Agencias
México, DF. La expansión de la violencia criminal, de grupos delictivos, y también de las operaciones militares diseñadas para combatirlos, han sido la causa fundamental de un aumento permanente, en los pasados 10 años, del desplazamiento interno de decenas de miles de mexicanos. Seis de cada 100 mexicanos han decidido dejar su estado natal por razones de inseguridad y violencia, según estimaciones oficiales.
Fenómeno muchas veces desapercibido y casi invisible, con una ausencia de leyes, políticas e instituciones para atender a las víctimas de manera integral, este desplazamiento se confunde con mucha frecuencia con las migraciones intraurbanas y rurales-urbanas, lo cual dificulta su identificación. Esta realidad, presente de manera notoria en cuando menos la mitad de los estados, agrava la ya profunda crisis de derechos humanos que vive el país.
Para el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, en el caso de México, este fenómeno aumentó de manera alarmante desde diciembre de 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de las drogas en México, situación que derivó, a su vez, en graves violaciones a los derechos humanos, con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias y creciente violencia entre las propias organizaciones criminales. Es este clima de inseguridad y violencia lo que ha conducido al desplazamiento forzado de personas.
En su informe global 2014, dicho centro, perteneciente al Consejo Noruego de Refugiados, señala que hay evidencias de que tan sólo en los pasados dos años, en 14 de las 32 entidades del país se han registrados 141 eventos de desplazamiento forzado masivo.
Sin embargo, el centro no da cuenta de las cifras del traslado de personas que se da gota a gota, cuando núcleos familiares pequeños, de manera aislada, también se ven obligados a abandonar su comunidad o población de origen a causa de la violencia, señalan diversas organizaciones, entre ellas la Red Todos los Derechos para Todos y Fundar. Éstas han exigido que el tema sea incluido de manera decidida en la agenda nacional de los derechos humanos.
La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población identifica que en los cinco años anteriores 20 entidades ganaron población por efecto de la migración interna, entre las cuales destacan Colima, Querétaro, Baja California Sur y Yucatán, con un registro de entre cuatro y dos por puntos porcentuales. Pero 11 entidades muestran números negativos, es decir, que han perdido población en su territorio, entre los cuales sobresalen la ciudad de México, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua y Michoacán.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), una de las principales organizaciones que han estudiado el tema a profundidad y cuenta con varios estudios multidisciplinarios, advierte que a partir de su trabajo con las víctimas, ha podido constatar que los gobiernos locales no tienen ni la capacidad ni la voluntad política para garantizar y proteger los derechos de este sector de la población. No hay registros o programas enfocados a su reconocimiento o atención.
En su informe Desplazamiento interno inducido por la violencia: una experiencia global, una realidad mexicana, la Cmdpdh señala que este fenómeno ha sido complejo para el país desde hace décadas. En los años 70, los desplazamientos forzados fueron por la intolerancia religiosa, conflictos comunales y disputa de tierras y recursos naturales.
En tanto, en los años 90, estos problemas se combinaron con la creciente inseguridad y conflictos en los que intervinieron el Ejército Mexicano y las policías locales.
Uno de los capítulos más recientes de este desplazamiento forzado de decenas de familias se dio en el llamado Triángulo dorado, donde convergen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, cuando elementos de infantería de Marina y Fuerzas Especiales realizaron labores de rastreo para dar con el paradero del Joaquín El Chapo Guzmán, fugado del penal del Altiplano, en julio pasado.
Pero también se han dado en otras entidades. Natividad Guerrero Sedano, madre de Dalia Cruz, desaparecida el 30 de octubre de 2010, cuando viajaba en una carretera de Zacatecas. Originaria de Ahualulco, Jalisco, hipotecó su casa y negocio para buscar a su hija, hasta que lo perdió todo. Doña Natividad tuvo que abandonar, junto con su nieto, la población donde nació, debido a las amenazas constantes por parte de familiares y personas vinculadas con la desaparición de su hija.
