Jazmín Gómez
Integrantes del Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos demandaron al Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, su interlocución con el Gobierno Federal para exigir la libertad de más de 60 personas, presas y presos políticos, recluidos en Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS). Advirtieron movilizaciones.
Las y los representantes de cerca de 17 organizaciones, entre ellas la Sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dieron como plazo al Gobernador del Estado, una semana a partir del pasado martes, de lo contrario realizarán movilizaciones y protestas.
“Estamos en una lógica de seguirnos reagrupando todas las organizaciones sociales que nos sea posible para exigir que liberen a presas y presos porque los tienen de manera injusta, por eso en el documento emplazamos al Gobierno del estado de Oaxaca para que nos dé una mesa de diálogo y de justicia”; dijo una de los familiares de presos políticos.
Por su parte, Flavio Sosa Villavicencio, representante de la organización Comuna Oaxaca, dijo que también acudirán a foros nacionales e internacionales para denunciar las arbitrariedades y las violaciones a derechos de las personas que actualmente están reclusas en los Ceferesos.
Dijo que sus exigencias consisten en la libertad inmediata e irrestricta de presos y presas políticos y de conciencia, así como justicia para personas asesinadas y desaparecidas por motivos políticos; emplazan al Gobernador del Estado para que ponga fecha y lugar para llevar a cabo una mesa de justicia con familiares y abogados de presos políticos, asesinados y desaparecidos por motivos políticos del estado de Oaxaca y que sea observada por representantes de Derechos Humanos independientes y autónomos.
Asimismo destacó que demandan que sea el propio Ejecutivo Estatal el interlocutor ante el Gobierno Federal para exigir la libertad de presos y presas políticas, pero también para iniciar un diálogo en el que su intervención sea garantía para evitar procesos penales sin legalidad y certeza política o al margen del régimen constitucional de derechos humanos; denuncian también la utilización de aparatos de procuración y administración de justicia para criminalizar la protesta social; condenan y exigen cese a la política de exclusión, discriminación, racismo y exterminio contra maestros, indígenas, estudiantes, activistas, luchadores y luchadoras sociales del estado de Oaxaca.
