educativas.
Nochixtlán, un pretexto
Tras 15 días de bloqueo por parte de magisterio, pobladores e integrantes de organizaciones en apoyo a la Sección 22, en la caseta de cobro en la carretera federal 190 a la altura de Asunción Nochixtlán, el 19 de junio se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Policía Federal que dejó como saldo ocho personas muertas, una más murió en el hospital. Luego de las investigaciones se determinó que tanto elementos policiacos como pobladores hicieron uso de armas de fuego.
Las personas muertas, confirmaron autoridades y el propio magisterio, eran en su mayoría integrantes de organizaciones sociales, sin embargo esos hechos sirvieron como el pretexto perfecto para que docentes continuaran con sus acciones de protesta y de bloqueos carreteros en diversos puntos del estado.
Sin avances, mesas de diálogo
El 13 de julio se llevó a cabo la primera mesa de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y la CNTE, sin que por ello se suspendieran las movilizaciones, las protestas y los bloqueos en diversos puntos de la entidad oaxaqueña. Esa primera mesa de diálogo no tuvo avances, informaron las partes involucradas.
Las exigencias del magisterio eran las mismas: reparación del daño a deudos de las víctimas y a familiares de los lesionados durante los hechos violentos de Nochixtlán; la contratación inmediata de estudiantes normalistas, la liberación inmediata de líderes magisteriales y, finalmente, como punto primordial la abrogación de la Reforma Educativa.
Hasta el 1 de agosto en su novena mesa de negociación, la CNTE habría logrado que no se les descontara a faltistas, se investigaran los hechos ocurridos el 19 de junio en Nochixtlán y la liberación de cuatro de sus dirigentes, aunque quedaba aún pendiente la liberación del secretario General de la Sección 22, Rubén Núñez, quien fuera liberado el 12 de agosto.
El 7 de septiembre maestros y maestras decidieron regresar a las aulas, no así levantar el plantón que desde el 15 de mayo se encuentra instalado en el Zócalo de la capital y la Alameda de León y que ha propiciado que decenas de vendedores ambulantes ocupen espacios frente a los costados o donde lo desean en el primer cuadro de la ciudad.
Liberan a líderes magisteriales
Acusados de lavado de dinero, de robo de libros de texto, de destrozos entre otros delitos, dirigentes magisteriales que habían sido detenidos en 2015 y principios de este año obtuvieron su libertad bajo fianza tras las presiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al Gobierno Federal.
El 16 de julio de este año fue liberado el profesor Roberto Abel Jiménez García, ex integrante de la Comisión Política de la Sección 22, quien fue detenido el 29 de octubre del 2015 por elementos de la Policía Federal acusado de robo con violencia por más de 500 mil pesos.
El 31 de julio fue liberado el profesor Efraín Picazo Pérez, representante del sector estatal de la Sección 22 e integrante de la Comisión Política, acusado de los delitos de robo específico y robo con violencia, así como daños a las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4).
Juan Carlos Orozco Matus, obtuvo su libertad el 1 de agosto y continúa su proceso fuera de prisión; fue detenido el 29 de octubre del 2015 por su presunta participación en delitos como motín, daño en propiedad ajena y contra el patrimonio nacional.
Aciel Sibaja, secretario de Fianzas de la Sección 22, fue detenido el 13 de abril de este año, bajo los expedientes145/2015 y 195/2015, acusado de lavado de dinero, robo específico y daños en perjuicio del gobierno estatal y liberado el 12 de agosto de este año.
El 12 de agosto fue liberado bajo fianza el secretario general de la Sección 22, Rubén Núñez Ginés, acusado por el delito de lavado de dinero por una suma total de 32 millones de pesos. Fue detenido el 12 de junio de este año.
Asimismo, el mismo 12 de agosto fue puesto en libertad bajo fianza el secretario de organización, Francisco Villalobos Ricárdez, acusado de del robo de libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública. Detenido el 11 de junio también de este año.
Othón Nazariega Segura fue liberado bajo caución el 22 de agosto, había sido detenido el 29 de octubre del 2015, acusado de los delitos de tentativa de homicidio, daños y robo específico.
Al final, una historia de caprichos cumplidos.