Agencias.-Juan Gabriel, un joven mexicano residente en España desde hace 9 años, ha sido deportado esta mañana por el procedimiento “exprés”, tras ser detenido el martes por la noche por miembros de la policía municipal de Madrid después de que se pasara un semáforo en rojo cuando conducía su bicicleta y comprobar que tenía orden de expulsión.
cuando la policía municipal comprobó sus datos se dio cuenta de que Juan Gabriel “se encontraba en situación administrativa irregular, así que lo trasladaron a la Brigada Policial de Extranjería situada en el barrio de Aluche y en menos de 78 horas lo llevaron al aeropuerto de Madrid-Barajas, y lo metieron en un vuelo comercial de Iberia con destino a México custodiado por dos policías nacionales sin que nos diera tiempo a impedirlo”.
Ruano asegura que su deportación no debía haberse llevado a cabo. “Es verdad que él tenía una orden de expulsión desde hacía muchos años. Pero ahora tenía pruebas que mostraban su arraigo en España como el hecho de que había encontrado un trabajo en una empresa de mensajería, que tenía novia, que estaba muy integrado en la ciudad y en el barrio de Tetuán en el que vivía y que no se quería volver”, añade.
Además, la vocera de la ONG denuncia el hecho de que al haber sido una deportación exprés y no haber podido pasar por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIES), donde pueden permanecer hasta 60 días en lo que un juez decide, su abogado no tuvo tiempo de presentar la documentación necesaria para demostrar su arraigo y así impedir su expulsión del país.
“Lo detuvieron, lo llevaron a comisaría, de allí al calabozo donde estuvo tres días, y esta mañana lo han metido en un avión y se lo han llevado”, relató. “Sus amigos no han tenido casi tiempo de llevarle sus cosas, su ropa, sus objetos personales de toda una vida viviendo en Madrid. Ha sido terrible”, añade.
En este sentido Ruano denuncia que en estos últimos años el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular, PP) ha multiplicado las deportaciones exprés como método para expulsar a inmigrantes en situación irregular. “Es un método más barato y más rápido por eso lo utilizan más, pero es un proceso falto completamente de garantías constitucionales”, asegura.
