En opinión de algunos oaxaqueños, el 2015 inició con buenas expectativas. La visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto, casi a escondidas de las hordas magisteriales, justo cuando los mentores estaban aún padeciendo la resaca de fin de año, augura para la región del Istmo de Tehuantepec, una nueva etapa en su desarrollo. Una inversión millonaria para generar empleos; para alentar el crecimiento económico; para animar viejos anhelos. Sin embargo, no bien había anunciado el proyecto del gasoducto y la inversión en el Astillero de la Secretaría de Marina, cuando ya brincaron las primeras protestas. Nadie medianamente informado deplora de la protesta cuando ésta es justa. Todos tenemos derecho a defender lo nuestro. Pero encerrarse en posturas soterradas y necias, como es el caso de aquellos grupos que manejan a las comunidades en una supuesta defensa del territorio, para desalentar la inversión en energía eólica por ejemplo, bajo la premisa de que afectará la tierra, la pesca o el medio ambiente, es algo absurdo. No tardan en que empiecen aflorar las inconformidades por donde pase el ya citado gasoducto Jaltipan-Salina Cruz.
Si cada uno defendiera su territorio, su espacio vital o como le llaman algunos, su hinterland, en este país no habría carreteras, ni autopistas, ni proyectos hidráulicos, ni pasarían los ductos de PEMEX, entre otros. En la perspectiva de quienes manipulan a las comunidades, sobre todo indígenas, el bien común de todo un país o un estado, debe subordinarse a los intereses particulares de ciertas comunidades y quienes las manejan para tranzar. El costo de la carretera al Istmo y la que conduce a la Costa, que se presume, serán concluidas este año o el otro, se han elevado exponencialmente, pues el derecho de vía resulta más oneroso que la misma obra. Hay quienes ven en el paso de una obra por su propiedad, como una manera de salir de la medianía o la pobreza. Lo ven como negocio. No atisban a ver el beneficio colectivo. Éste hay que verlo como atributo de mercenario o bajo el rasero de la conveniencia.
Ahí están los proyectos mineros que son abortados porque hay que estar sentados en la veta de oro, pero que no se explote. Uno y mil argumentos. Oaxaca requiere y urge de inversiones que por supuesto, reporten un beneficio a las comunidades, pero no a los grupos que las manipulan. El ejemplo de Mareña Renovables, la empresa de energía eólica que se ha retirado presuntamente con sus 15 mil millones de pesos, es una mala lectura. Si la defensa de la tierra implica que siempre estemos igual, en el rezago, en la miseria, en la pobreza extrema, teniendo riquezas que explotar, sin duda alguna que es la ignorancia y la manipulación lo que priva, no el derecho a defender lo que se presume es nuestro. Uno de los casos más emblemáticos es además, la explotación de la riqueza minera en San José del Progreso, Ocotlán, en donde maestros, rescoldos de la tristemente célebre Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) y hasta sacerdotes, han incubado no sólo la inconformidad sino la violencia exacerbada.
He ahí el porqué cada vez es mayor la insistencia para que el gobierno de Gabino Cué aplique la ley. De seguir dejando cabos sueltos para que grupos y organizaciones sociales como la beligerante Asamblea Popular del Pueblo de Juchitán (APPJ) o la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo o los remantes de la Coalición Obrero Campesino Estudiantil del Istmo (COCEI) u otras, continúen manejando a las comunidades en una supuesta defensa de su territorio, todo proyecto de inversión, de desarrollo y generación de empleos estará destinado al fracaso.
