Editorial
Mucho se ha escrito sobre este tema escabroso e indignante: la liberación de los ocho mentores de la Sección 22, detenidos por diversos delitos, consignados de manera ficticia a penales federales y, finalmente, liberados. El tema de las mesas de diálogo que se instalaron en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con la Comisión Política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y los acuerdos emanados de ellas, en donde sin duda alguna se etiquetó la liberación de los maestros radicales detenidos, ha creado un ambiente de crispación social, mediática y aún en el Congreso de la Unión. Ha despertado la sospecha de un mal manejo, que implicó ceder en todo, poniendo en riesgo la misma Ley de Educación y la Reforma Educativa, empoderando a la CNTE, que le ha apostado al todo por el todo.
Luego de la liberación del Secretario General y el de Organización de la Sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, detenidos el 12 y 11 de junio, respectivamente, pero liberados a dos meses de dicha acción, sin haberles instruido un proceso dada la presunción de haber cometido delitos graves, entre la ciudadanía oaxaqueña permeó la idea de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, simplemente se ha burlado del pueblo. Persiste la idea de que nos ha ubicado como laboratorio de sus yerros y deslices políticos, pero sobre todo, ha hecho caso omiso de la crisis que aquí se ha vivido desde hace más de tres meses, a raíz de los disturbios, de los bloqueos carreteros, de la extorsión y el chantaje del magisterio afiliado a la CNTE/Sección 22.
Como si ello no fuera suficiente, nos deja también colgados del affaire Nochixtlán, un hecho sangriento que puso a prueba la torpeza en el manejo de una crisis y el cuestionado aparato de inteligencia del Estado mexicano. Lo aberrante de todo es que la Federación ha dado muestras no sólo de debilidad, sino de la mediocridad que prevalece en las altas esferas del gabinete gubernamental, al ceder todo ante un poder fáctico –la CNTE- que ha aterrorizado a la sociedad inerme de al menos cuatro estados del país: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, sin que el Estado haya obligado a sus operadores a suspender los bloqueos carreteros y la violencia prohijada por infiltrados y provocadores.
Las llamadas mesas de diálogo, iniciadas por el titular de SEGOB, Miguel Ángel Osorio Chong y continuadas por el Subsecretario de Gobierno y amigo cercano del presidente Peña Nieto, Luis Enrique Miranda Nava, se han llevado a cabo en total secrecía y discrecionalidad. Ahí se negoció la libertad de los detenidos; el otorgamiento de plazas sin concurso; el retroceso en los descuentos a los maestros faltistas; el pago a los mentores que han laborado de manera irregular y muchas otras prebendas que se han otorgado, sin que la CNTE haya asumido ningún compromiso. Esta situación ha generado la sospecha de que algo se oculta al pueblo de México y le ha hecho al gobierno federal un boquete, ante el repliegue de uno de los sectores que siempre apoyó las Reformas Estructurales: las cúpulas empresariales.
La CNTE/Sección 22, amenaza con boicotear el inicio del ciclo escolar 2016-2017 y ha anunciado como acuerdo de asamblea continuar con los bloqueos carreteros en todo el estado. Más aún, ir sobre los negocios que cerraron el pasado 8 de agosto, al unirse al paro generalizado a que convocaron los organismos empresariales y boicotear la toma de posesión del gobernador electo, Alejandro Murat Hinojosa. El suplicio de la sociedad civil pues, no ha terminado ante la mirada complaciente de un gobierno frágil, corrupto, faccioso y opaco.
