Agencias.-La justicia brasileña condenó este martes al empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el multimillonario fraude a la estatal Petrobras.
El empresario de 47 años está en prisión desde hace casi nueve meses y presidió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su apellido, además de ser uno de los más encumbrados hombres de negocios involucrados en el escándalo que desvió más de 2,000 millones de dólares de la petrolera.
«El Grupo Odebrecht y la empresa, por él controlada, Constructora Norberto Odebrecht, juntamente con otras grandes contratistas brasileñas, habrían formado un cartel a través del cual, en arreglos previos, habrían frustrado sistemáticamente las licitaciones de Petrobras para la contratación de grande obras a partir del año 2006», señaló la sentencia del juez Sergio Moro, que tramita la causa, y que fue distribuida a la prensa.
Odebrecht es un conglomerado empresarial de ingeniería e infraestructura con presencia en 23 países, y hasta antes del escándalo facturaba anualmente decenas de miles de millones de dólares.
La trama revelada por la «Operación Lava Jato» (lavadero de autos) echó luz sobre un esquema en el que grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las subastas y cobrar sobreprecios por las obras.
Según la investigación, los excedentes eran luego distribuidos entre los involucrados y distintas fuerzas políticas, predominantemente el gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y sus aliados.
Por esta causa fueron detenidos directivos de grandes constructoras como Camargo Correa o Andrade Gutierrez, el exjefe de gabinete del gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) Jose Dirceu, el extesorero del PT Joao Vaccari, y hay decenas de legisladores con cargos vigentes en la mira de la justicia.
La semana pasada, la policía llevó a declarar forzadamente a Lula, en una operación que recalentó el clima político en Brasil, país hundido en una recesión y cuya presidenta Dilma Rousseff cuenta con apenas 11% de popularidad.
Rousseff enfrenta dos procesos que podrían poner fin anticipadamente a su mandato, previsto hasta el 1 de enero de 2018, y que son impulsados por una oposición en guerra abierta contra su gobierno.
