A la presidenta de la Jucopo, Antonia Natividad Díaz Jiménez, la “batean”, llueven los cobros de proveedores
Jazmín GÓMEZ
Fotos: Jairo ARAGÓN
La LXII Legislatura local se ha convertido en un gran negocio para cúpulas partidistas que buscan enriquecerse con el recurso que se destina para necesidades varias que se tienen, para el correcto funcionamiento del Poder Legislativo.
Se habla de desvíos de hasta 600 millones de pesos por parte de quienes han ocupado la presidencia de la Junta de Coordinación Política: Alejandro Avilés Álvarez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Anselmo Ortiz García, Félix Antonio Serrano Toledo y Jesús López Rodríguez del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Fuentes extraoficiales revelaron que desde la llegada de la panista Antonia Natividad Díaz Jiménez, actual presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local, llueven las facturas de proveedores, quienes no quieren saber de ningún trato con legisladores en tanto no se les paguen los adeudos.
Existen fallas, errores e irregularidades que personal contable no sabe cómo subsanarlos de las administraciones tanto del PRI como del PRD, en donde además hubo complicidad por parte de otros legisladores al no denunciar –durante dos años- las irregularidades.
Cada uno de los representantes de las diversas fracciones parlamentarias en la LXII Legislatura del Estado, argumentó -en su momento- cuando eran cuestionados por legisladores un tanto “atrevidos”, que era su tiempo de administrar y que les dejaran hacer las cosas a su manera.
De acuerdo a documentos en poder de Real Politik, tan sólo en 60 pipas de agua se llegaban a invertir hasta 33 mil pesos por parte de quienes administraron la Jucopo, en agua embotellada (mil 500 paquetes) con un costo de 127 mil 500, con el contrato de una empresa fotocopiadora 305 mil 67 pesos; para mobiliario de oficina el gasto en 2014 fue de 151 mil 361 pesos, mientras que en Papelería del Istmo se gastó 461 mil 483.64 pesos y 742 mil 983.09 que se le pagaron a un proveedor de nombre Miguel Ángel.
La misma fuente, reveló que hay facturas de empresas desde los 179 pesos y hasta los 84 mil pesos por conceptos de papelería, mobiliario y otros no dejan de llegar al Congreso local, en donde el presupuesto de este año no alcanzaría para pagar la deuda de 2014 y 2015.
Expresó que el recurso se ha derrochado pidiéndose en exageración insumos que no se ocupaban o se desperdiciaban por parte del personal, pero además se compraron muchas cosas que jamás fueron pagadas y que ahora la nueva administración de la Jucopo tendrá que resolver.
Gimnasio, elefante blanco
En estos dos años, decisiones autoritarias, sin consenso, han llevado también a la ejecución de proyectos como el gimnasio que ocuparía el personal sindicalizado, administrativo, diputadas y diputados del Poder Legislativo.
El gimnasio con una inversión de 727 mil pesos, el cual benefició a un familiar de la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, Elizabeth Acosta, es actualmente un “elefante blanco” al interior del recinto legislativo.
Los equipos que fueron adquiridos están sin usar, los cuales se compraron cuando Alejandro Avilés Álvarez ocupaba la presidencia de la Junta de Coordinación Política y aunque el legislador, Sergio López Sánchez dio a conocer públicamente su desacuerdo, el resto prefirió evitar el tema.
En ediciones anteriores dimos a conocer que la orden para ejecutar el proyecto del gimnasio la dio Alejandro Avilés Álvarez y se hacía presuntamente a petición del sindicato de burócratas. En el proyecto del gimnasio se destinaron 400 mil pesos para la compra de equipo, poco más de 87 mil pesos para el acondicionamiento de baños y 240 mil pesos para la instalación de una cafetería; en donde el contrato para la compra de equipo lo obtuvo Eduardo Canseco Acosta, hijo de la secretaria general del PRI, Elizabeth Acosta.
En entrevistas por separado, con este medio de comunicación, legisladores como Leslie Jiménez Valencia, Manuel Pérez Morales, Jesús López Rodríguez e incluso Antonia Natividad Díaz Jiménez aseguraron no tener acuerdos para definir lo que se hará con los equipos destinados al gimnasio.
Complicidades
Un bloque de 23 legisladores denunció que el desvío de recursos aumentó con la administración de los perredistas Anselmo Ortiz García, Félix Antonio Serrano Toledo y Jesús López Rodríguez, sin embargo, omitieron pedir auditoría para la administración de Alejandro Avilés Álvarez.
Entre los denunciantes estuvieron en ese entonces: Leslie Jiménez Valencia, Gerardo García Henestrosa, Juanita Cruz Cruz, Manuel Pérez Morales, Itaísa López Galván, Santiago García Sandoval y Jefté Méndez Hernández, quienes dijeron desconocer del destino de 600 millones de pesos asignados para el 2015.
Señalaron que debían existir documentos de los pagos de dietas y de sueldos de las y los trabajadores, así como del equipo que se ha comprado con el recurso destinado a la LXII Legislatura local, y pidieron auditoría para las tres últimas administraciones, antes de la llegada de Antonia Natividad Díaz Jiménez.
En entrevista el mismo diputado Jaime Bolaños Cacho, denunció que la LXII Legislatura local podría pasar como de las peores en la historia de Oaxaca, ante la deficiente aprobación de leyes y el manejo discrecional de recursos.
Expresó que la JUCOPO debería ser una instancia reguladora y con la suficiente capacidad en el manejo de los recursos, sin embargo, ninguna de las coordinaciones ha cumplido con un requisito indispensable que es la transparencia de recursos.
Destacó que existe personal en exageración, asesores y personas incluso de las que se desconoce cuál es su función, que no cumplen con horarios establecidos pero que cobran quincenalmente en la nómina del congreso.
Asimismo, puntualizó que en las leyes importantes como la Ley Estatal de Educación, no se hacen los consensos en tiempo y forma, mientras en la Ley Indígena y otras, no hay el interés por sacarlas adelante.
