De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, Oaxaca se encuentra dentro de los 13 estados del país que tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos. Prevalecen los tratos crueles, inhumanos y denigrantes para las personas privadas de su libertad en los reclusorios de la entidad; tan sólo en el anexo psiquiátrico del penal femenil de Tanivet, los enfermos mentales conviven con plagas, revela el visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos
José HANNAN ROBLES
Oaxaca se encuentra dentro de los 13 estados de la República que tienen prisiones en situación grave por violaciones a los derechos humanos de los internos, revela el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015.
Lo anterior es producto de la grave crisis que enfrenta el sistema carcelario derivada de la falta de una adecuada política que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar como la exigencia del cese a las condiciones que representan situaciones de violación a derechos humanos en los penales.
Los otros estados del país que presentan las mismas condiciones de Oaxaca en sus cárceles son Campeche, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit.
El estudio elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y publicado recientemente destaca graves deficiencias en el sistema penitenciario mexicano: hay cárceles autogobernadas por los reos, persiste la falta de atención médica y las malas condiciones de higiene y en muchos casos las celdas albergan a 30 ocupantes cuando están diseñadas para cuatro personas.
Además, hay personas procesadas –aún sin condena- y presos ya condenados que conviven en las mismas habitaciones y espacios comunes; falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo; falta de personal de seguridad y custodia, pero sobre todo falta de prevención y atención de incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, homicidios y motines.
En diversos centros de reclusión no se cuenta con algún programa para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria, mientras que en otros prevalecen malas condiciones de higiene en dormitorios, cocina y comedor.
Otras constantes son el hacinamiento, la sobrepoblación y los privilegios; la falta de manuales de procedimiento para ingreso, traslado de internos en caso de motín, uso de la fuerza, visita íntima, así como una deficiente difusión de la normatividad. A todo ello se suma la falta de oportunidades para la mayoría de los internos de servicios y de actividades educativas, laborales y deportivas.
Otros problemas son las áreas de privilegios, así como la presencia de objetos, sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población.
Para realizar el diagnóstico la CNDH midió cinco rubros: aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; reinserción social del interno; y grupos de internos con requerimiento específico.
Tras evaluar esos cinco rubros, la Comisión señaló que, del 1 al 10, el promedio nacional de calificación de los centros penitenciarios estatales fue de 6.21 en el año 2015. Cifra que si bien supone un ligero aumento respecto de 2014 (6.02), “no implica un avance o cambio radical” en el panorama de las prisiones.
Abusos y vulnerabilidad
Juan Rodríguez Ramos, visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), señala que en los penales no se garantizan los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Ramos se basa en el diagnóstico que año con año realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en el cual también participa personal de la defensoría como apoyo a este organismo nacional.
Comenta que de acuerdo al último diagnóstico, se considera que el sistema penitenciario aún no cumple con los objetivos que la ley ha fijado, y recuerda que en el mes de mayo se publicó la nueva Ley Nacional de Petición de Pena, para prever que las situaciones sean más garantistas.
Dice que el principal derecho humano que se vulnera es el de la salud, en virtud de que el Sistema Penitenciario no cuenta con médicos propios en los reclusorios, pues dependen de otras instancias de salud para ofrecer la atención médica.
Los 15 reclusorios que funcionan en la entidad y el Centro de Internamiento de Adolescentes, no salvaguardan el derecho humano a la salud; en ellos existen personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas que no reciben atención médica, y en ocasiones esta es ofrecida por el Hospital Civil Aurelio Valdivieso, que se encuentra sobresaturado, lo que genera un mayor deterioro de la salud de los enfermos en prisión.
Otro de los derechos vulnerados con frecuencia, es la imposición de sanciones sin observar el debido procedimiento, es decir cuando un recluso, probablemente comete una falta, se le impone la sanción sin existir un procedimiento, en ocasiones este es posterior a la sanción únicamente para guardar la forma en un momento dado.
Rodríguez Ramos señala que otro de los derechos humanos, que se viola de manera cotidiana es el derecho a una alimentación sana y de calidad.
Si bien es cierto que existe una explicación o una justificación del Sistema Penitenciario, en el sentido de que el Estado no le proporciona el recurso oportunamente para lo que se denomina pre o socorro de ley para los alimentos, también es cierto que no se administra adecuadamente el dinero. Al final de cuentas la responsabilidad es del Estado, y provoca que la alimentación en los reclusorios no sea la apropiada y nutritiva.
También se considera violación a los derechos humanos de los internos, la falta de talleres apropiados para garantizar una real reinserción como establece el artículo 18 de la Constitución federal, es decir no tienen talleres suficientes, carecen de material bastante, y no tienen la capacitación necesaria para el trabajo, lo que impide que se logren los criterios de reinserción, reitera.
Trato inhumano
El visitador recalca que prevalecen los tratos crueles, inhumanos y denigrantes para las personas privadas de su libertad; se han descubierto revisiones indignas a quienes visitan a sus familiares o amigos, lo que atenta contra el pudor y la libertad, cometidas incluso en menores de edad.
Cita los penales de Santa María Ixcotel, Etla y Tehuantepec, como los más sobrepoblados. Hay otros reclusorios con menos hacinamiento, pero se encuentran en condiciones indignas porque no fueron construidos para penitenciarias, entre ellos menciona al de Huajuapan de León, Tlaxiaco, Pochutla y Juchitán, principalmente.
Al referirse al anexo psiquiátrico del penal femenil de Tanivet, donde se trata a las personas que tienen alguna limitación en sus facultades mentales, asegura que las condiciones son indignas para estos enfermos.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, revela, detectó plagas dentro del anexo psiquiátrico, por lo que emitió algunas propuestas especiales.
El visitador aclara que carece de información relacionada con los reos que padecen alguna enfermedad de transmisión o contagiosa como el VIH o Sida, y si estos se encuentran segregados o conviven de manera normal con la población penitenciaria.
Subraya que ese tipo de internos deben tener garantizado el tratamiento médico apropiado que requieren.
Rodríguez admite que todavía hay deficiencias en el Sistema Penitenciario de Oaxaca, que no han sido solventadas, las cuales pueden superarse cuando entre en operación el nuevo reclusorio de Tanivet.
De su opinión respecto a la percepción que se tiene, en el sentido de que la Comisión de Derechos Humanos es defensora de delincuentes, comenta que esta opinión no es novedosa, y se ha ido disipando con el transcurso de los años. Esa idea, agrega, se generó con más frecuencia a partir de la creación de estos organismos en 1990.
“La opinión es muy concreta, la Defensoría defiende a personas, no calificamos la calidad de ellas; el juez es quien determina si son o no delincuentes”.
Defendemos y atendemos en su calidad de personas, no las calificamos, a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas infectadas de VIH, incluso docentes, personas privadas de su libertad, que cometen algún tipo de infracción a la ley, incluso servidores públicos, concluye.
