El modelo Acusatorio Adversarial que desde hace mes y medio entró en vigor en el país, está concebido como un sistema rápido y eficaz para impartir justicia y resolver conflictos en materia penal; sin embargo, dos de los grandes retos que enfrenta es combatir la corrupción y evitar que la comisión de delitos no quede en la impunidad como ocurría en el pasado. Especialistas en Derecho Penal señalan que la deficiente capacitación y la poca inversión frenan el correcto funcionamiento del nuevo sistema. Indican que Oaxaca es un caso especial para su aplicación por los 570 municipios y su compleja orografía.
Jazmín Gómez
El pasado 18 de junio, ocho años después de que fuera aprobada la reforma constitucional en materia penal, entró en vigor en el país, el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que a decir del presidente Enrique Peña Nieto es la transformación jurídica más importante de los últimos cien años.
Este proceso que se instrumentó de manera paulatina desde junio de 2008 en los diferentes estados de la República, está vigente desde hace un mes y días a nivel nacional para todos los delitos, pero aún enfrenta grandes retos y desafíos para que realmente opere con toda su fuerza y vigor.
Para que este nuevo modelo funcione al cien por ciento, se tienen que corregir deficiencias como lograr la capacitación de quienes integran el sistema, invertir en infraestructura, considerar a los diversos grupos étnicos contratando a personal que hable lengua indígena para que funjan como traductores, que se fortalezca la cuestión administrativa para evitar rezagos y en su caso, analizar una posible reforma al tema de la reclasificación de los alegatos de clausura, afirman expertos en la materia.
El nuevo Sistema Acusatorio Adversarial, concebido como un sistema rápido y eficaz para impartir justicia y solucionar conflictos en materia penal, se sustenta en los principios de respeto al debido proceso, presunción de inocencia, imparcialidad judicial, protección de la víctima, exclusividad de la investigación penal, y los de oralidad, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
Entre los grandes cambios que impone este nuevo Sistema Penal Acusatorio se encuentran el de establecer mayores controles y contrapesos en el proceso. Las funciones del Ministerio Público, por citar un ejemplo, serán supervisadas por un Juez de Control en la Investigación, y existirán Jueces de Juicio encargados de dictar sentencia, diferentes de los que participan en la Investigación.
La presunción de inocencia deberá institucionalizarse, y evitar a partir de ella, hasta donde sea posible, la prisión preventiva. Las audiencias públicas orales obligan a las partes a una mayor exigencia profesional, no solamente de los abogados litigantes o del Ministerio Público, incluso de los propios Jueces.
La profesionalización que el Sistema demanda del Ministerio Público y el resto de sus operadores hace imprescindible el uso de tecnología, laboratorios y otros elementos para buscar la verdad de los hechos. Esta nueva realidad impone la necesidad de una capacitación real de las partes que operan e intervienen en el proceso.
Este nuevo sistema, sin duda alguna, traerá beneficios igualmente a la sociedad en general. Entre sus grandes retos y desafíos destacan disminuir la burocracia, que los procesos se agilicen notoriamente, que exista un mayor respeto a los Derechos Humanos, y una clara protección a la víctima y al imputado cuya inocencia se presume.
Al existir medios alternos de resolución del conflicto, como la mediación y los juicios abreviados, se pondrá desde luego mayor énfasis en la reparación del daño que en la pena privativa de libertad del acusado.
Otro de los grandes retos que enfrentará el nuevo Sistema Penal, al profesionalizarse el Ministerio Público y los cuerpos de policía, se refieren al requerimiento de una capacitación constante y efectiva de todas las personas, no solo en materia jurídica, sino sobre todo en el uso de las distintas tecnologías que puedan servir para encontrar la verdad histórica.
Esta capacitación tiene que abarcar a las diferentes policías, ministerios públicos y jueces; en consecuencia lógica, deberán establecerse también laboratorios y servicios periciales con los elementos operativos necesarios. Esto tendría que estar funcionando ya, pero es evidente todavía hay algunas carencias sobre todo en materia de infraestructura y los recursos necesarios para sortear obstáculos.
Las deficiencias del sistema
Arturo Cruz Castillejos, Maestro en Derecho Penal; y Juan José Meixueiro Orozco, abogado constitucionalista y presidente de la Barra Nacional de Abogados Capítulo Oaxaca, coinciden que Oaxaca tiene importantes avances para la correcta implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues aún existen deficiencias como la capacitación, inversión y sociabilización.
Arturo Cruz Castillejos dice que viene una etapa de consolidación del sistema, en el caso particular de Oaxaca, es necesario considerar la diversidad indígena, de lenguas y sus variantes porque aún cuando se están creando los órganos auxiliares para traductores, hace falta fortalecerlos.
El también ex presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho agrega que por tener más años de conocer el sistema penal, se están analizando las especificaciones de los casos a través del nuevo sistema, como son los temas delicados que tienen que ver con feminicidios, grupos indígenas, entre otros.
Señala que una de las grandes problemáticas del viejo sistema es que muchos delitos e quedaban en la impunidad, se tendría que ver en algunos meses cómo está funcionando el nuevo sistema en esa materia porque no se descarta que sigan prevaleciendo los vicios, aunque sea en una mínima parte.
La protección a los derechos humanos fundamentales, añade, es una de las más importantes bondades del nuevo sistema, que tienen que ver con la privacidad de la vida, que no se incrimine a una persona antes de ser sentenciada, que si se difunde una imagen o información de la víctima o del inculpado sea con autorización de las partes.
Asimismo, puntualiza que en Oaxaca, al igual que en el resto del país, la inversión en infraestructura es de las partes más importantes. El caso específico de este estado es que cuenta con 570 municipios, tiene una orografía compleja y al hacer una división en circuitos judiciales es necesaria la creación de centros de justicia que puedan cubrir todas las demandas.
Cruz Castillejos, docente certificado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), indica que en la entidad hay centros de justicia que no se están dando abasto para responder a las exigencias en materia justicia en el nuevo sistema
Y pone como ejemplo que hay asuntos de los distritos judiciales de Miahuatlán e Ixtlán que se están desahogando en la capital. Esto, agrega, es uno de los factores que impide que la justicia se imparta en los lugares donde se está solicitando.
Sostiene que una de las grandes deficiencias, que como abogado ha debatido con otros expertos en el tema, es la urgencia de una reforma urgente para evitar violaciones procesales a derechos fundamentales, como es el caso de la reclasificación en los alegatos de clausura, pues se trata de una aberración jurídica que si una persona se defiende por un delito y demuestra que no lo cometió, al final pueda ser acusado por cualquier delito que se le parezca, antes de ser sentenciado.
Revela que en los casos que ha tenido conocimiento y ha formado parte se ha dado cuenta que uno de los grandes lastres que hay que combatir es la corrupción, que si bien era más evidente en el anterior sistema, en el actual hay quienes no han entendido que la aplicación de la justicia es distinta y que incluso las partes involucradas pueden denunciar cuando se dan casos de corrupción.
En este sentido, considera que es muy difícil lograr una implementación de excelencia en el nuevo Sistema de Justicia Penal, pues se empiezan a percibir grandes problemas en la cuestión administrativa. Hay audiencias que se están programando a 6 meses y si se comienza a tener rezagos y no se trabaja para desahogar esa parte administrativa las cosas se pueden ir complicando, advierte.
Infraestructura insuficiente
Por su parte, Juan José Meixueiro Orozco, presidente de la Barra Nacional de Abogados, Capítulo Oaxaca señala que desde que empezó a aplicarse el nuevo Sistema Penal en Oaxaca, inició con carencias, sobre todo porque se implementó sólo en una región por falta de infraestructura en otras zonas de la entidad, sin embargo esto se ha venido mejorando.
Asegura hay mucho por hacer todavía en materia de capacitación y de establecer los métodos científicos de investigación, para que esos métodos conduzcan a una verdadera y auténtica investigación y la comisión de un delito no acabe en la impunidad.
Además, observa que hace falta voluntad de quienes forman el Sistema Jurídico Mexicano y el Foro Jurídico Oaxaqueño en materia de capacitación de abogados litigantes, capacitaciones a las cuales se debe tener acceso de manera obligatoria.
“Este sistema es muy técnico y exige que el abogado litigante, que el Ministerio Público, el defensor de la víctima, el defensor del imputado, que el juez de garantía, de control, así como en el Tribunal de Acusación estemos verdaderamente capacitados y actualizados en la operación del sistema. Es ahí donde aún estamos atorados”, sostiene.
El presidente de la Barra Nacional de Abogados en Oaxaca abunda que para que el nuevo Sistema Penal sea un éxito depende de quienes lo apliquen y de quienes exigen justicia, pues las normas y reglas están escritas, ahora hay que hacerlas viables y útiles.
El pasado mes de junio venció el plazo para la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que sustituye al código procesal de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. Con la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal, Oaxaca está a la vanguardia pero aún existen muchos retos para que su implementación rinda los frutos esperados.
