Olga Sánchez Cordero eligió como sus representantes en Oaxaca a dos cartas marcadas por corrupción, violación a derechos humanos e ineficacia; aunque la presión mediática impidió que Heliodoro Díaz Escárraga tomará el cargo de delegado de Gobernación, su sustituto, Jesús Romero López, es un personaje sin experiencia en la administración pública, plegado a las órdenes del concesionario del PT, Benjamín Robles Montoya
Alonso PÉREZ AVENDAÑO
Un “represor” y un opositor de papel. El Gobierno de la Cuarta Transformación de la mano de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha decidido mantener viva la tradición política de personajes cuestionados por encubrir actos de represión, violaciones a derechos humanos y desfalcos multimillonarios. Primero fue el priista Heliodoro Díaz Escárraga, señalado por encubrir ejecuciones extrajudiciales durante el estallido social de 2006, y después Jesús Romero López, un “crítico”, “opositor” que en su papel de líder de la Cámara de Diputados local obstaculizó en 2018 el juicio político en contra del exgobernador Gabino Cué Monteagudo, acusado por desvíos multimillonarios de recursos.
Díaz Escárraga fue la primera carta elegida por Sánchez Cordero para ser el representante de Gobernación en Oaxaca. La mañana del 29 de abril trascendió este nombramiento, que duró menos de un día. De inmediato la trayectoria del priista jugó en su contra y los cuestionamientos al gobierno federal se fortalecieron.
La primera reacción fue de la Sección 22 de la CNTE, que de inmediato rechazó la designación. “La Sección 22 exige al Gobierno de la Cuarta Transformación castigo para Heliodoro Díaz Escárraga y demás funcionarios involucrados en los hechos de 2006 así como justicia para los caídos, torturados y heridos durante ese periodo en Oaxaca”, señaló un comunicado en el magisterio.
Los reclamos tuvieron diversos ecos. La diputada local por Morena, Delfina Guzmán, calificó la designación como “una afrenta para el pueblo de Oaxaca”. También en conjunto, la LXIV Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la titular de Gobernación a reconsiderar la designación del priista como delegado en Oaxaca. Este personaje, se lee en el punto de acuerdo aprobado, “debe ser juzgado por la represión gubernamental al movimiento social de Oaxaca mediante violaciones graves a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.
La presión fue suficiente para que Díaz Escárraga retrocediera y rechazara asumir el cargo como delegado federal en Oaxaca. En su lugar, de inmediato, se apuntó el nombre de un aparente aliado de la Cuarta Transformación, Jesús Romero López, igualmente marcado por vínculos de corrupción con el gobernador Ulises Ruiz y por el encubrimiento que hizo del gobernador Gabino Cué, a quien como presidente de la Mesa Directiva del Congreso salvó de ser juzgado políticamente.
CRÍTICO “DE PAPEL”
–¿Quién habla?
–Jesús Romero, de Oaxaca. ¡Charvelín!
–¡Quiubo, hijo de puta!, ¿cómo estás?
Con estas tres líneas inicia el diálogo que el hoy delegado de la Secretaría de Gobernación, Jesús Romero López, sostuvo en el contexto de las elecciones a gobernador de 2016 con el exgobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz. El audio que fue filtrado a través de Youtube el 12 de enero de 2016, exhibe a Ruiz recordando a Romero López las cantidades de dinero que le entregó cuando era mandatario. Ruiz invita a Romero a Cancún, le ofrece enviarle un avión. Romero López fue acusado de servir como operador político del entonces senador Benjamín Robles para evitar que se concretara una coalición entre PAN-PRD y PT para contender contra el entonces candidato Alejandro Murat Hinojosa. Al final, Robles Montoya tomó la sucursal del Partido del Trabajo en Oaxaca para utilizarla como patrimonio familiar. A través de ese partido para las elecciones federales de 2018 hizo candidata a su esposa, Maribel Martínez Ruiz, quien llegó a una curul en San Lázaro sin experiencia política ni en la administración pública.
CONDONACIÓN DE JUICIO POLÍTICO
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tiene como bandera principal la lucha contra la corrupción, Romero López se presenta como delegado de Gobernación con un largo historial de colusión y encubrimiento.
Su trayectoria política se ha desempeñado únicamente como diputado local en dos ocasiones, de 2007 a 2010 y de 2016 a 2018. En este segundo periodo, en el que fungió como presidente de la Mesa Directiva, aunque en su discurso se imponían fuertes sentencias contra el desfalco multimillonario que orquestó el gobernador Gabino Cué Monteagudo, de las palabras jamás pasó. Al contrario, aunque debía impulsar el juicio político contra el exgobernador, fue uno de los principales artífices de que el proceso quedara en la congeladora.
Incluso la presidenta de la Comisión Instructora, María de Jesús Melgar, señaló que sería una disposición del presidente de la Mesa Directiva, Romero López, el concretar ese proceso. “Va a haber juicio político, si el presidente de la Mesa Directiva no dice lo contrario vamos a llegar al Gran Jurado”, señaló entonces la legisladora.
En una de las sesiones de cierre de la LXIII Legislatura, encabezada por Romero López, optó por la simulación. Aunque el Congreso del Estado denunció el “saqueo” que cometió Cué Monteagudo en 2014, 2015 y 2016 y rechazó aprobar las cuentas públicas de esos años, en los que la Auditoría Superior del Estado detectó más de 157 millones de pesos cuyo uso no fue solventado; mantuvo en el limbo el proceso de juicio político.
Más que una sentencia del Gran Jurado, la sesión fue de pronunciamientos, sin números, sin explicar cuáles serían las consecuencias de que se votara en contra de la cuenta pública. Los diputados cambiaron el juicio político por una breve sesión de reclamos, de entre ellos el más extenso fue el del experredista, expetista, morenista y de nuevo petista Jesús Romero López.
“No ha existido en la historia política de este estado un rechazo, una disposición del pleno, que determine el señalamiento político técnico a los anteriores ejecutivos del estado, no ha existido en la historia política de Oaxaca la sanción moral, política, de los legisladores al ejercicio de los recursos públicos a quienes detentaron el poder”.
Después, en los nombramientos que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero López fue marginado; alejado de la lucha por las posiciones de Morena, se atrincheró como operador político de Benjamín Robles Montoya, diputado federal por el PT.
Además de la designación como delegado de Gobernación, Romero López carece de experiencia en administración pública. Ocupó diversos cargos en el comité estatal del PRD, entre ellos el de secretario general y el de secretario de asuntos agrarios.
ESCÁNDALOS E INEFICACIA
La de Heliodoro Díaz Escárraga es una carrera de relevos fracasados. En dos de las crisis sociales más graves que ha enfrentado el estado en las últimas décadas, el priista ha sido llamado al remplazo de diversos funcionarios con resultados cuestionables.
En 2006, tras la destitución de Jorge Franco Vargas como secretario General de Gobierno el 10 de julio de ese año, Ulises Ruiz nombró a Díaz Escárraga como encargado de conducir las negociaciones con la Sección 22 de la CNTE. Las negociaciones fracasaron y estalló con más fuerza la revuelta social.
Bajo el encargo de Díaz Escárraga, como principal alfil de Ruiz Ortiz, en el estado y, principalmente, en la ciudad capital se mantuvo una “situación de conflicto sin condiciones necesarias y suficientes para la vigencia y observancia de los derechos fundamentales», como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos en diciembre de 2006.
Los escándalos de corrupción siguieron su carrera. Ya bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, con Alejandro Murat como director del Infonavit, Díaz Escárraga fungía como delegado para la zona sur de la dependencia, cargo al que debió renunciar luego de que se revelara el obsequio de un auto Porsche a su hijo, que fungía entonces como subdirector jurídico de Liconsa, dirigida entonces por otro oaxaqueño, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva.
Díaz Escárraga regresó al gobierno estatal como relevo a la coordinación de Protección Civil en plena crisis tras los sismos en Oaxaca del 7 de septiembre de 2017. Las críticas en contra del gobierno de Oaxaca tanto de damnificados como de organizaciones nacionales e internacionales por las omisiones cometidas en el proceso de contingencia y reconstrucción fueron múltiples. Protección Civil destacó por los problemas que existían por el pago a la empresa de mantenimiento del sistema de alarmas sísmicas, así como por la falta de equipo y personal para atender una catástrofe como la ocurrida. En el gobierno estatal Días Escárraga había pretendido asumir nuevamente el cargo de secretario General de Gobierno, sin embargo, el nombramiento nunca se concretó.
