Es uno de los principales obstáculos para el diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela y parte de la lista de condiciones para retomar los contactos entregada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que visitaron Caracas intentando descongelar las conversaciones.
Pero en el tema de los detenidos por las protestas que desde hace meses afectan a este país suramericano, las partes solamente parecen tener visiones más o menos similares en lo aritmético.
En todo lo demás –empezando por la legalidad de las capturas y el tratamiento de los capturados, así como sus perspectivas de liberación– las versiones no podrían ser más diferentes.
Aunque esa ya parece ser la norma en Venezuela.
Según cifras oficiales, sin embargo, hasta el pasado miércoles 14 de mayo el número de personas aprehendidas por las autoridades ya sumaba 3 mil 102, de las cuales 252 continuaban privadas de la libertad.
Y el total es bastante similar al manejado por la ONG Foro Penal Venezolano, quien este lunes por la mañana contabilizaba un total de 3 mil 82 detenidos, si bien la organización únicamente registra a 164 personas bajo arresto formal.
En su base de datos, sin embargo, el Foro también identifica a 43 “retenidos”: es decir, personas que permanecen bajo arresto sin haber sido presentadas formalmente ante un juez.
Según la información –que es actualizada en tiempo real con la información proporcionada por los voluntarios del Foro– al menos 1 mil 807 de los liberados hasta la fecha están bajo medidas cautelares, mientras que hay al menos 444 cuya situación legal aún está por verificar.
En aumento
Los números, en cualquier caso, han venido creciendo a un ritmo bastante acelerado desde que se inició el diálogo en abril pasado y en particular en las últimas semanas.
Fue precisamente la captura de 243 estudiantes durante el desalojo de varios campamentos de manifestantes en Caracas, el pasado 8 de mayo, lo que motivó el congelamiento de las conversaciones por parte de la oposición.
Eso no impidió que el miércoles 14 de mayo otros 105 estudiantes fueran arrestados durante una marcha en el este de la capital.
“En el mejor de los casos las detenciones no han disminuido y los abusos han aumentado”, Alfredo Romero, presidente ejecutivo del Foro Penal.
Y los acontecimientos del miércoles son definitivamente un buen ejemplo de la diferencia de versiones en torno al accionar de la fuerza pública, las razones para las detenciones y el debate sobre su legalidad.
Un joven que participó en la marcha, y pidió no ser identificado, dijo que la movilización se había desarrollado de forma pacífica hasta su llegada a la sede del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD), en la urbanización Los Palos Grandes.
“Pero ahí lo que nos esperaba era una emboscada. La Guardia (Nacional Bolivariana) empezó a arrestar a los chamos sin ninguna razón”, afirmó.
La versión oficial, sin embargo, vincula esos arrestos con un ataque en contra de la sede del Ministerio de Turismo de Venezuela, ubicado en la ruta de la movilización.
Y los medios oficialistas mostraron numerosas imágenes de los encapuchados que habrían participado en el acto vandálico.
Versiones encontradas
En términos generales, la legalidad de las capturas y el tratamiento de los detenidos también es comúnmente objeto de versiones encontradas y debate.
Entre los delitos o faltas más comúnmente citadas para justificar los arrestos están la instigación pública, la intimidación pública, la obstrucción de la vía pública, el agavillamiento y la resistencia a la autoridad.
Las autoridades sostienen que solamente que actúan en contra de las manifestaciones violentas e intentando garantizar al máximo el respeto de los derechos humanos.
“La forma como actúan los actores que están en la calle en contra de la Guardia Nacional es terrible, escupitazos (sic), insultos, piedras. Y la fuerza pública está en la obligación de contenerlos, pero contenerlos en el marco de los derechos humanos”, explicó la Fiscal General, Luisa Ortega.
“Pero hemos sido garantistas y respetuosos de los derechos humanos y siempre vamos a estar vigilantes”, agregó Ortega, para posteriormente destacar las 160 investigaciones por supuestas violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública que actualmente adelanta su unidad.
En contraste, para Alfredo Romero, la mayoría de las capturas no están justificadas y tienen como objetivo la intimidación.
“Los delitos que se imputan son varios, pero la razón es la misma: que han sido parte de una manifestación”, le dijo.
“Y no existe ninguna legalidad en el mas del 90 por ciento (de los casos), porque las detenciones solo se sustentan en el dicho de un policía o de un funcionario policial o militar, y la jurisprudencia venezolana ha señalado que no puede el dicho de un policía servir para incriminar a nadie”, aseguró el presidente del Foro Penal.
Tema clave
Romero sostiene además que los posibles abusos de derechos humanos por parte de la fuerza pública van mucho más allá de las 160 denuncias oficiales que está investigando la fiscalía, pues el temor y la falta de confianza de los afectados en las autoridades bolivarianas hace que muchos se abstengan de acusarlas.
“Esos (160 casos) no cuentan más de 500 denuncias de torturas y malos tratos que hemos recibido en el Foro Penal, pero que no contabilizamos porque no son denuncias oficiales”, dijo Romero.
Probablemente más temor incluso genera entre los manifestantes la posibilidad de ir a parar a una cárcel común, dada la mala reputación de las prisiones en Venezuela, aunque en una primera instancia la mayoría de los detenidos son por lo general trasladados a instalaciones policiales.
Por lo pronto, el aumento de las capturas ya produjo el nacimiento de una nueva organización: el Frente Nacional para la Liberación de los Estudiantes y Presos Políticos.
La eventual liberación de los 252 privados de libertad –entre los que hay varios menores de edad (al menos siete, según el Foro Penal), numerosos estudiantes y líderes opositores, como Leopoldo López o el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos– sigue siendo uno de los principales objetivos de la oposición en el diálogo.
Aunque con las pláticas congeladas y la amenaza de nuevas marchas todo parece indicar que, al menos en términos numéricos, las cosas muy probablemente se pondrán peor antes de que empiecen a solucionarse.
