Un tribunal condenó hoy al exdictador Reynaldo Bignone y otros 14 represores por crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor que aplicaron Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70.
En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal 1 reconoció por primera vez que la Operación Cóndor fue una asociación ilícita que permitió secuestros, torturas y desapariciones forzadas de personas. Argentina se convirtió así en el primer país del cono sur que condena a los jefes responsables de la represión, que incluyó espionaje ilegal, intercambio de prisioneros y asesinatos en otros países.
Bignone, último presidente de facto de la dictadura militar argentina que gobernó el país de 1976 a 1983, fue condenado a 20 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en contra de cuatro víctimas. Otros dos represores fueron absueltos, pero 14 más recibieron penas de 12 a 25 años de prisión por ser coautores o partícipes necesarios de delitos como privación ilegítima de la libertad o asociación ilícita.
El tribunal investigó durante tres años los casos de 105 víctimas, 45 de ellas uruguayas, 22 chilenas, 14 argentinas, 13 paraguayas y 11 bolivianas.
El Plan Cóndor surgió en una reunión realizada el 28 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile y en la que participaron los organismos de inteligencia de los países involucrados, salvo Brasil, aunque después se sumó activamente a la represión. En la cita, los militares Jorge Casas (Argentina), Carlos Mena (Bolivia), José Fons (Uruguay), Manuel Contreras Sepúlveda (Chile) y Benito Guanes Serrano (Paraguay) se comprometieron a eliminar a opositores políticos y líderes sociales, sindicales y estudiantiles.
La existencia del Plan Cóndor fue rechazada por los gobiernos sudamericanos durante años, hasta que el activista humanitario Martín Almada encontró en 1992 en la ciudad paraguaya de Lambaré los llamados “Archivos del terror”, que demostraron la coordinación represiva de las dictaduras. Con el apoyo de un juez, Almada logró dar a conocer mensajes oficiales que probaron que los seis países habían orquestado un terrorismo de Estado en la región mediante espionaje ilegal, secuestros e interrogatorios en los que los detenidos eran torturados.
El Tribunal Oral Federal 1 investigó durante tres años los casos de 105 víctimas en un juicio en el que desfilaron centenares de testigos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay.
