Agencias.-Los niveles de paz permanecen estancados en México, arrastrados por una tasa de homicidios en la que las propias autoridades discrepan, aseguró la coordinadora del Instituto de Economía y Paz en México, Patricia de Obeso.
El año pasado, el nivel de paz mejoró únicamente 0.3%, cifra que representa el menor avance en los últimos cinco años, informa el Instituto en su informe Índice de Paz México 2015.
Esto se debe, principalmente, al incremento de 6.3% en la tasa de homicidios ‒que aumenta por primera vez en cinco años‒, así como en la de delitos cometidos con armas de fuego, afirmó De Obeso en entrevista.
La experta advirtió que “cada vez hay mayor discrepancia” entre las cifras oficiales sobre los homicidios, y que las cifras presentadas por diversas instituciones llegan a diferir hasta en 20%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía registra homicidios a través de actas de defunción, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública toma los datos de las fiscalías estatales”, abunda De Obeso, quien reitera que es necesaria una “verificación de las cifras oficiales” para evitar que haya casos que se queden sin investigación.
Es “preocupante” que en estados como Jalisco, ejemplifica la coordinadora, “cuando encuentran una fosa clandestina y hay 90 cuerpos en ella, se abre una averiguación previa (investigación preliminar) como si solo hubiera un cuerpo o un homicidio”.
Un aspecto en el que el Instituto de Economía y Paz quiere hacer énfasis es en el aumento en la tasa de presos sin condena en el país, motivado por la frecuente utilización en México de la figura de la presión preventiva.
Esto daña mucho a la sociedad porque hay personas que pasan muchos meses en la cárcel sin ninguna sentencia y muchas veces son inocentes”, consideró la experta, y enfatizó que en el país las prisiones son lugares de hacinamiento en los que a veces “las personas salen conectadas con el crimen organizado”.
Por ello, el Instituto resalta la importancia de que se concrete la instrumentación total de la reforma de la justicia, para que se pueda recurrir a otras herramientas (como la mediación) que no pasen necesariamente por la prisión preventiva.
El estado que presenta mejores niveles de paz es Hidalgo, seguido por Yucatán, Veracruz, Tlaxcala y San Luis Potosí.
Por el contrario, Guerrero es el estado menos pacífico, y después se encuentran Sinaloa, Morelos, Baja California y Baja California Sur.
Esta última región norteña, comentó De Obeso, “sorprende” porque se ha posicionado entre las más violentas, dado que su tasa de homicidios se ha triplicado debido a, entre otros factores, la delincuencia organizada.
La coordinadora del Instituto aseveró que aunque en los últimos cinco años los delitos asociados al crimen organizado ‒como las extorsiones y los secuestros‒ han disminuido; eso no quiere decir que el problema esté superado, sino que ha habido cambios en sus actividades.
Alrededor de 2011 predominaba el fuego cruzado, que dejaba altas tasas de homicidio; más tarde las prácticas de los grupos criminales “migraron” a las extorsiones y “probablemente lo que estamos viendo otra vez son enfrentamientos directos (entre esos grupos) que se cobran en homicidios”, detalló la experta.
Añadió que, en total, 50% de los homicidios registrados el año pasado están asociados a la delincuencia organizada.
El impacto económico de la violencia ese año fue de 2.12 billones de pesos (unos 134 mil millones de dólares), que equivalen al 13% del PIB.
“El gasto gubernamental en contención de la violencia sigue ascendiendo (…). Sin embargo, no vemos que se esté reflejando realmente en una reducción” de los crímenes, subrayó De Obeso.
Aproximadamente 90% de las extorsiones y 83% de las violaciones en México no se denunciaron ante las autoridades, señala el reporte.
La desconfianza de los ciudadanos guarda relación con las altas cifras de impunidad: mientras que en 2007 había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, a partir de 2013 se pasó a una sentencia por cada cinco asesinatos.
El informe se realiza a partir de los datos oficiales que conciernen a siete aspectos, entre los cuales se encuentran la eficiencia del sistema judicial, el financiamiento de las fuerzas policiales y los delitos cometidos con armas de fuego.
