Víctor Chávez
Especial para Real Politik
MÉXICO DF.– En un acto de “vil atraco”, el director del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, propuso al Senado de la República reformar la ley del Instituto que preside para adjudicarse un “cochinito” de más de de ¡190 mil millones de pesos! propiedad de 22 millones de mexicanos, que alguna vez cotizaron pero que dejaron de hacerlo por perder su empleo.
Dado que para acceder a sus recursos el trabajador tiene que volver a encontrar un empleo y regresar a la vida formal –antes de llegar a los 60 años para poder tramitar su retiro y recibir el dinero-, al funcionario se le facilita pedir que “le abran el cajón para meter la mano” y utilizar esos millones para financiar el seguro de desempleo que propuso el presidente Enrique Peña Nieto.
Luego de que el joven oaxaqueño Murat guardó silencio y permitió a la empresa Oceanografía –centro de un escandaloso caso de corrupción y fraudes solapados durante los gobiernos del PAN y en lo que va del PRI- evadir el pago de los fondos de sus trabajadores, hoy justifica que incluso informó públicamente que el Infonavit trabaja ya con la Procuraduría General de la República (PGR) para restituir el daño generado a los trabajadores, luego de que demandó a Oceanografía y firmas relacionadas por los “indicios de que realizaban subcontrataciones irregulares”.
Lo anterior le permitía a la empresa “evitar el pago de sus obligaciones patronales, como su aportación a la subcuenta de vivienda y amortizaciones a los créditos hipotecarios”.
¿Será que Murat no sabía? ¿Tampoco los panistas sabían?
“Es una burla, es una simulación, todo ha sido una complicidad y ahora quieren resarcir las pérdidas de esa corrupción con los recursos que son de los trabajadores, que tienen dueño y que deben de ser ubicados para saber de su condición para ver si pueden o no disponer de ellos”, consideró, en entrevista, la secretaria de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, Luisa María Alcalde Luján.
Alejandro Murat planteó reformar la ley “ante la necesidad de disponer de ese dinero para financiar parte del seguro de desempleo”, ya que argumentó que esta medida “no menoscaba ninguna de las prestaciones que actualmente ofrece el Infonavit, sino que se amplían a un tercer cajón, que es la parte del desempleo”.
El funcionario se apuró a justificar que el Infonavit “cuenta con los recursos suficientes y las finanzas sanas para seguir garantizando el acceso de los derechohabientes a la vivienda, una prestación que se mantendrá intacta”.
Sin embargo, subraya que “la diferencia es que ahora habrá fondos para apoyar durante medio año a un universo de un millón 200 mil trabajadores que, en promedio anual, pierden su empleo formal. La cifra de los beneficiados podría ser hasta de un millón 500 mil mexicanos en un escenario de crisis económica”.
Explica que el instituto tiene alrededor de 190 mil millones de pesos, de los millones de ciudadanos que alguna vez fueron derechohabientes activos. Con el Seguro de Desempleo se busca atender otra etapa del ciclo productivo, mediante un esquema progresivo en tres cajones: vivienda, desempleo o pensiones”.
Saquear a desempleados
para financiar al seguro
Las duras críticas de senadores del PRD y del PAN frente al funcionario mostraron su rechazo a que el seguro de desempleo lo paguen los propios trabajadores, renunciando al derecho de tener una vivienda y a evitar que el gobierno federal actual haga un mínimo esfuerzo de voluntad política para aportar recursos para ello.
El senador panista Martín Orozco Sandoval planteó que con la propuesta de seguro de desempleo “quienes conserven su trabajo por 10 años consecutivos y después lo pierdan consumirán en apenas seis meses el 60 por ciento de su cuenta del Infonavit de 7.5 años, si deciden acceder a esta figura”.
Por ello negó que el fondo solidario vaya a pagar el desempleo de las personas que tengan menos de 7.5 años trabajando, porque aunque se puede acceder a ese derecho cada cinco años “nunca alcanzarán” los recursos.
En tanto, la perredista Dolores Padierna subrayó que en el nuevo ordenamiento se proponen una serie de requisitos y “criterios restrictivos” para focalizar el programa y “excluir a mucha gente” de este derecho.
Añadió que “se establecen dos grandes engaños, porque se promueve una pensión universal de mil 92 pesos, de acuerdo a lo que establece el Coneval, para una línea mínima de bienestar, pero hasta dentro de 15 años; además se menciona que será para personas de 65 años o más, sin embargo se otorgará conforme al promedio de vida”.
Por ello, “con esta ley este derecho no será universal sino condicionado, no incluye prestaciones ni contempla acciones de protección social e impone como requisito a los adultos mayores contar con servicios de salud, pero en cuántas comunidades no tenemos centros de salud”.
Los trabajadores se financiarán solos ¿y el gobierno?
Miguel Reyes Hernández, coordinador del Observatorio Laboral de la Universidad Iberoamericana, comentó –en entrevista- que, “en general, la reforma hacendaría impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto carece de elementos progresivos y sustanciales”.
Explicó que la pensión Universal para Adultos Mayores que pretende otorgar el gobierno federal “no es un seguro universal, sino que sólo será otorgada a contribuyentes del Seguro Social”.
Resumió que el Seguro del Desempleo “sólo será una prestación de los trabajadores mismos pero ampliada, con sus propios recursos. Y de paso “permitirán los legisladores que les atraquen sus fondos guardados y congelados en el Infonavit”.
