Agencias.-El Juzgado 1 de Distrito en Sinaloa dictó este miércoles auto de formal prisión contra dos personas relacionadas con la evasión de Joaquín el Chapo Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 Altiplano, ocurrida el pasado 11 de julio.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que se dictaminó esta acción contra Édgar Coronel Aispuro y Héctor Ernesto Carrasco Ruiz. Coronel Aispuro es cuñado del Chapo Guzmán.
Ambos hombres son señalados por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de posición de clorhidrato de cocaína con fines de comercio y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
La PGR precisó que el pasado 27 de octubre se ejerció acción penal contra ambos imputados y al día siguiente se cumplió la orden de aprehensión en su contra, por los delitos señalados.
Coronel Aispuro y Carrasco Ruiz están actualmente recluidos en el penal del Altiplano, que se ubica en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México.
El supervisor de la fuga
Coronel Aispuro está acusado de haber supervisado la construcción del túnel de 1.5 kilómetros por el cual el narcotraficante se fugó del Altiplano y de haberlo acompañado en el vuelo de avión a Sinaloa que partió de la localidad de San Juan del Río, Querétaro.
Además, la PGR recluyó el pasado lunes al empresario mexicano Manuel Trillo, acusado de financiar la fuga del líder del cártel de Sinaloa en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Trillo enfrenta cargos por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y según las investigaciones es operador financiero del cártel de Sinaloa y «se presume que fue quien financió la evasión» de Guzmán.
Hasta ahora las autoridades mexicanas han detenido a más de una treintena de personas que presuntamente colaboraron en la segunda fuga de Guzmán de una penal de máxima seguridad después de la que protagonizó en 2001.
En octubre pasado, la fiscal general, Arely Gómez, precisó que había 34 personas consignadas (acusadas y puestas a disposición de un juez) por la fuga, entre funcionarios del penal y miembros de la organización criminal que ayudaron desde el exterior.
