Agencias.-Con la caída de la noche del viernes 11 de julio, mientras el presidente Enrique Peña Nieto viajaba hacia París, se suscitó un hecho que marcó el sexenio y alentó las versiones del Estado fallido en México: Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el capo mayor en México, también conocido por su proclividad a construir túneles, utilizó uno, expresamente edificado para él, para fugarse del penal federal de alta seguridad de El Altiplano.
Fue la noticia que marcó 2015 y hundió una vez más al gobierno de Peña Nieto en el descrédito y lo sometió de nuevo a la crítica y el escarnio nacional e internacional, por su incapcidad para impedir una segunda fuga de Guzmán. Paradójicamente, exhibió al Presidente. De él se recordaba una entrevista con Univisión, recién recapturado El Chapo, en febrero de 2014.
En ésta, entre otras cosas, dijo: «Es una obligación que tiene el Estado de México, mas creo, frente a lo que ya ocurrió en el pasado, que sería algo verdaderamente más que lamentable, imperdonable, que ahora el Estado y el gobierno no tomen las debidas providencias para asegurar que lo ocurrido hace algunos años se pudiera repetir».
Sin embargo, la segunda fuga solamente provocó la caída de funcionarios menores encargados de la seguridad nacional. Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, renunció. Se consignó a Celina Oseguera Parra, ex coordinadora general de penales federales; Leonor García García, directora jurídica de El Altiplano, y Valentín Cárdenas Lerma, director del reclusorio.
Frente a la evasión de Guzmán Loera, el más sonado éxito que tuvo el gobierno en 2015 en su lucha contra el narco palideció: la aprehensión de Servando González, La Tuta, en febrero pasado. Era uno de los capos más buscados en el país, por el impacto que tenían Los caballeros templarios en Michoacán, entidad desestabilizada por la violencia que generaban.
La fuga de El Chapo sucedió en un año que a los principales frentes heredados de 2014 (la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el escándalo por la Casa Blanca de la esposa del presidente, Angélica Rivera) se les buscó dar una rápida salida. No obstante, ambos sucesos, que sacudieron el gobierno de Peña Nieto en 2014, igualmente impactaron este año.
En los albores de 2015, en febrero, el Presidente comenzó una nueva estrategia para revertir el descrédito que le ocasionó la denuncia del posible conflicto de interés por la casa que adquirió su esposa al Grupo Higa, uno de los principales contratistas durante su administración y en el estado de México, cuando era gobernador.
Designó a Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que fue revivida (al comienzo del gobierno se le había condenado a la desaparición, en aras de crear un nuevo esquema de lucha contra la corrupción) y relanzó el Sistema Nacional Anticorrupción.
Hacia finales de agosto, el objetivo central de la llegada de Andrade a la SFP estaba cumplido: en una conferencia de prensa de casi 4 horas, en la cual la decisión fue duramente cuestionada por la prensa nacional e internacional, el funcionario concluyó que no había conflicto de interés por la compra de la Casa Blanca. Tampoco por la adquisición de un inmueble al mismo grupo por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.
En tanto, el Congreso sólo aprobó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, pero aún queda un largo trayecto de autorización de nuevas normas y reformas para que ese esquema, ofrecido por Peña Nieto, en gran parte como respuesta al caso de la Casa Blanca, pueda concretarse.
Semanas después, en la primera de septiembre, la secuelas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa tomaron un nuevo rumbo. La «verdad histórica» que proclamó el procurador Jesús Murillo Karam en los albores del año (enero), según la cual habrían sido incinerados los normalistas, se derrumbaba con las conclusiones dadas a conocer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que realizó un amplio estudio al respecto.
«No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada, con base en testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula», aseveró el GIEI (el 6 de diciembre), el cual cuestionó además el desempeño de la Procuraduría General de la República en las investigaciones, provocando descalificaciones en algunos sectores y la instrucción presidencial a la dependencia de aceptar las recomendaciones para la investigación.
La secuela de la desaparición de los normalistas marcó de nuevo 2015 en el ámbito de los derechos humanos. Insertó al país en su mayor crisis en una década, según el ómbudsman. Además del caso Ayotzinapa, se corroboró que en la matanza de Tlatlaya el ejército realizó ejecuciones extrajudiciales, según un informe en la Cámara de Diputados.
Dos casos nuevos sacudieron ese renglón en 2015: una emboscada a policías federales en Apatzingán reveló, tras las investigaciones de la CNDH, que nuevamente hubo excesos de las corporaciones policiacas en su operativo, y en Tanhuato (límites entre los estado de Michoacán y Jalisco) fueron reportados 43 presuntos delincuentes muertos, en medio de sospechas de que fueron ejecutados por la Policía Federal.
Este 2015 fue también un año electoral. Se trató de un proceso marcado por el desafío abierto del Partido Verde Ecologista de México a la legislación electoral, en una violación recurrente por una profusa difusión en cine, distribución de kits y entrega de tarjetas platino. El PVEM aparecía en todos lados. Una cauda de mañas electorales que le valieron multas por más de 600 millones de pesos, aunque gran parte de ellas aún se encuentran en litigio y la frustrada petición de miles de ciudadanos de que el Instituto Nacional Electoral le retirara el registro.
El proceso comicial también se caracterizó porque las tres principales fuerzas políticas se estancaron o retrocedieron en su fuerza electoral. Con apenas 29 por ciento, el PRI, partido en el poder, conservó la mayoría en el Congreso por su alianza con el PVEM y la dispersión de la izquierda; el PAN, con 21 por ciento, obtuvo sólo 109 diputados, muy por abajo de las pasadas intermedias, en las cuales logró 143.
Sin embargo, fue el PRD el que registró la mayor crisis. Su 10.87 por ciento de votos le alcanzó apenas para obtener 48 curules, menos de la mitad de los 107 que tuvo en la legislatura pasada, producto, entre otros aspectos, del castigo de sus electores por su adhesión al Pacto por México y haber registrado la mayor escisión de su historia con la creación de Morena.
En el ámbito social, 2015 estuvo marcado por la instrumentación de la reforma educativa, declarada por Peña Nieto como la principal de todas las modificaciones estructurales que ha impulsado durante su gobierno. Aunque avanzó en su instrumentación, varios enclaves de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fueron escenarios en los que se expresó el rechazo a esa reforma: Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca registraron procesos de evaluación bajo un gran despliegue policiaco.
En Oaxaca la sección 22 recibió un duro golpe en julio pasado, cuando en una decisión conjunta entre los gobiernos federal y estatal se decretó la restructuración del Instituto Estatal de Eduación Pública, bajo su control antes de la orden.
En otros hechos que marcaron 2015 destaca, por las formas y tiempos en que se dio, la salida del aire del programa de Carmen Aristegui, primera emisión de noticias de MVS Radio, tras la difusión del reportaje de la Casa Blanca, hacia finales de 2014. En marzo, la conductora fue cesada y a su fallido litigio legal le siguieron los reconocimientos internacionales por su ejercicio periodístico.
