Agencias.-Ante la grave crisis en materia de derechos humanos que se ‘‘viene gestando’’ desde hace décadas en México, el gobierno ha reaccionado con ‘‘dureza’’ a las críticas internacionales y se observa una creciente resistencia al escrutinio público desde el extranjero, afirma Amnistía Internacional (AI) en su informe global 2015/16.
Además, advierte que a la ‘‘práctica generalizada’’ de tortura, ya denunciada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy lamentablemente se suman las desapariciones forzadas con implicación de agentes del Estado, pero también aquellas que son perpetradas por particulares en medio de una impunidad ‘‘casi absoluta’’.
En su amplio informe de 471 páginas, en el que se da cuenta de la situación de los derechos humanos en el mundo, y de manera particular en los 160 países que integran dicho reporte, Amnistía Internacional expresa que hay una especial preocupación por México, dada la gravedad de la situación que se vive en el país.
Para Perseo Quiroz, secretario ejecutivo de AI México, esta crisis de derechos humanos en el país se ha venido gestando desde hace años, tiempo en que la que la clase política y gobernante, ya sea por desinterés o por incapacidad, no han podido enfrentar de manera adecuada estos problemas directamente vinculados a los derechos humanos. ‘‘Si revisamos nuestros sucesivos informes veremos que la situación de México empeora cada vez más año con año’’, dijo en entrevista con La Jornada.
De la larga lista de violaciones reportadas en el informe, el directivo de AI destaca la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, así como las relacionadas con los temas de seguridad, migración y violencia de género.
Pero también se refiere al aumento de la pobreza entre 2012 y 2014, según datos oficiales, que hacen prácticamente imposible que más de la mitad de la población tenga acceso a las necesidades mínimas para tener una vida digna.
Así, en el informe, AI señala que la impunidad ‘‘casi absoluta’’ persiste en las violaciones graves a los derechos humanos; hay un muy elevado número de víctimas por desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales, una cifra creciente de detenciones, expulsiones y denuncias de abusos contra personas migrantes, una ‘‘violencia generalizada’’ de género, violaciones permanentes al derecho a la libertad de expresión y en contra de los periodistas, así como de los defensores de derechos humanos.
El organismo internacional subraya también que están en marcha múltiples proyectos de desarrollo a gran escala y de explotación de recursos naturales, que no tienen un marco jurídico sobre el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y campesinas afectadas, las cuales han visto severamente dañados sus derechos más elementales.
En su parte regional, el informe destaca los ‘‘niveles extremadamente elevados de violencia letal’’ que hay en toda America Latina y el Caribe, donde se ubican 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos –México, Brasil, Colombia y Venezuela– se cometen uno de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial.
En este sentido, AI evidencia que a pesar de que la mayoría de los estados respaldan y han ratificado –como el caso de México– las normas y tratados internacionales de derechos humanos, los derechos prometidos ‘‘siguen siendo papel mojado’’ para millones de personas, lo que ‘‘confirma la tendencia regresiva en materia de derechos humanos de los últimos dos años’’.
En el caso específico de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Amnistía señala que a pesar de que en septiembre pasado se conmemoró el primer aniversario de ‘‘una de las violaciones de derechos humanos más alarmantes cometidas en México en la historia reciente’’, las investigaciones seguían siendo deficientes.
Perseo Quiroz lamentó que frente a esta crisis, el gobierno opte por una reacción dura ante la crítica, con resistencia al escrutinio internacional e incluso descalificando y retando a organismos de derechos humanos.
Esta situación se ha visto confirmada por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación que, como en el caso del arraigo, resolvió en mayo de 2015 que México ‘‘no tiene obligación’’ de cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decisión que da una mala señal para que el país cumpla con el marco legal internacional sobre la materia.
